En España, como en cualquier país civilizado, se pide la colaboración de los ciudadanos para que denuncien a los delincuentes y testifiquen contra ellos. Si hubiera peligro de que el testigo pudiera ser presionado, amenazado, o corriera peligro su integridad, existe la Ley Orgánica 19/1994 de protección de testigos, y el juez puede establecer "el grado de riesgo o peligro y la aplicación de todas o algunas de las mediadas legales de protección que considere necesarias”. El juez instructor oculta el nombre del testigo, su domicilio, y cualquier información que pueda identificarle, le asigna custodia policial y se le ofrecen todas las garantías que el Estado de derecho prevé, así como documentos para cambiar su identidad, otro trabajo y otro domicilio, y mientras, el Estado cubre sus necesidades, porque arriesga su vida y la de su familia, y sin su ayuda sería imposible llegar a condenar a muchos criminales.
Pues bien, ésa es la teoría: en la práctica ser testigo protegido es llevar dibujada una diana reflectante, porque la Ley 19/1994 está ideada por los padres de la patria con la misma falta de rigor con que los policías y los jueces garantizan su aplicación.

El testigo protegido 1964/S vio su verdadero nombre publicado en todos los periódicos, junto al alias otorgado para salvaguardar su identidad, justo al día siguiente de prestar declaración en el caso Lasa y Zabala, torturados, asesinados, y enterrados en cal viva por el GAL verde del Cuartel de Intxaurrondo, por lo que fueron finalmente condenados el general Galindo y el ex -gobernador Julen Elgorriaga.
Tres días después de realizar un careo con uno de los que acusaba, fue secuestrado, torturado y violado. Luego le hicieron comerse el auto del juez instructor del sumario, Javier Gómez de Liaño, en el que se le otorgaba la condición de testigo protegido. No tenía ninguna escolta, pese a que el juez ya lo había ordenado, no había ningún agente asignado para la protección del testigo.
El testigo protegido 1964/S volvió a ser seguido y amenazado unas semanas después, según fuentes del Ministerio del Interior, y varios vehículos desconocidos "controlaban" tanto la vivienda habitual del testigo, en San Fernando (Cádiz), como la de sus padres y la de sus suegros. Además, cuando el testigo abandonaba su domicilio y se desplazaba en el coche de escolta del Ministerio del Interior, era seguido por otros vehículos para intimidarlo.
Se pidió la comparecencia del responsable del Ministerio del Interior para dar explicaciones por la falta de efectividad para proteger al testigo, y con ese lenguaje de sintaxis retorcida de los políticos, dejó claro que el testigo tenia un pasado turbio, y ofreció datos sobre su origen, domicilio de sus padres, etc. ¿Para no responder a lo que se le preguntaba? ¿Por si sus enemigos no sabían donde buscar a su familia? ¿Por idiotez congénita? ¿Por incapacidad para valorar los datos y guardarlos con el sigilo imprescindible?

Francisco Javier Lavandera Villazón, fue el hombre que denunció, antes de que se cometiese el atentado de Atocha del 11 de marzo del 2004, la existencia de una trama asturiana dedicada a la venta ilegal de explosivos, que pretendía aprender a detonarlos con teléfonos móviles, y eran confidentes de la policía.
Las cintas grabadas con las denuncias de Lavandera fueron ocultadas. Unos meses después del atentado, apareció una de ellas en el cuartel de la Guardia Civil de Canciones, y un guardia civil la envió por si fuera pertinente investigarla. Ha tenido motivos para arrepentirse de su diligencia en el cumplimiento del deber.
Lavandera fue declarado testigo protegido, y todos sus datos personales fueron inmediatamente publicados por los periódicos, como suele ocurrir en estos casos. Tuvo que permanecer separado de su mujer y de su hijo para no ponerlos en peligro. Ella recibió amenazas, y vivió en tal estado de terror que decidió suicidarse, y le hizo llegar un mensaje: lo quería mucho, pero no podía vivir así. Se había cortado las venas y se iba al mar para morir.
Lavandera avisó a la policía, y le aseguraron que su mujer no estaba en la playa, que lo sabían por las cámaras de vigilancia. La realidad es que los policías la miraron tranquilamente mientras se desangraba, hasta que se la tragó el mar. A los pocos días, Lavandera recibió un sobre anónimo con las fotografías de la autopsia de su mujer, recordándole que tenía un hijo de dos años.
Al poco, los policías de la Unidad Central de Protección le buscaron un trabajo como guarda jurado en una compañía de seguridad en Bilbao, donde era conocido y era más que probable que lo asesinaran sus enemigos. Se negó a aceptar ese trabajo, y el juez del Olmo, en consecuencia, le retiró la condición de testigo protegido, y lo dejó sin escolta, sin ayuda económica ni protección.
Siguió recibiendo amenazas, siguió denunciándolas, se encontró sin posibilidad de trabajar y sin ningún tipo de ingresos, y hasta se le dio la invalidez por “paranoia”. Quizás el psiquiatra creyó observar síntomas de que se sentía perseguido.
Hace cosa de un mes fue tiroteado en Gijón, y la policía investiga el asunto como “ajuste de cuentas”. Hace unos días entraron en su casa de campo, ahorcaron a su perro, y mataron a sus animales de compañía.
Siguen sin encontrar a los culpables, quizás porque no los buscan donde debieran, y Lavandera y su hijo de cuatro años siguen sin protección. Mientras, el juez del Olmo ha cerrado la instrucción del sumario y nos tenemos que creer que los chorizos de quinta categoría que fueron dinamitados en Leganés, y los delincuentes de poca monta que están en prisión son los únicos culpables del 11 M, porque él lo diga.
¿Quién tuvo acceso a las fotografías de la autopsia de su mujer y a su dirección para enviárselas? Quién puede paralizar a los equipos de salvamento cuando una mujer de 22 años permanece durante una hora mar adentro, con olas encrespadas, en el mes de diciembre, después de avisar Lavandera que ha amenazado con ahogarse en la playa? ¿Qué órdenes recibieron los policías que la observaron durante una hora sin intervenir? ¿Qué clase de profesional tiene la puntería requerida para disparar a un coche en movimiento y acertar todos los disparos en un radio de 50 centímetros de la cabeza del conductor, desde unos veinte metros de distancia? ¿Qué clase de comando puede hacer una matanza de animales, tomándose su tiempo, sin dejar huellas ni rastros biológicos? ¿Qué clase de investigación ha de hacer la policía para que nunca encuentren pistas que los conduzcan a quien amenaza y ataca a un testigo clave para desentrañar la trama de confidentes, policías y explosivos en Asturias ? El Juez y el Ministerio del Interior que han de asegurar la protección de este testigo, ¿esperarán hasta que lo maten? ¿O sólo esperan que con este tratamiento no se le ocurra testificar sobre el contubernio de delincuentes y Fuerzas de Seguridad del Estado que prepararon el 11-M?

Hay muchas formas de sabotear la democracia, y una de ellas es aniquilar las garantías jurídicas y dejar en la indefensión a quienes colaboren con la Justicia, para asegurar la impunidad de quienes puedan comprarla y corromperla.

Para ampliar ideas:
Giovanni Falcone y Marcelle Padovani
Cosas de la Cosa Nostra
Editorial Barataria, año 2006
Traducción de Miquel Izquierdo Ramón.

Gian Carlo Caselli ed altri
La giustizia e i suoi nemici
Micro-Mega 4/95

Peter Robb
Medianoche en Sicilia
Alba Editorial, 2000

Gatopardo

Foto de Andre Kertesz