El nueve de enero de 2008, el gobernador de Jalisco, Emilio González Márquez, no tuvo más remedio que reconocer que el procurador general de Justicia del estado, Tomás Coronado Olmos, estuvo en una orgía con menores de edad, y donde, según se denuncio penalmente, una de las niñas fue, presuntamente, violada por el funcionario de alumbrado público del ayuntamiento de Guadalajara, Martín Aguirre Aguirre, hoy prófugo.
Cualquier responsable político con un mínimo de hombría se sentiría horrorizado de que, presuntamente, un adulto de su confianza, en vez de gozar del sexo consentido con adultos, imponga su sexualidad a los menores, y, por supuesto, cualquier hombre de bien estaría dispuesto a facilitar la investigación, orgulloso del coraje ciudadano de la madre y la menor que denunciaron el atropello. El gobernador de Jalisco, Emilio González Marquez, tiene otras prioridades:
“Lo que hay detrás de esto es gente interesada en que el tema crezca”, -se refería a las denunciantes- y puso en duda que las personas que estuvieran en la fiesta donde ocurrió la presunta violación se enteraran, y mucho menos su procurador de Justicia (¡!) y no cree que las menores que participaron en esas reuniones fueran “ostensiblemente presentadas como menores (…) No sabemos si se enteró (de la violación) porque la respuesta que él da es que no se enteró". Y también dijo: “Podría ser que en este mismo espacio ahora estuviese ocurriendo algún ilícito sin que nosotros nos enteremos, y no nos hace cómplices ni responsables si en estos alrededores se comete algún ilícito por el hecho de estar aquí y no enterarnos. Esa es la pregunta: ¿participó? La respuesta de todo mundo es: no, no participó” (1)
Y no han flaqueado los cimientos de su fe en la inocencia del supuesto menorero Coronado Olmos, aunque el fiscal de la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE), Marco Antonio Chávez Villegas, interpusiera una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco por ser golpeado y retenido por escoltas del subprocurador estatal, Jorge David Delgadillo Báez, después de admitir a trámite la denuncia de la madre de la adolescente de 16 años violada, señalando que el procurador de Justicia Coronado Olmos había acudido a esa fiesta, celebrada en una granja en las afueras de Guadalajara. Y tampoco cuando la siguiente denuncia ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ) fuese la del entonces subprocurador, Víctor Manuel Landeros Arvizu, después de haber recibido amenazas del procurador de Justicia, y, a pesar de que “tiene un temor muy grande por su seguridad y la de su familia", presentó la denuncia contra Coronado Olmos y confirmó que estuvo en la orgía.
En respuesta, la PGJE presentó una querella contra Landeros Arvizu, a quien acusó de falsear información y obtuvo una orden de aprehensión en su contra.
Es tanta su fe en la inocencia de los presuntos pederastas, que el Gobierno del estado de Jalisco - violando las medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para la señora Arellano y sus dos hijas- , les ha pedido, incluso en televisión, que retiren la denuncia que hicieron en contra de Martín Aguirre Aguirre, prófugo de la Justicia en la actualidad, presunto organizador de fiestas sexuales con menores, presunto violador de su hija, en las que presuntamente participaba el procurador del estado Tomás Coronado Olmos.
Aunque los defensores de que haya una investigación y se depuren responsabilidades penales, hagan acusaciones por hostigamiento y amenazas contra quienes han insistido en la presencia del procurador en esa orgía, el Gobernador de Jalisco ha hecho piña con los acusados, que al fin y al cabo son sus cuates desde que era alcalde de Guadalajara, cuando Tomás Coronado Olmos fungía como secretario general del Ayuntamiento, y Martín Aguirre Aguirre, el organizador de la orgía y presunto violador era abogado de la Secretaría General. Siempre ha habido clases.
Por eso se ha estancado la investigación, como cualquiera que a lo largo de los años, en México, se haga contra las redes pederastas que surten de carne fresca a políticos, mangantes, y empresario cercanos al poder, como denuncian la organización no gubernamental Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad) y la ex fiscal mexicana y asesora del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) Alicia Elena Pérez Duarte.
Mientras, las agraviadas no han querido ponerse bajo la tutela de la procuraduría estatal, temiendo, con muy buen criterio, que los responsables pudieran poner en peligro su integridad y su vida.
Una vez más, son las mujeres las que plantan cara, exigen que se haga justicia y se enfrentan a los sicarios, a los políticos en el poder, a los eclesiásticos corruptos, y a su atroz injusticia, sin dejarse amedrentar: como Isabel Miranda Wallace, Rosario Ibarra de Piedra, Lydia Cacho, Alicia Elena Pérez Duarte, las madres de Ciudad Juárez, Sanjuana Martínez, Diana Washington Valdez y tantas otras, como si apenas hubiera varones en México o la mayoría hubiera sufrido una merma radical, y ya sólo fueran capaces de mostrar su valor para quedarse impasibles mientras los poderosos violan y martirizan mujeres y niños, y secuestran, encarcelan o asesinan a los mejores.
Da ganas de preguntar, como Rafael Alberti encarándose a los españoles: "¿Pero dónde los hombres?"

Gatopardo

Más información:
*La Jornada de Jalisco. (19-setiembre 2007) "Una grabación revela actos de corrupción del titular de justicia"
*La Jornada de Jalisco (9 diciembre 2007) Analiza la PGJE si la denuncia por violación a una menor fue alterada para implicar a Coronado
* www.cimacnoticias.com (21 abril 2008) Gobierno presiona a Araceli Arellano y viola medidas cautelares ordenadas por CIDH
* El Universal 5 mayo 2008 Protege a delincuentes. Su procurador es investigado por pedofilia
*La Jornada (8 Mayo 2008) El gobernador de Jalisco enfrentaría juicio político por peculado
(1) "Hay otros por quienes el gobernador aboga a ultranza, al menos en el discurso. Jorge Luis Vizcarra Mayorga, ex presidente municipal de Tonalá, es prófugo de la justicia, acusado de homicidio calificado, homicidio calificado en grado de tentativa, delincuencia organizada y abuso de autoridad.
El mandatario conocía las acusaciones, y advertía que Vizcarra seguiría en su cargo.
El 1 de enero de 2007, Jorge Vizcarra iniciaba como alcalde de Tonalá. Burócrata, empleado de Abraham González Uyeda, subsecretario de Gobernación, y en el sexenio de Francisco Ramírez Acuña fue secretario de Administración.
Los hechos: el 8 de febrero de 2007, casi muere a golpes el síndico tonalteca Leonel Andrade Padilla. Y el 24 de abril es ejecutado afuera de su casa el director de Mejoramiento Urbano de este municipio, Carlos Romo Guízar. La Procuraduría descubre así una red de tráfico de drogas, con vehículos del ayuntamiento.
Los autores intelectuales que mandaron ejecutar a los dos funcionarios, eran: Ricardo Sigala Orozco, hasta hace cinco meses secretario general de ese municipio, detenido, y Jorge Luis Vizcarra, prófugo."