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LA ESTAFA DE LOS CONTADORES DE LA LUZ, PASO A PASO: EJECUCIÓN/ GOBIERNO PSOE (1)

10.- LA ESTAFA, PASO A PASO: EJECUCIÓN/ GOBIERNO PSOE (I)

Antes de demostrarle documentalmente que el PSOE y el PP son simples marionetas de UNESA, es conveniente que le recuerde lo expuesto en las cuatro entregas anteriores:

Resumen del capítulo 6:
La estafa genera actualmente más de 350.000 euros diarios, afecta a 23 millones de clientes,  y lleva reportados más de 3.750 millones de euros, cobrados ilegalmente por el alquiler de los contadores de la luz.

Las compañías eléctricas y UCD planificaron en 1981 un fraude consistente en modificar la póliza de abono y sustituir 63 amperios por 50 amperios como valor de la intensidad máxima (Imáx) de los contadores, cuyo precio de alquiler es fijado por el Ministerio de Industria. La finalidad de esta sustitución es dejar que sean las compañías eléctricas las que fijen el precio de alquiler de los millones de contadores de Imáx= 60 amperios ya instalados, y de los que se instalen tras la entrada en vigor de la nueva póliza de abono.

El mismo día de entrada en vigor de la nueva póliza de abono, las compañías eléctricas subieron de forma salvaje el precio de alquiler de los contadores domésticos, la mayoría de los cuales son de Imáx= 60 amperios. En el caso de Sevillana de Electricidad (la actual Sevillana-Endesa), el precio de alquiler del contador doméstico de Imáx= 60 amperios pasó de 3.70 a 81.70 pesetas/mes, lo que supone una subida del 2.211,16%.

El fraude es descubierto, primero, por un cliente de Iberduero (Iberdrola, tras su fusión con Hidroeléctrica Española), y, después, por dos diputados socialistas del Parlamento de Andalucía, quienes,  además del fraude en los precios de alquiler de los contadores,  comprueban que Sevillana de Electricidad comete otras 28 irregularidades con sus clientes.

Para evitar el consiguiente escándalo político, el Ministerio de Industria obligó a las compañías eléctricas a devolver las cantidades cobradas indebidamente. En el caso de Iberduero, la cantidad devuelta ronda los 1.500 millones de pesetas.

En el caso de Sevillana de Electricidad, aunque la cantidad total cobrada indebidamente asciende a 20.000 millones de pesetas,  según el informe presentado ante el Parlamento de Andalucía por los dos diputados socialistas, una serie de maniobras del PSOE reduce esta cantidad a 706.4 millones, de los cuales, según mis datos, Sevillana sólo devuelve 400 millones.

El PSOE presiona a los dos diputados hasta hacerles abandonar el partido.
Con la reducción de 20.000 millones a 706.4 millones de pesetas y la represalia contra los dos diputados,  que dieron  prioridad a los legítimos intereses de los andaluces que a los turbios intereses de Sevillana de Electricidad, el PSOE ha lanzado a las compañías eléctricas un mensaje de colaboración que es perfectamente comprendido por éstas.

Si desea más información sobre este punto, pulse aquí.

Resumen del capítulo 7:
Tras el fracaso del fraude planificado en 1981 por UCD y las compañías eléctricas, éstas y el PSOE planifican una estafa que hace (casi) imposible que  sea descubierta (y, menos, probada) por alguien ajeno a los implicados.
Si desea más información sobre este punto, pulse aquí.

Resumen del capítulo 8:
Los fabricantes ejecutan las dos funciones que tienen asignadas en la estafa:
- Facilitar precios medios de mercado falsos al Ministerio de Industria,  con objeto de que los precios de alquiler publicados en el Boletín Oficial del Estado sean muy superiores a los precios máximos legalmente autorizados.
- Imponer restricciones a la libre competencia entre almacenistas-distribuidores,  con el fin de que los precios de venta sean lo suficientemente elevados como para hacer antieconómica la compra del contador,  y obligar al usuario a alquilarlo a las compañías eléctricas.
Si desea más información sobre este punto, pulse aquí.

