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COSECHA DE MUJERES. SAFARI EN EL DESIERTO MEXICANO.

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Fragmento del libro de Diana Washington Valdez: "Cosecha de mujeres"

EL FBI
La oficina del FBI en El Paso ha apoyado al gobierno en importantes investigaciones referentes a, por lo menos, tres categorías de crímenes masivos y desapariciones. En el primer caso, dio sustento a los únicos cargos por homicidio formulados contra el líder del cartel de los Carrillo Fuentes, Vicente Carrillo Fuentes, quien fue acusado de ordenar numerosas ejecuciones y detenciones en la década de los noventa. El FBI también aportó a México información sobre la participación del ejército en la guerra sucia, lo que ocasionó que varios generales del ejército fueran sometidos a juicio por su papel en esa oscura época. Asimismo, el FBI entregó pistas sobre los crímenes contra mujeres. Es muy sospechoso que ni las autoridades federales o estatales hayan actuado con base en estas pistas, además de mostrarse reacias a la directa participación del FBI en las investigaciones de los homicidios de mujeres. Sin duda, las semillas plantadas en México que dieron lugar a los feminicidios no fueron sembradas en los años noventa; fueron cultivadas décadas atrás durante la violenta represión gubernamental en contra de movimientos sociales y políticos.

Operación Plaza Sweep
Residentes en Estados Unidos pudieron observar dentro del cartel a través de la Operación Plaza Sweep (Limpieza de Plaza), efectuada por el FBI en 1999. Esta investigación binacional, sin precedente, trazo nuevas rutas en esta materia. David Alba, en ese tiempo agente especial a cargo de la agencia federal estadunidense en El paso entabló comunicación con altos funcionarios federales de México después de recibir información creíble, procedente de testigos que aseguraban que el cartel había sepultado los cadáveres de hombres y mujeres desaparecidas en varios inmuebles de su propiedad en Juárez. La mayoría de la gente recuerda estos operativos a raíz de que los primeros reportes señalaban que quizá más de cien cuerpos podrían ser exhumados en esos sitios. El FBI tenía especial interés en el destino de ciudadanos de Estados Unidos que fueron vistos por última vez en Ciudad Juárez antes de desaparecer. Como resultado de este esfuerzo, fueron recuperados los restos de cuatro paseños.

Informante clave
El FBI aseguró contar con un informante que aportó datos precisos sobre la ubicación de las tumbas clandestinas. Al principio, éste acudió ante la DEA en El Paso, "pero se le tomó a burla", según un alto oficial. Pero este sujeto, decidido a relatar su historia, se encaminó a la oficina del FBI. Aun cuando los investigadores del FBI se mostraron escépticos, éste insistió hasta que se le escuchó y pudo entablar comunicación con el agente federal del FBI Héctor CamariIlo, quien era residente experto en el cartel del narcotráfico y se percató de que realmente la historia de esta persona revestía credibilidad, así que consultó con sus superiores. Por lo menos treinta ciudadanos de Estados Unidos, incluyendo a Saúl Sánchez Jr. y su esposa Abigail Sánchez, continuaban desaparecidos en Juárez. (Casi nueve años después, una fuente de la PGR relató que elementos de la propia procuraduría y algunos sicarios, estuvieron involucrados en el secuestro de los Sánchez.) Los colaboradores de Alba, sin embargo, se enfrentaron a cierta resistencia por parte de la oficina de enlace del FBI en la embajada de Estados Unidos en el Distrito Federal. Alba requería tener la total certeza del interés del gobierno federal en llevar en conjunto este caso. Las opiniones estaban divididas dentro del FBI en El Paso, en el sentido de la conveniencia de proceder a una investigación en la frontera. Alba se quedó aún más desconcertado cuando Edmundo Guevara, un oficial del FBI asignado a la embajada de Estados Unidos en México, dio a entender al FBI de El Paso que sus homólogos mexicanos no tenían ningún interés en ese operativo. Tiempo después, Guevara sustituyó a Alba como jefe de la oficina en El Paso.
Alba resolvió no perder más tiempo por las vías diplomáticas y se dirigió al procurador, Jorge Madrazo. El caso traía complicaciones innegables, incluyendo la posibilidad de que agentes federales de Estados Unidos tuvieran que colaborar conjuntamente con policías que pudieran tener algunos compromisos con los cárteles. Alba se entrevistó con Madrazo, quien después de verificar los informes, aceptó participar. Madrazo pretendía iniciar los operativos en septiembre de 1999, pero el FBI argumentó que requería más tiempo para coordinar la logística en estos operativos. El FBI, quien recibió luz verde desde su cuartel general en Washington, convocó a numerosos agentes y expertos forenses para colaborar en estas acciones. Alba designó a Frank Evans, su asistente especial, para encabezar los operativos. Evans estaba preparado para este tipo de trabajo debido a su experiencia en estas investigaciones. También había investigado a la mafia italiana en Estados Unidos. "No podíamos trabajar con la policía local de Juárez debido al omertá [pacto de silencio] que guardaban", dijo Evans. "Por eso nos fuimos con la gente de confianza de Madrazo."
Para los operativos de campo, el FBI montó un anfiteatro temporal en El Paso, e instaló un sistema de comunicación por satélite, para que los altos funcionarios pudieran observar el curso de las excavaciones desde sus oficinas. (El ejército estadounidense empleó el mismo sistema de comunicaciones que utilizara durante la guerra contra Iraq en 2003.) México, por su parte, tuvo la encomienda de proveer seguridad extraordinaria al personal del FBI que trabajaría en Juárez. Madrazo desplegó a cientos de soldados y agentes federales, enviados desde la ciudad de México, para resguardar esta investigación sin precedentes.
Justo al ser lanzado este operativo, mi encomienda para el periódico de El Paso consistió en reportar las actividades del rancho en el sur de Juárez conocido como Rancho de la Campana, donde habían desenterrado cinco cuerpos. El primer día de nuestra cobertura, escribí cinco historias para el periódico y aparecí en el programa Nightline de Ted Koppel, de la cadena de televisión ABC, programa diseñado para responder a las preguntas sobre las desapariciones en Juárez. Para los estadunidenses que no viven en la frontera, era difícil imaginar cómo, literalmente, cientos de personas podían desaparecer sin dejar huella. Yo dije en Nightline que según nuestra información el modus operandi era el mismo en la mayoría de los casos: grupos de comandos armados portando uniformes de policía y blandiendo rifles de asalto, aparecían y huían con sus víctimas. Mientras es motivo de polémica que algunos de los hombres armados sean falsos agentes policíacos, numerosos testigos declararon que las unidades de la policía municipal en Juárez con frecuencia escoltaron o rodeaban el área durante las violentas detenciones. Para la mayoría de la gente, las redadas parecían arrestos verdaderos. Sin embargo, familiares que después preguntaban a los agentes federales y policías municipales sobre el paradero de sus familiares desaparecidos, eran informados por la policía que no sabían nada de estas víctimas.


