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DENUNCIAS ESTAFA DE LA LUZ: BREVE RESUMEN DE LA INSTRUCCIÓN

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BREVE RESUMEN DE LA INSTRUCCIÓN (Diligencias Previas 280/2000 del Juzgado Central de Instrucción nº 4/ Audiencia Nacional)
Reproduzco literalmente a continuación la primera parte del punto 3 del apartado primero de los HECHOS expuestos en la demanda de amparo, inadmitida a trámite por la Sección 1ª de la Sala 1ª del Tribunal Constitucional con el argumento de que “el material reunido durante la instrucción permite al Juez afirmar que los hechos no revisten carácter de infracción penal” :
3.- ADMISIÓN DE LA QUERELLA Y PRÁCTICA DE DILIGENCIAS DE PRUEBA.
Por imperativo de la resolución de 25.05.01 de la Sección 4ª de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional el Juzgado Central de Instrucción nº 4 se vio obligado a dictar Auto de admisión de la querella, pero en los 18.6 meses transcurridos entre la orden de incoación del procedimiento penal (25.05.01) y el primer auto de archivo (13.12.02) se limitó exclusivamente a practicar las siguientes diligencias:
a) Toma de declaración a los querellados.
En las declaraciones de los querellados existen numerosas e importantes contradicciones e imprecisiones, detalladas en su mayoría en el escrito de 17.07.02 de la representación procesal del Sr. Moreno Alfaro al Juzgado. Entre dichas contradicciones destaca la cometida por el querellado D. Félix Rivas Perales, presidente del Grupo de fabricantes de contadores de energía eléctrica, que a la vez que declaró “desconocer en qué factores concretos se basa el Ministerio para determinar el precio medio de mercado de los contadores” entregó al juez instructor tres documentos (los escritos de 13.01.84, 1.10.84 y 23.12.86 de Landis & Gyr Española a la DG de la Energía) de los que, incurriendo en un delito de alteración tipificado en el artículo 393 del C.P., había sido borrado que quien remitía al Ministerio los factores concretos en los cuales se basaba éste para calcular los precios medios de mercado de los contadores era el propio D. Félix Rivas Perales, que previamente falseaba dichos factores, como reconoce la representación procesal del querellado D. Pedro Rivero Torre, vicepresidente de UNESA (patronal de las compañías eléctricas), en su escrito de 28.11.02 al Juzgado.
La petición hecha el 17.07.02 al Juzgado para que “considerara la pertinencia de que los imputados declaren nuevamente en relación a los documentos que se aportan [con nuestro escrito de 17.07.02] y a las contradicciones en que han incurrido” fue desestimada sin que el Juzgado notificara en ningún momento los motivos de la desestimación.
b) Requerimiento a la Comisión Nacional de Energía (en adelante, CNE) para que aportara su informe de 20.09.01 y los 25 anexos que lo acompañan. Siete de los anexos remitidos por la CNE (anexos XVIII a XXI y XXIII a XXV), precisamente los que contienen la información facilitada a dicha Comisión por los fabricantes de contadores de energía eléctrica y las compañías eléctricas, tienen un sello negro con la palabra CONFIDENCIAL, el cual, por su tamaño y grosor, impide leer numerosos datos de vital importancia para determinar los precios medios de mercado de los distintos contadores, por lo que dicha determinación, que era el objeto exclusivo por el que se hizo el requerimiento, ha resultado imposible.
La práctica de las diligencias solicitadas el 14.10.02 con la finalidad de obtener los datos que resultaban ilegibles como consecuencia del sello de CONFIDENCIAL fue desestimada tácitamente por el Juzgado mediante el auto de archivo de 13.12.02, por lo que esta parte ignora los motivos de dicha desestimación.
c) Requerimiento a la Dirección General de Política Energética y Minas para que aportara copia íntegra de todo cuanto se contuviera en el expediente o expedientes abiertos por el Ministerio correspondiente para definir los precios máximos de alquiler publicados en el BOE desde el 29.12.84 (OM de 20.12.84) al 28.12.01 (RD 1483/2001), que son los aplicables durante el año 2002.