Resumen del capítulo 9:
Los fabricantes se autoasignan una tercera función, de la cual las compañías eléctricas no tendrán conocimiento hasta el 21.11.1995, en que el diario El País informa sobre el grupo clandestino Contact. La tercera función es:

- Repartirse consensuadamente el mercado español y, en consecuencia, aplicar el incremento artificial de precios,  no sólo a los contadores vendidos a los almacenistas-distribuidores,  sino también a los que venden a las compañías eléctricas.

Al verse descubiertos, los fabricantes se reúnen el 23.11.1995 con las compañías eléctricas y redactan un escrito en el que los fabricantes reconocen que facilitaron datos falsos al Ministerio de Industria,  con objeto de que los precios de alquiler fueran superiores a los precios máximos legalmente autorizados,  y las compañías eléctricas reconocen que eran conscientes de dicha falsedad.
Si desea más información sobre este punto, pulse aquí.

Y ahora  paso a demostrarle documentalmente que el Gobierno cumplió correctamente las funciones que tenía asignadas en la estafa planificada a finales de 1983 por las compañías eléctricas y el PSOE.

10.1.- Cumplimiento de la primera función.
La primera función que el Gobierno tenía asignada en la estafa era:

- Aprobar una nueva póliza de abono,  en la que las condiciones relativas al alquiler de los contadores fueran idénticas a las establecidas en la póliza de abono aprobada el 12.03.1954, con objeto de anular la sustitución de Imáx= 63 amperios por Imáx= 50 amperios,  establecida en la condición general 12 de la póliza de abono aprobada el 20.08.1981, que fue en la que se basó el fraude planificado por las compañías eléctricas y UCD.

El Gobierno cumplió correctamente esta función ya que,  el 18.07.1984, mediante el Real Decreto 1725/1984, aprobó una nueva póliza de abono, cuya condición 16 es una copia literal de la condición 16 de la póliza de abono aprobada el 12.03.54, que fue la sustituida fraudulentamente por la condición 12 de la póliza de abono aprobada el 20.08.1981.

10.2.- Cumplimiento de la segunda función.
La segunda función que el Gobierno tenía asignada en la estafa era:
- Dar por buenos los precios medios de mercado falsos remitidos por los fabricantes a la Dirección General de la Energía,  con objeto de que la estafa se cometiera a través del Boletín Oficial del Estado.

El Gobierno cumplió correctamente esta función, ya que, como demuestran los dos documentos que le facilitaré a continuación, dio por buenos los precios falsos facilitados en octubre de 1984 por los fabricantes a la DG de la Energía,  sin efectuar ninguna comprobación,  a pesar de ser todos ellos coincidentes para cada tipo de contador y existir, por tanto, indicios evidentes de que habían sido consensuados.

10.2.1- Primer documento.
El primer documento que prueba que el Gobierno cumplió la segunda función que tenía asignada en la estafa es el " Informe de 18.12.1984 sobre propuesta de orden ministerial por la que se revisan los alquileres de los equipos de medida de energía eléctrica".


El documento está firmado por el subdirector general de Energía Eléctrica, Fernando Díaz Caneja, y la directora general de la Energía, Carmen Mestre Vergara, quien el 03.01.1984, al recibir,  de los diputados socialistas Juan Carmona Infantes y Jesús Lechuga Gallego,  los documentos que probaban que Sevillana de Electricidad estaba cometiendo 29 irregularidades, antepuso los turbios intereses del PSOE a su obligación de defender los legítimos intereses de los clientes de dicha compañía y, como consta en el reportaje de Interviú "Sevillana de Electricidad ha cobrado 20.000 millones de más a los andaluces", se negó a intervenir alegando que "esto es una cuestión de Estado y no conviene moverla ahora",   y recomendó a los dos diputados que se pusieran en contacto con Manuel Cortázar y Landecho, presidente de Sevillana de Electricidad, del cual les facilitó el teléfono particular, recomendación que los dos parlamentarios rechazaron (si desea más información sobre este asunto, pulse aquí).