Estaban enterados
Jaime Hervella, fundador de la Asociación de Familiares y Amigos de Desaparecidos, en El Paso, comentó que Arturo Chávez Chávez le dio una respuesta alarmante cuando le preguntó sobre uno de los desaparecidos. Chávez era el procurador general de Justicia estatal durante la administración de Francisco Barrio. Chávez nos dijo: "Debo admitir que [el procurador Antonio Lozano Gracia] no me notificó de las detenciones". Asimismo, Hervella comentó que entre los desaparecidos se encontraban empresarios, abogados, mujeres, militares y comandantes de policía. Supuestamente, algunas víctimas eran arrojadas desde aviones sobrevolando las montañas de la sierra de Chihuahua. Las autoridades de Juárez se lavaron las manos en este asunto al culpar de estos misteriosos secuestros al cartel. Cuando se trataba de estos casos, oficiales federales y estatales se echaban la pelota unos y otros. Los oficiales de Chihuahua consideraban que funcionarios federales eran quienes debían investigar, mientras que los oficiales federales respondían que estos casos eran de la competencia de la policía estatal.
Las autoridades abordaron de la misma manera las ejecuciones del narcotráfico. A principios de 2004, Loren Magaña, codirectora, en Juárez, de la asociación, comentó que este grupo había documentado hasta 700 desapariciones (hombres en su mayoría) desde 1993. Como resultado de la etiqueta de narcotraficante que oficialmente le eran impuestas a las víctimas, muy poca gente de la comunidad estaba dispuesta a abogar por ellos. Era más fácil protestar por los asesinatos de mujeres. Pero no todos los desaparecidos estaban vinculados con el cartel. Algunos de ellos sólo estuvieron en el lugar equivocado, a la hora equivocada, o fueron desaparecidos por venganza o por motivos no relacionados con el tráfico de drogas. Por ejemplo, la paseña Claudia M. Rincón, de 27 años, desapareció el 14 de julio de 2000, cuando se dirigía a reunirse con Fernando Flores, el hijo de un alto funcionario policial de Juárez. El FBI revisó el caso, pero estaba limitado en la realización de su trabajo al lado estadunidense de la frontera, mientras el sospechoso principal se encontrara en territorio mexicano. Resulta que el sospechoso no pasó la prueba del detector de mentiras que le administró el FBI.
Judith Galarza, una antigua activista en Juárez, criticó el Operativo Plaza Sweep porque no estaba encaminado a la investigación de mujeres desaparecidas y asesinadas. Ella y otros activistas notaron que los cuerpos de varias mujeres habían sido encontrados en áreas cercanas a dos de las fosas clandestinas del operativo del FBI. Al inicio de mi investigación, no estuve de acuerdo con algunos activistas y académicos sobre el cartel en los asesinatos de mujeres. Ellos consideraron que los traficantes nada tuvieron que ver con los asesinatos. Pero siempre sospeché que el cartel y la corrupción policíaca eran las razones por las que las investigaciones de los asesinatos no progresaban. Lo que es más, el cartel proporcionaba el escaparate perfecto para encubrir asesinos en serie, imitadores, pandillas, traficantes y hombres de poder que tenían como blanco a mujeres jóvenes.

