Las garantías constitucionales que impidieron en su día que la policía y la Guardia Civil actuaran en los interrogatorios mediante torturas, sin límite de tiempo, privando al detenido de los más elementales derechos humanos, no obtuvo una buena acogida entre los funcionarios acostumbrados a extraer confesiones a golpes. Exigirles un trabajo de investigación que les permita obtener pruebas que no sean meramente circunstanciales pudiendo obtener una confesión a guantazos les pareció una ofensa y una arbitrariedad. Y decidieron sabotear la democracia.
Hemos tenido ocasión de observar la irreprimible alegría con la que notifican a los propietarios de inmuebles y comercios robados, a los ciudadanos víctimas de agresiones, que no vale la pena poner denuncia porque ellos pueden detener a los sospechosos identificados por las víctimas, pero en el Juzgado los dejarán libres inmediatamente y tomarán represalias contra quien los denunció: lo cierto es que las huellas dactilares sembradas en el marco por donde han accedido los ladrones, la sangre que salpicó el cristal roto, los números de serie que identifican los electrodomésticos y el material informático robado no serán objeto de atención, análisis y estudio por parte de los investigadores salvo en las películas, porque de lo que se trata es de crear la sensación de que estamos indefensos, de que la Ley ofrece más garantías y derechos a los delincuentes que a las víctimas, y al cabo de los años tenemos una ciudadanía que cree que este sistema de garantías procesales deja campar libremente a los criminales por culpa de unos jueces absolutamente venales, en una democracia que no vela por nuestra seguridad.
El siguiente paso lógico de los ciudadanos bienpensantes es reivindicar los derechos ilimitados para los policías y no para los detenidos.
Y sin embargo el porcentaje de población reclusa ha superado con creces la de los peores tiempos de la dictadura; y bajo custodia del Estado español en comisarías, cárceles y otras dependencias del Estado hay 261 muertes no naturales de 2001 a 2004, según el Informe de 19 de abril de 2005
Las violaciones a mujeres emigrantes en los centros de detención , los malos tratos y vejaciones a las personas más desfavorecidos de nuestra sociedad ni siquiera se investigan, a pesar de las denuncias del relator de las Naciones Unidas contra la tortura y de Amnistía Internacional. Por eso no nos puede extrañar que las denuncias anteriores contra los funcionarios de la Benemérita de Roquetas de Mar por palizas y amenazas de muerte no siguieran su curso, y ha tenido que ser el empeño de la familia para que se le practicara la autopsia a un “fallecido por ataque cardiaco” en el Cuartel de la Guardia Civil, adonde había acudido pidiendo protección para denunciar amenazas de muerte, la que descubriera que fue atacado tan contundentemente por nueve guardias civiles que los forenses han encontrado cuatro causas de muerte simultáneas: rotura del esternón, aplastamiento de traquea por estrangulamiento, lesiones que provocaron fallo multiorgánico... Durante cuarenta minutos, estando en el suelo esposado de pies y manos, nueve aguerridos guardias civiles se ensañaron a patadas, golpes con porras extensibles capaces de causar las múltiples fracturas que se le produjeron, una porra eléctrica, diseñada para que con una descarga se pueda dejar sin sentido a un adulto sano, y un spray paralizante: los testigos fueron numerosos, y como es normal en un país como el nuestro donde no existe una cultura democrática se limitaron a mirar y pensar que qué bestias, lo van a matar.
Los implicados tardaron tres horas en idear la explicación más absurda posible porque no creyeron que se investigaría: había tenido un "ataque cardiaco". Cuando se les interrogó con todos los miramientos, dijeron que no hubo malos tratos, sólo intentaban esposarlo de pies y manos porque estaba con una crísis nerviosa y temían que se lesionara a sí mísmo o lesionara a los agentes...
Los ciudadanos bienpensantes que opinan que hay demasiadas contemplaciones con los delincuentes sería bueno que pensaran que les puede tocar a ellos unos cuantos energúmenos de esa calaña y con esa sensación de impunidad.
Y lo peor de todo, que sepan que ni sus gritos pidiendo socorro ni los estertores de la muerte lograrán que nadie los auxilie, porque somos un pueblo acostumbrado a secundar con nuestro silencio los desmanes de la autoridad.
¿Se acuerdan del Caso Almería?