El "Informe de 18.12.1984"  de la DG de la Energía es un documento excepcional por los siguientes motivos:

1.
- El documento está emitido por el Ministerio de Industria, que es, según la condición 16 de la póliza de abono aprobada mediante el Real Decreto 1725/1984, el responsable oficial de la fijación de los precios máximos de alquiler de los contadores de la luz.

2.- En este documento se afirma que el motivo por el cual la DG de la Energía solicitó el 20.12.1983 a los fabricantes las listas de precios y los descuentos medios a mayoristas era para  revisar los precios de alquiler debido a la "distorsión notable entre el precio [de las prestaciones] que deben cubrir los alquileres y el precio [de alquiler] a aplicar".

De la afirmación de que la finalidad del precio de alquiler de un contador es cubrir ciertas prestaciones se deduce que el precio medio de mercado,  al que se refiere la condición 16 de la póliza de abono aprobada el 18.07.1984,  es el precio medio al que adquieren el contador quienes están obligados a dar dichas prestaciones a cambio  del precio de alquiler. Por tanto, los mayoristas a los que se refiere la DG de la Energía en este escrito de 20.12.1983 son las compañías eléctricas, que son los únicos mayoristas que compran los contadores para alquilarlos, ya que los otros mayoristas, los almacenistas-distribuidores, los compran para venderlos.

3.-
El documento prueba, de forma irrefutable,  que la DG de la Energía se limitó a dar por buenos los precios indicados en las listas remitidas en octubre de 1984 a dicha DG por Landis & Gyr Española, Siemens, Compañía de Contadores, Metrega y RIESA, ya que los precios indicados en la segunda columna del estudio económico,  adjunto al documento,  son los precios indicados en sus listas.

La DG de la Energía dio por buenos los precios de estas listas sin realizar ninguna gestión para comprobar su veracidad,  a pesar de la total coincidencia de precios, que, evidentemente, no habría sido posible sin un consenso previo entre los cinco fabricantes.

4.-
En el documento se afirma que, en lo que respecta a los descuentos medios aplicados por los fabricantes a los mayoristas, "por otros conductos se han recogido informaciones de que los descuentos habituales son del orden del 10% y en casos excepcionales estos descuentos pueden alcanzar cifras superiores por otros conceptos, sin superar, en ningún caso, el valor del 30%".

Esta afirmación es falsa por, entre otros, los siguientes motivos:

4.1.-
El descuento aplicado por los fabricantes a los almacenistas-distibuidores es superior al 50%, como prueban el contrato de 25.09.1997 entre Siemens y el almacenista-distribuidor M.E.M. Roche y la factura adjunta al escrito de 09.10.2000 de Schlumberger a la Comisión Nacional de Energía.

4.2.- El descuento medio aplicado por los fabricantes a las compañías eléctricas es próximo o superior al 60%, como prueba la factura adjunta al citado escrito de 09.10.2000 de Sclumberger.

4.3,-
Aparte de los escritos remitidos en octubre de 1984 a la DG de la Energía por Landis & Gyr Española, Siemens, Compañía de Contadores, Metrega y RIESA, en el expediente oficial de la Orden de 12.12.1984 del Ministerio de Industria, "por la que se actualizan los alquileres de los equipos de medida de energía eléctrica", los únicos documentos que contienen datos sobre precios de lista y descuentos son un escrito de FECSA y otro de Estabanell y Pahisa, pequeña compañía eléctrica que en 1984 suministraba energía a unos 40.000 clientes repartidos por tres comarcas catalanas. Por tanto, los documentos en los cuales se basó la DG de la Energía para afirmar que "los descuentos habituales (a mayoristas) son del orden del 10% y en casos excepcionales estos descuentos pueden alcanzar cifras superiores por otros conceptos, sin superar, en ningún caso, el valor del 30%"   son, obligatoriamente, los citados escritos de FECSA y Estabanell y Pahisa, los cuales analizo a continuación:

- Escrito de 04.10.1984 de FECSA al Ministerio de Industria.