Silencio oficial
Hasta Plaza Sweep, la única respuesta que las familias de los desaparecidos recibieron del gobierno fue el silencio absoluto. Amenazas y hostigamientos también desalentaron a muchos de los familiares de las víctimas para presentar denuncias por desaparición de personas. Un detective de homicidios en Chihuahua había contabilizado a 1.100 homicidios de hombres en Juárez entre 1993 y 1999. Pero cientos de estos asesinatos se registraron después. La suma es espeluznante cuando le sumamos la cifra de hombres y mujeres asesinadas y de los desaparecidos. Teniendo en cuenta el contexto de violencia en Juárez, es lógico considerar que muchos de los hombres (y algunas mujeres) desaparecidos ya estén muertos. Mucho se desconoce de las demás mujeres desaparecidas como para concluir si están vivas o muertas. Juárez es un importante escenario para el tráfico humano, pero los funcionarios tienen que investigar si las mujeres fueron llevadas a otros lugares de México o hacia Estados Unidos. Por ejemplo, poco después del levantamiento de los zapatistas en Chiapas, en 1994, salió a relucir que el Ejército reclutaba mujeres como sexoservidoras para los soldados que vigilaban esa zona. ¿De dónde las traían? En 2004, una fuente del CISEN dijo que se sospechaba que el cartel de Ciudad Juárez había infiltrado y financiaba uno de los movimientos de rebelión en ese estado. En otro de los casos, funcionarios de la PGR habían declarado que el cartel de Tijuana tenía nexos con un grupo guerrillero en Colombia para intercambiar drogas y armas. Chiapas es un estado de tránsito importante para el tráfico de drogas, robo de autos, armas y personas. A Patricia Garibay, hermana de uno de los desaparecidos en los años noventa, le comentaron personas relacionadas con el narco que a algunos de los desaparecidos los mantenían laborando en plantíos en Chiapas, "y que a algunos afortunados los dejaban regresar a sus casas después de cierto tiempo".

Nueve ejecutados
Plaza Sweep también enfrentó críticas severas por parte de varios políticos, quienes la calificaron como una invasión a la soberanía de su país, a pesar de que los mismos funcionarios habían invitado al FBI a investigar. Uno de los críticos fue el senador Francisco Molina Ruiz, excomisionado del Instituto Nacional contra las Drogas y exprocurador de Chihuahua. Jaime Hervella y otros integrantes de su asociación dijeron que cuando Molina Ruiz era procurador, éste comentó públicamente que los desaparecidos tenían que ser "o adictos o homosexuales". Los investigadores de Estados Unidos y México se toparon con las críticas principalmente porque fracasaron en localizar todos los cadáveres que la gente se inclinaba a creer que serían recuperados mediante ese operativo. El FBI exhumó los restos de nueve hombres, quienes fueron severamente torturados antes de ser acribillados y sepultados, según los expertos. Los oficiales de Estados Unidos mencionaron que Vicente Carrillo Fuentes, acusado por las autoridades estadunidenses por la muerte de siete de estas víctimas, presenció algunos de estas ejecuciones. Además de los cinco cuerpos encontrados en el sur de Juárez, en un lugar conocido como Rancho de la Campana, otros dos fueron localizados en una finca a cinco kilómetros hacia el sur. Y otros dos se rescataron en un rancho en Santa Rosalía, controlado anteriormente por el líder del cartel de Juárez, Eduardo González Quirarte. (Este último es lugarteniente de Juan José Moreno Esparragoza, el Azul, un narcotraficante cuya hija, Nadia, al parecer mantuvo un romance con el gobernador panista de Morelos, Sergio Estrada Cajigal. El Azul fue elemento de la Dirección Federal de Seguridad antes de convertirse en traficante del cartel de Juárez.) El rancho de Santa Rosalía está cercano al Rancho de la Campana. Aun cuando los oficiales del FBI fueron notificados de que la mayoría de las víctimas -tal vez docenas- estaban sepultadas en el rancho de Santa Rosalía, ellos tenían información específica solamente para dos de las víctimas. Sin dar mayor detalle, Frank Evans comentó: "Era un terreno demasiado grande para estos operativos".