La Dirección General de Política Energética y Minas sólo ha aportado un documento en el que constan los cálculos efectuados por el Ministerio para definir los precios máximos de alquiler. Dicho documento (el “Informe sobre propuesta de Orden Ministerial por la que se revisan los alquileres de los equipos de medida de energía eléctrica”, folios 1645 a 1648), que basta por sí solo para demostrar los delitos de estafa y falsedad documental denunciados en la querella es el relativo a los precios de alquiler establecidos por Orden de 20.12.84 del Ministerio de Industria y Energía, publicada en el BOE de 29.12.84.
Respecto a los cálculos correspondientes a los precios de alquiler publicados en el BOE los diecisiete años restantes (1985 a 2001), la citada Dirección General no ha aportado ningún documento justificativo, por lo que ha resultado imposible determinar cuál ha sido el criterio seguido por el Ministerio para determinar dichos precios, que era el objeto exclusivo por el que se hizo el requerimiento.
La práctica de las diligencias solicitadas el 14.10.02 con la finalidad de obtener dichos documentos justificativos fue desestimada tácitamente por el Juzgado mediante el auto de archivo de 13.12.02, por lo que esta parte ignora los motivos de dicha desestimación.
Por otro lado, a pesar de que la representación procesal del Sr. Moreno Alfaro solicitó en repetidas ocasiones que a éste se le tomara declaración, el Juzgado desestimó siempre tácitamente dicha solicitud, por lo que el Sr. Moreno Alfaro no ha podido aportar a las actuaciones la información y los conocimientos acumulados durante las más de 20.000 horas de trabajo que lleva dedicadas al tema desde el 7.11.94, fecha de su despido de Landis & Gyr Española mediante una denuncia falsa del querellado D. Félix Rivas Perales en represalia por haberse negado a participar en asuntos relacionados con el grupo clandestino Contact, primer eslabón de la cadena que hace posible la estafa.
Ello acredita que la única diligencia practicada por el Juzgado ha sido la toma de declaración a los querellados, ya que, como ha quedado expuesto, las otras dos diligencias (requerimiento de documentación a la Comisión Nacional de Energía y a la Dirección General de Política Energética y Minas) no fueron cumplimentadas correctamente.
El archivo de las diligencias previas 280/2000 se produjo el 13.12.02, cuatro días después de que, basado en el informe 14/2001 de la Comisión Nacional de Energía, incluido entre los documentos aportados al Juzgado por la DG de Política Energética y Minas, Interviú publicara un reportaje (www.estafaluz.com/Interviu_091202.pdf) en el que quedaba patente la implicación de D. Rodrigo Rato Figaredo (entonces, ministro de Economía; después, director gerente del FMI, y ahora, consejero del Banco de Santander y director general senior del Banco Lazard) en dos gravísimas irregularidades que beneficiaban (y benefician) en cientos de millones de euros anuales a las compañías eléctricas.

Antonio Moreno Alfaro. Publicado en www.estafaluz.com pdf

Más información:
* Denuncia de 16 de mayo 2006 a la atención de don Cándido Conde Pumpido, fiscal General
* Estafa en los contadores de la luz con ayuda del PP y del PSOE
* El gobierno reconoce por escrito el fraude de los contadores

Imagen: grabado de H. Daumier

08/05/2008 10:42. Editado por Gatopardo enlace permanente. ANTONIO MORENO ALFARO

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gravatar.comAutor: Victor Flyte

Menudo bombazo. ¿Quedará todo en agua de borrajas como el caso de las tierras urbanizadas, propiedad de familiares de la Aguirre, cerca de las cuales se han construido estaciones del AVE?

Fecha: 09/05/2008 04:51.


gravatar.comAutor: jose luis

La misma compañía electrica, corta la manguera que da servivio a una vivienda unifamilar, dejándola sin suminstro electrico, sin motivo al estar al corriente de pago y todos los servicios legales. Reconoce el error y solo se limita a pedir disculpas. Como usuario que hacer?. Muchas gracias

Fecha: 31/03/2009 07:22.


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