En él, Vicente Martín Valero, subdirector general de FECSA, le ruega a su querido amigo Ramón Calvo, de la Subdirección General de Energía, que "tengas en cuenta las adjuntas listas de precios de contadores de Siemens y Compañía de Contadores de cara a la elaboración de la Orden Ministerial que regulará el alquiler de los equipos de medida". Dado que no contiene ningún dato relativo al descuento medio aplicado a FECSA por estos dos fabricantes, este escrito no es, evidentemente, uno de los documentos en los que la DG la Energía se basó para afirmar que "los descuentos habituales (a mayoristas) son del orden del 10% y en casos excepcionales, estos descuentos pueden alcanzar cifras superiores por otros conceptos, sin superar, en ningún caso, el valor del 30%".

- Escrito de 04.10.1984 de Estabanell y Pahisa al Ministerio de Industria:


En él, F. Estabanell Demestre le dice a su querido amigo Fernando Díaz Caneja, subdirector general de Energía Eléctrica, que "en la conversación que tuvimos anteayer comentamos lo que se refiere a los precios de alquiler de los contadores, relacionados con los precios de compra.Te acompaño fotocopia de dos facturas de Compañía de Contadores en la que podrás comprobar que el descuento que se nos aplica es del 18%.
(...) Confiamos que en breve sacareis la Orden Ministerial en relación a este asunto del precio de alquiler de contadores".

Las dos facturas adjuntas al escrito corresponden al suministro de 25 + 15= 40 contadores trifásicos.

Así pues, aparte de en los escritos remitidos en octubre de 1984 por Landis & Gyr Española, Siemens, Compañía de Contadores, Metrega y RIESA, el único documento en el que se basó la DG de la Energía para afirmar que "los descuentos habituales (a mayoristas) son del orden del 10% y  en casos excepcionales, estos descuentos pueden alcanzar cifras superiores por otros conceptos, sin superar, en ningún caso, el valor del 30%"  fue un escrito de una pequeña compañía eléctrica  que adjunta dos facturas de la Compañía de Contadores,  en las que consta un descuento del 18% por el suministro de 40 contadores trifásicos.

La DG de la Energía miente, por tanto, cuando afirma que "los descuentos habituales (a mayoristas) son del orden del 10% y en casos excepcionales, estos descuentos pueden alcanzar cifras superiores por otros conceptos, sin superar, en ningún caso, el valor del 30%".

Por otra parte, resulta sorprendente que teniendo en 1984 las grandes compañías eléctricas 13 millones de clientes y un consumo de 400.000 contadores, el único documento utilizado por la DG de la Energía para comprobar la veracidad de los datos facilitados por los fabricantes sean dos facturas por el suministro de 40 contadores a una pequeña compañía eléctrica con 40.000 clientes.

5.- En el documento se afirma que "el estudio económico adjunto está basado en la aplicación del 1.25% mensual, establecido en el Real Decreto de 18 de julio de 1984, aplicado sobre el precio a mayoristas, con lo cual las empresas deben cubrir el coste del equipo y los gastos de reposición y mantenimiento del mismo". Esta afirmación de la DG de la Energía (es decir, del Ministerio de Industria) es decisiva para probar tanto la estafa en los precios de alquiler de los contadores como  el cobro por un servicio no prestado. Y ello, porque con esta afirmación la DG de la Energía reconoce que:

- la norma que establece el método de cálculo del precio (máximo) de alquiler de un contador es el Real Decreto de 18 de julio de 1984  (es decir, la condición general 16 de la póliza de abono aprobada por el Real Decreto 1725/1984, de 18 de julio);

- el precio (máximo) de alquiler se calcula aplicando el 1.25% mensual al precio medio de mercado al que los fabricantes venden el contador a los mayoristas,  que con este precio de alquiler "deben cubrir el coste del equipo y los gastos de reposición y mantenimiento del mismo", es decir, que hablan de las compañías eléctricas, que son los únicos mayoristas que compran los contadores para alquilarlos;

- con el precio de alquiler, "las empresas (alquiladoras) deben cubrir el coste del contador y los gastos de mantenimiento y reposición del mismo". O dicho de otro modo, a cambio del cobro del precio de alquiler, las compañías eléctricas están obligadas a dar un servicio: mantener y reponer el contador.