Federales a prueba
Para la investigación, el FBI sometió a pruebas de polígrafo a los principales oficiales federales asignados para trabajar con ellos. Los oficiales accedieron a someterse a cualquier prueba y a la investigación de sus antecedentes. Trini Larieta y el doctor Miguel Aragón fueron de los funcionarios de la Procuraduría General de la República que solicitaron y pasaron la prueba del polígrafo. Los agentes del FBI que habían cruzado la frontera el 29 de noviembre de 1999 en busca de víctimas, suspendieron las excavaciones y regresaron a El Paso a mediados de diciembre. En ambos lados de la frontera, la investigación, al final, se desvaneció. Antes de que terminara, Alba fue ascendido y transferido a Washington. Dejó en su lugar a Frank Evans para que continuara con los trabajos. La operación concluyó poco después de que Edmundo Guevara asumiera el cargo como agente especial del FBI en El Paso. Los oficiales del FBI comentaron que Guevara había insultado al doctor Aragón, a quien se le había dado espacio para trabajar en las oficinas de la agencia durante el operativo. Al sentirse persona non grata, Aragón se retiró después de su desagradable encuentro con el nuevo jefe del FBI. Los agentes mencionaron que Guevara cerró la investigación por la parte estadunidense y destinó a los agentes a otros casos. En México, Madrazo y sus colaboradores pagaron también un alto precio por su actuación en estos operativos. Larieta estuvo a punto de formar parte de una controversia, y al igual que el doctor Aragón, salió de la PGR. Después de que Fox asumiera la presidencia, Madrazo fue nombrado cónsul en Oregon, en tanto que el funcionario que fuera el cerebro del famoso maxiproceso, fue enviado a un consulado en Europa.

Siguen ajustes del cartel
El cartel Carrillo Fuentes continuó con su reinado en Juárez y un mayor número de mujeres fueron asesinadas. En 2001, el cuerpo de Jesús Sotelo, un narcotraficante, fue hallado a un lado del Rancho de la Campana, y dos años después, Daniel Sotelo, un familiar y también narcotraficante, fue asesinado en Chihuahua. Pero la aportación del FBI no concluyó con los nueve cuerpos encontrados o con la acusación formal del capo. La operación también dirigió al FBI hacia territorio no explorado, así como a significativas pistas respecto a las desapariciones de hombres y mujeres en México durante las décadas de los setenta y ochenta. Los oficiales dicen que la revelación de estos detalles hubiera ocasionado un terremoto político en México. Esta parte de la Operación Plaza Sweep se menciona por primera vez aquí.

 


 

El FBI y la guerra sucia
Rosario Ibarra de Piedra estuvo en Juárez, en 2002, para expresar su solidaridad a las madres de las víctimas asesinadas o desaparecidas. Me reuní brevemente con ella en un domicilio del centro de Juárez, en el cual se encontraban Marisela Ortiz, cofundadora de Nuestras Hijas de Regreso a Casa, la profesora Julia Monárrez, del Colegio de la Frontera Norte y el criminólogo Óscar Máynez. Ibarra, una mujer de 70 años y exlegisladora, activista ampliamente respetada por su labor pro los derechos humanos que ha luchado contra el gobierno durante décadas en su peregrinar para averiguar qué ocurrió con su hijo desaparecido Jesús Piedra, un estudiante de medicina señalado como líder de movimientos comunistas en México. Los fiscales mexicanos quienes acusan a Miguel Nazar Haro de la desaparición de éste, en 1975, en Monterrey, dijeron que el estudiante universitario fue detenido por la policía estatal y visto por última vez en 1976, en el Campo Militar Número Uno, en la ciudad de México.
Aun cuando Nazar insiste en negar su intervención en las torturas, admitió haber fundado la Brigada Blanca, un grupo paramilitar que detectaba a los sospechosos de disidencia en varios estados de la república, incluyendo Chihuahua. La Brigada Blanca estaba vinculada a la desaparecida Dirección Federal de Seguridad, encabezada por Nazar y Luis de la Barreda Moreno, y era integrada por policías y soldados que actuaban bajo las órdenes de esta agencia. Por más de treinta años, el gobierno negó la existencia de la brigada secreta. Las medidas represivas aplicadas contra los disidentes se registraron durante las administraciones de los expresidentes Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría y José López Portillo.
Los sobrevivientes de la guerra sucia en México sostuvieron que víctimas de torturas a manos de la policía y detenidos de manera ilegal fueron llevados a cárceles clandestinas y cuarteles militares. En vista de las reiteradas negativas oficiales, el mayor obstáculo que estas personas encontraron fue el que alguien les creyera. Rosario Ibarra estuvo ese día entre las mujeres de Juárez, a quienes alentó para que persistieran en su búsqueda de la verdad. A ella le había tomado toda una vida obtener algunas verdades, pero la justicia tan anhelada aún la evadía. Vicente Fox, el primer candidato de un partido de oposición electo presidente, no fue el primer funcionario federal de alto nivel en escuchar sus demandas. Ibarra no tenía la menor idea (ni nosotros tampoco) de que el FBI en El Paso contaba con la clave de los secretos más celosamente guardados en México sobre el destino de cientos de sus hijos.

