Si al Gobierno Aznar se le hubiera ocurrido esto del Consejo Estatal de los Medios Audiovisuales, a estas horas echarían humo las rotativas, la sociedad civil se habría movilizado, las calles hervirían de manifestantes, las bitácoras habríamos agotado las comparaciones con Goebbels y ya lo habríamos rebautizado como el Mengele, el Idi Amin Dada, de la libertad de expresión.
El Gobierno nos está preparando un Consejo Estatal de los Medios Audiovisuales que tendrá «potestad sancionadora» porque sin «la necesaria capacidad de coerción no puede actuar con la eficacia requerida». Actuará cuando considere que una emisora no dice la verdad, no cumple su labor de servicio público, o si sus contenidos no son los apropiados.
Este organismo tendrá facultades de sanción sobre las radios y las televisiones, y es al que se consultará preceptivamente el otorgamiento de las licencias a los operadores; tendrá también «cierta capacidad normativa que ejercerá a través de circulares de desarrollo de leyes y reglamentos», ha de «velar por los contenidos» y por el pluralismo, e «impondrá en su caso las correspondientes sanciones»; y «supervisará, en fin, el cumplimiento de la misión de servicio público por parte del operador público». El artículo 3, en su apartado h, confiere al organismo «potestades de control, inspección y sanción» y lo hace de una manera expresa para el cumplimiento de sus fines.
En los artículos 2 y 3 del texto, en los que el Gobierno al Consejo Estatal amplias funciones, entre las que se establece que dicho organismo pueda «dictar resoluciones vinculantes» con la posibilidad de «adoptar motivadamente las medidas cautelares que estime oportunas» para asegurar el cumplimiento de sus laudos y resoluciones.
El anteproyecto legitima al Consejo para «ejercer acciones judiciales y, específicamente, la acción y cesación y rectificación en materia de contenidos audiovisuales». Sus resoluciones pondrán fin a la vía administrativa, y contra ellas los interesados podrán acudir a los tribunales contencioso-administrativos.
Y ahora que me acuerdo, en sentencia firme, el Tribunal Supremo instó al Gobierno para que deshiciera la operación de concentración entre Antena 3 de Radio y la Cadena SER en 1993, ya que mutiló, según el alto Tribunal, la libertad y la pluralidad informativa... Antena3 era líder de audiencia y el Grupo PRISA la compró para cerrarla, y sumar sus emisores a la SER, y trece años después, los interesados que pudieron acudir a los tribunales contencioso-administrativos siguen esperando que se ejecute la sentencia. El Gobierno, en vez de actuar diligentemente para cumplir con la Ley, prepara una con la que nos vamos a enterar algunos listos, que vamos de bocazas.
La justicia en nuestro país no es un cachondeo, es de caracter gaséoso y volatil, y se adapta al envase y a la utilidad última con parsmonia.
El Consejo Estatal de los Medios Audiovisuales estará compuesto por un presidente y seis consejeros, uno de los cuales será elegido como vicepresidente. Tanto el presidente como los consejeros serán nombrados por el Gobierno mediante real decreto a propuesta del Congreso de los Diputados, aprobada por la mayoría de dos tercios. El texto prevé que los consejeros «serán elegidos entre personas de reconocido prestigio y competencia profesional».
Es decir, que todo éso lo decidirán siete pesebreros, designados a dedo por el Gobierno, y con dos tercios del parlamento. Y, a partir de ese momento, estos ciudadanos sabrán lo que es la verdad, qué es útil como servicio público y qué es lo apropiado en un programa de radio y de televisión. ¡Áteme usted esa mosca por el rabo! Lo que los filósofos en miles de libros no han conseguido averiguar para llegar a un acuerdo, unos cuantos estómagos agradecidos lo sabrán y actuarán sin titubeos.
Afortunadamente, esto se le ocurrió al Gobierno de Rodríguez Zapatero y aquí no pasa nada: los insurrectos de izquierdas somos obedientes y leales defensores de los desmanes de los nuestros. Aquí, para callar a los periodistas y a los intelectuales no es necesario llegar a los extremos que llega Fidel Castro: aquí se reparten comisiones de servicio con un sueldo bastante por encima de los meritos, y todos tan contentos, porque esto es una Democracia.
Y a los que nos da vergüenza ajena y consideramos que esto es lisa y llanamente una Ley-mordaza, una Ley que instituye la censura, independientemente de quien la patrocine, siempre se nos puede tachar de "resentidos" o "fascistas".

Un abrazo entrañable para quienes sacudieron mi modorra y me sirvieron de ejemplo: a ardibeltza que resumió lo que pienso en "Bienvenida, Censura, te echaba de menos"; y para Melytta de La mirada del Cíclope que se hizo eco en "Desde un portátil...por la libertad de expresión":
libertad de expresión para todos, incluidos los adversarios, los opositores, los críticos, porque su silencio significaría la impunidad de los liberticidas.

Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.
Bajo el Gobierno de Rodríguez Zapatero habrá que hacer una salvedad y añadirle: "...si el Consejo Audiovisual lo permite y Polanco no lo impide."

(Tema: España)