EL FBI culpa al ejército
Sin quererlo, la fuerza de elite estadunidense se ha convertido en el centro de convergencia para el candente tema de los derechos humanos. La Operación Plaza Sweep, llevada a cabo por la agencia en 1999, condujo al FBI hacia un nuevo territorio surgido del arranque de la investigación de las fosas clandestinas. El gobierno de Estados Unidos mantuvo oculto este operativo, pero el FBI proporcionó el resultado de las investigaciones al gobierno federal. Jorge Madrazo era procurador cuando su oficina y la agencia estadunidense iniciaron la Plaza Sweep. Madrazo, quien continuó en el gobierno como cónsul en Estados Unidos, no ha mencionado palabra alguna de este explosivo y voluminoso expediente del FBI. Obtuve la primera pista al recibir un mensaje que decía: "Pregunte sobre los generales". Pero habrían de transcurrir dos años antes de recibir una respuesta. Escribí sobre la detención de los generales Mario Acosta Chaparro y Francisco Quiroz Hermosillo en agosto de 2001, después de que la oficina de Madrazo anunciara que estaban acusados de proteger al cartel de los Carrillo Fuentes. En Estados Unidos, las autoridades federales consignaron a Vicente Carrillo Fuentes al haber ordenado supuestamente el asesinato de diez hombres en Juárez, incluyendo algunos cuyos cuerpos fueron descubiertos durante la excavación de fosas clandestinas en varios ranchos del cartel. Pero ni Madrazo ni su asistente Trini Larieta mencionaron, en esa ocasión, los cargos restantes que habrían de enfrentar los generales como resultado de una investigación del FBI. Ibarra y organismos internacionales como Human Rights Watch habían acusado al poder militar de México de serias violaciones a los derechos humanos, pero el gobierno respondía con silencio o negativas. Asimismo, los militares insistieron en refutar cualquier participación en la guerra sucia del país. Revelar lo que el FBI tenía hubiera provocado un escándalo político.
Para llevar a cabo esta minuciosa investigación sin precedente, esta agencia federal tenía a su disposición importantes herramientas, desde informantes hasta un arsenal de archivos de inteligencia. "No hay un investigador en México que sepa con lo que cuenta el FBI [...] las capacidades de éste van más allá de lo que la PGR siquiera imagina", mencionó la fuente de la agencia federal. Para esta parte de la investigación, el FBI estaba autorizado a hurgar en los bancos de inteligencia de Estados Unidos para desarrollar un archivo detallado del polémico papel desempeñado por el ejército en las décadas de los setenta y ochenta. "Como resultado de ello, fuimos capaces de documentar las muertes de 600 personas en México, en donde el ejército estaba involucrado", dijo la fuente del FBI. La agencia contaba con testigos de estos hechos, así como otros informes fidedignos. También proporcionó al procurador general de la República los nombres de los principales militares implicados y de los testigos presentes durante los secuestros militares, encarcelamientos y ejecuciones. El resto ya dependía del gobierno. "Entregamos a los funcionarios mexicanos suficiente información para que la utilizaran como base de su propia investigación", expresó la fuente de la agencia. El problema ahora era ubicar a los implicados en los expedientes y que también tenían conocimiento de los hechos. De cualquier modo, el FBI había resuelto uno de los más grandes misterios en México.
Conscientes de que el vecino país del norte estaba enterado de todo, el gobierno ya no pudo darse el lujo de hacer a un lado lo inevitable -juzgar a sus elites militares consideradas intocables. El reporte del FBI mencionó que los militares Acosta y Quiroz eran reclutas cuando ellos y otros miembros de las fuerzas castrenses participaron en esta crisis política. Otros elementos se han retirado del servicio. Pero aparentemente, la Procuraduría General de la República tardó en emprender acciones respecto a los informes emitidos por el FBI. Una fuente del FBI dio esta explicación: "Fue tan vergonzoso que Edmundo Guevara concluyera la Operación Plaza Sweep, que fue necesario demorar cualquier aspecto del caso que pudiera tener un fuerte impacto para el gobierno".
Posteriormente, México nombró a un civil como fiscal, quien fue presionado para investigar el papel del ejército en la desaparición política de hombres y mujeres. Según un informe de derechos humanos referente a México y elaborado por el Departamento de Estado de Estados Unidos, Quiroz y Acosta "estaban implicados en las muertes y desapariciones de 143 personas durante la década de los setenta". Sin embargo, un tribunal militar decidió que los acusados podrían ser juzgados sólo por 22 muertes (los juicios militares están cerrados al público). En noviembre de 2003, una persona cuyo nombre era Horacio Zacarías Barrientos Peralta fue asesinado a tiros en el estado de Guerrero. El hombre, de 55 años, mencionado en el expediente del FBI entregado anteriormente a México, había sido citado a declarar en contra de los principales implicados en la guerra sucia. Ignacio Carrillo Prieto, el fiscal asignado para dar seguimiento a los alegatos en contra de la milicia, sostuvo que el asesinato de Barrientos no perjudicaría este caso gubernamental al tener más pruebas a la mano. Una cuestión delicada con activistas de derechos humanos fue que el general Acosta era graduado de la Escuela de las Américas de Estados Unidos, en donde, según sus detractores, lo adiestraron en la técnica de las torturas aplicadas a las víctimas de México. Amnistía Internacional y otras organizaciones cuestionaron si Rafael Macedo de la Concha, siendo militar, estaba dispuesto a impulsar la investigación hasta sus últimas consecuencias.

 

 

El ejército y el narco
En agosto de 2002, funcionarios judiciales dieron a conocer que un informante clave en el caso presentado en contra de los generales era el excapitán del ejército Gustavo Tarín. Según La jornada, las autoridades lo entrevistaron exhaustivamente en El Paso. Tarín sostuvo que Quiroz había autorizado el uso de aviones militares en la década de los setenta para el transporte de presos políticos y drogas. Tarín, uno de los informantes del FBI en El Paso con relación a la Operación Plaza Sweep, dijo también que durante algunos de esos viajes, los disidentes políticos al parecer fueron lanzados desde helicópteros. En los años noventa, al parecer el cartel también se deshizo de gente al arrojarla desde aviones o helicópteros del gobierno, justo durante el vuelo. Oficiales militares como Acosta, Quiroz y otros colegas habían utilizado lo practicado durante la guerra sucia, como apoyo al cartel. Kate Doyle, una analista experimentada para el Archivo de Seguridad Nacional (instituto de investigación privada en Washington), declaró a The Washington Post que documentos desclasificados demuestran que funcionarios de Estados Unidos estaban al tanto de cómo el gobierno mexicano "se había librado de sus opositores", pero resolvieron concentrarse en temas de "mayor interés por parte de Washington, como el comercio y el petróleo". El tiempo y las circunstancias dejaron entrever que las cosas no han cambiado cuando se trata de los crímenes contra mujeres. Por sus declaraciones a los medios de información en 2004, José Santiago Vasconcelos, brazo derecho de Macedo de la Concha, dejó en claro que no iba a haber nada, por parte del gobierno, en relación con gente importante que estuviera implicada en cualquiera de los dos asuntos -la guerra sucia o los asesinatos de las mujeres. "Qué decepción. Antes contábamos con Vasconcelos. En verdad, ya no hay nadie con quien trabajar", expresó un oficial estadunidense.
Durante la gestión del presidente Miguel de la Madrid, la CIA adiestró a un equipo elite de militares que formaron parte de una unidad de inteligencia, según Laurie Freeman y José Luis Sierra. El equipo recibió instrucciones de rastrear y localizar a los barones de la droga y diseñar estrategias para desmantelar los cárteles. Después, en 1996, el ejército estadunidense creó un programa para adiestrar y equipar "tropas de choque antinarcóticos" denominada Grupos Aeromóviles de Fuerzas Especiales (GAFES). Los nuevos comandos elite fueron comisionados en todo el territorio nacional para dar con su paradero y detener a los narcotraficantes, particularmente en el estado de Jalisco y en la frontera México-Estados Unidos, según Freeman y Sierra. El escritor Rafael Loret de Mola ha entrevistado al general Jesús Gutiérrez Rebollo en el penal de Almoloya de Juárez sobre los "rambos", como les dice él, y Gutiérrez dijo que "tienen carta blanca para realizar todo tipo de actividades secretas y por toda la geografía nacional [...] yo firmaba sus cheques y nunca les vi la cara".
Al igual que ha ocurrido con otros programas, algunos de los GAFES de elite desertaron de las filas militares para unirse al narcotráfico, además de que oficiales federales estadunidenses han confirmado que los desertores (los Zetas) han prestado sus servicios como sicarios. ¿Cómo es que estos equipos nunca dieron con los Carrillo Fuentes, el Azul Esparragoza o Eduardo González Quirarte, los barones del cartel de Juárez? En estos lugares de México, adonde despachaban los equipos antidrogas casi desde el Pentágono, también se ensayaba otra cosa. Una guerra contra el narco al estilo "Rambo". Las mafias tenían que responder con una contraguerra. Los lugares en disputa representaban plazas del contrabando, y los futuros sitios de una gran ola de feminicidios. En el año 2004 se llevó a cabo una táctica distinta, utilizando a bandas de comandos armados financiados al parecer por los sectores privados de México y Estados Unidos. Se les podía llamar paramilitares. La tarea de la Operación Dropkick de una banda era infiltrar y tumbar el cartel de drogas de los Arellano Félix. Según el equipo antidrogas privado, los carteles gastaron millones de dólares para rastrearlos. Así los narcotraficantes lograron asesinar a algunos de ellos, pero los "rambos" se infiltraron de tal manera que casi fue imposible identificarlos. Podían ser los grandes héroes del día, pero sin saber a quienes responden estos grupos encubiertos, también es difícil determinar si son respaldados por los gobiernos, por gente de un auténtico espíritu cívico, o por otros mafiosos que desean eliminar a sus rivales. Por casualidad, una de estas bandas privadas se topó con uno de los asesinos de las mujeres de Ciudad Juárez, y adquirió evidencia de este hombre por otros crímenes. No hay que olvidar que en los asesinatos de Digna Ochoa y Norma Corona, abogadas que se dedicaban a luchar por los derechos humanos, está implicado el ejército o los elementos antidrogas que trabajan con el ejército. La CIA debe saber muy bien quiénes fueron los autores intelectuales de sus muertes. He sospechado por mucho tiempo que la CIA también sabe la historia entera de los feminicidios de México, pero es un asunto que siguen tratando como secreto de Estado. Debemos preguntar aquí: ¿para el beneficio de quién? Durante una época, según la revista La Crisis, las agencias de inteligencia de Estados Unidos utilizaron un rancho del capo Rafael Caro Quintero para entrenar a los contras de Nicaragua, y al parecer, Manuel Bartlett estaba informado de esto. La periodista Dolia Estevez reveló esto en una de sus columnas, citando a Ralph McGehee, un supuesto desertor de la Agencia Central de Inteligencia. No por nada le advirtió un barón de las drogas a Ana que "nada se podía hacer en relación con los feminicidios".

Mujeres de la guerra sucia
Leticia Galarza, hermana de la activista de Juárez, Judith Galarza, fue una víctima de la Brigada Blanca. Judith explicó que su hermana era sospechosa de pertenecer a la Liga Comunista 23 de Septiembre, y fue desaparecida, en 1978, a manos de fuerzas de seguridad en la ciudad de México. Desde entonces, no se ha vuelto a saber nada de su paradero. Durante la búsqueda de Leticia, la familia de la desaparecida se dio cuenta de que había dado a luz, probablemente dentro de la prisión. La familia logró localizar y recuperar al infante, pero nada de Leticia. Julián Mata, un activista miembro de la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos-Desaparecidos (AFADEM), viajó a Ciudad juárez en el 2001 para reunirse con miembros de la Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas de Juárez y El Paso, Texas. El propósito de la visita fue lograr que canales internacionales pudieran presionar a las autoridades para saber qué les ocurrió a las personas que desaparecieron en la década de los noventa, y cuyas desapariciones son atribuidas al cartel por los funcionarios de México y Estados Unidos. Asistí a la reunión con Mata, la cual se llevó a cabo en el domicilio de Loren Magaña, cuñada del desaparecido comandante Alfonso Magaña.
Mata comentó después que algunas de las mujeres, encarceladas durante el combate contra los disidentes en México, fueron violadas como una forma de tortura. Algunas resultaron embarazadas, y sus verdugos acentuaron su tortura al amenazarlas con quitarles a sus criaturas. Mencionó que algunas mujeres fueron recluidas en la cárcel después de ser acusadas falsamente de ejercer la prostitución, e incluso que los niños a quienes dieron a luz dentro de la prisión eran "robados". Uno de los casos más sonados es el de Alicia de los Ríos Merino, quien fue detenida el 5 de enero de 1978, por elementos de la DFS y el ejército en México. Según el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, ella fue vista con otros en el Campo Militar Número Uno. Alicia fue acusada de ser integrante de la Liga Comunista 23 de Septiembre pero hasta hoy sigue desaparecida. La Brigada Blanca también llevó a cabo redadas en Juárez, y varias personas de Chihuahua siguen desaparecidas. Algunos como Minerva Armendáriz Ponce lograron su libertad. Según la Agencia Reforma de noticias, ella tenía 16 años cuando fue secuestrada en 1973, y la llevaron a la Quinta Zona Militar de Chihuahua, de donde fue trasladada por elementos de la DFS a la ciudad de México y llevada a una cárcel clandestina para ser torturada. El hermano de Minerva, Carlos Armendáriz Ponce, miembro del Movimiento Armado Revolucionario (MAR), fue asesinado en la sierra tarahumara junto con otros estudiantes. En julio de 2004, la exintegrante del MAR, declaró a la prensa que "los caídos, los desaparecidos, todas esas familias destrozadas merecen justicia [...] se trata de crímenes de lesa humanidad". En caso de que el gobierno dé seguimiento a los informes otorgados por el FBI, Judith Galarza probablemente viva lo suficiente para presenciar una conclusión en el caso de su hermana.
La complicidad de funcionarios con el narcotráfico en ese tiempo, además de la tolerancia hacia toda clase de abusos, se combinaron para alimentar la corrupción oficial, sin precedente, que alcanzó su punto culminante con los crímenes contra mujeres. Los enlaces de complicidad se fueron tejiendo antes de la década de los noventa, y sirvieron después para sembrar el terror e inestabilidad en estados de ensayo, como Chihuahua, México y Morelos, donde se ha producido la industria del secuestro, la extensión del narcomenudeo y la violencia extrema. Esto se llama la "colombianización" de México, una aparente estrategia de los Carrillo Fuentes, que a su vez ha producido en ciertos lugares un gobierno "amafiado".

Fragmento del libro: "Cosecha de mujeres. Safari en el desierto mexicano"
Editorial Oceano.
Autora: Diana Washington Valdez
Su bitácora personal: http://cosechademujeres.blogspot.com/

08/08/2006 02:09. Editado por Gatopardo enlace permanente. MÉXICO

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gravatar.comAutor: Carlos Martinez

No voy a dejar que estos crímenes ni otros me amarguen el desayuno. Ahora mismo me voy a los enlaces de Amnistia Internacional a unirme a las acciones urgentes contra malnacidos. Hay demasiadas leyes que no se cumplen y la acción tiene que ser inmediata para que sea eficaz. Si queremos, entre todos podemos.

Fecha: 08/08/2006 07:30.


gravatar.comAutor: Aurora

7 de agosto, El Universal
Ciudad Juárez, Chihuahua. Un comandante de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) fue ejecutado al estilo de la mafia en el centro de Ciudad Juárez el domingo por la noche, informaron hoy fuentes de la fiscalía de Chihuahua. La víctima fue Marcos Arturo Nazar Contreras, de 43 años, primer comandante de la AEI, quien llevaba tres meses en el cargo.
El vehículo oficial que conducía recibió varios impactos de bala, al parecer de rifle de asalto conocido como “ cuerno de chivo” (AK-47).
Con la presente administración estatal, desde septiembre del 2004, son cerca de una decena de servidores públicos, en su mayoría agentes y mandos de la policía, asesinados en circunstancias parecidas a la del crimen del domingo.

Fecha: 08/08/2006 13:01.


gravatar.comAutor: jorge alvarez machua

Señores me parece horroroso esta situacion, sin embargo el maldito dinero es el culpable de toda esta situacion, me parece ma vergonsozo que los yanquis se hagan los heuvones especialmente la CIA y el FBI, ellos saben perfectamente quienes son los culpables de estos hechos, porque en esta situacion tambien participan yanquis con los cables sueltos y que tienen mucho dinero y tienen como complices sicopatas con mucho poder en el gobierno yanqui, todo estos personajes son adoradores de satan, pero Dios algun dia los castigara por destruir su obra.

Fecha: 03/10/2008 10:35.


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Gatopardo

Es norma de Gatopardo,
si alguien se pone a tiro,
sea plebe, sea duunviro,
que no se escape sin dardo.
Si la víctima en cuestión
es melifluo y sin humor,
y persiste en el error,
va derecho al paredón.
Si es honesto ciudadano,
observador de la ley
y santurrón como buey,
le colgamos un campano.
Si mujer y sufridora,
y nos cuenta su diario,
que alegre su antifonario
y se haga acosadora.
Si tiene cierto interés
por mostrar carné y nombre,
que luego no se asombre
si recibe algún revés.
Bienvenidos los goliardos,
golfos, rebeldes y bordes,
mentes inmisericordes,
por apellido: Bastardos
Y que no nos den la lata
ni meapilas ni legales:
somos los Irregulares,
somos gente de Zapata.

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