Por mantener y reponer el parque nacional de contadores en alquiler, formado actualmente por 23 millones de unidades, las compañías eléctricas llevan cobrados más de 7.500 millones de euros desde 1984 (la cantidad se incrementa diariamente en 600.000 euros), pero no han prestado en ningún momento dicho servicio, porque, a pesar de las reiteradas advertencias del Centro Español de Metrología (la primera, de 1986), de la Comisión Nacional de Energía, de los propios fabricantes e incluso de la abogacía del Estado, el Gobierno aún no ha publicado la normativa oficial que defina cómo hay que mantener un contador y cuál es su vida útil máxima (si desea más información sobre este asunto, pulse aquí).



La falta de dicha normativa,  24 años después de ser aprobada una subida de entre el 2.081,10 y el 3.123,30% con la única y exclusiva finalidad de permitir a las compañías eléctricas "cubrir los gastos de mantenimiento y reposición" de sus parques de contadores en alquiler,  pone blanco sobre negro el servilismo del Gobierno hacia estas compañías, el cual, como es lógico, tiene un precio, ya que incluso el más servil de los lacayos cobra algo por su servidumbre. Así pues, es lógico hacer la siguiente pregunta:

¿Cuánto cobran el PSOE y el PP por no publicar la normativa oficial,  cuya falta permite a las compañías eléctricas no dar un servicio por el que llevan cobrados una cantidad que supera los 7.500 millones de euros,  y se incrementa en 600.000 euros cada día que pasa sin que el Gobierno la publique?

10.2.2- Segundo documento.
El segundo documento que prueba que el Gobierno cumplió la segunda función que tenía asignada en la estafa (dar por buenos los precios medios de mercado falsos,  remitidos por los fabricantes a la Dirección General de la Energía,  con objeto de que la estafa se cometiera a través del Boletín Oficial del Estado) es la Orden de 20.12.1984 del Ministerio de Industria, ya que los precios de alquiler indicados en la segunda columna del Anexo de esta Orden son los indicados en la cuarta columna del estudio económico adjunto al "Informe de 18.12.1984 de la DG de la Energía", los cuales, como probé en el punto anterior, fueron calculados por dicha DG sin efectuar ninguna comprobación previa,  ni de los precios de lista -a pesar de ser éstos coincidentes en los cinco fabricantes-, ni de los descuentos, muy inferiores a los reales, como reconocen por escrito los propios fabricantes.

La Orden de 20.12.1984 está firmada por el entonces ministro de Industria y después ministro de Hacienda Carlos Solchaga Catalán, quien el 03.06.1999 creó el lobby Solchaga & Recio y asociados, cuyos otros dos accionistas son José Aureliano Recio (1)  y la esposa de éste, Belén Martínez Fresneda. Uno de los clientes para los que habitualmente trabaja este lobby es Endesa, máxima beneficiaria de la estafa iniciada con la entrada en vigor de la citada Orden (dado que, como demuestran el cálculo detallado en la página siguiente y los que incluiré en las dos próximas entregas, la cantidad estafada es, al menos, la mitad de la cantidad cobrada ilegalmente por el alquiler de los contadores, la cantidad estafada por Endesa supera actualmente los 1.500 millones de euros).

(1) José Aureliano Recio fue, entre otros cargos, consejero de Economía y Fomento de la Junta de Andalucía, director general adjunto a la presidencia del Banco de Vizcaya (máximo accionista de Sevillana de Electricidad, actual Sevillana_Endesa) y consejero de Sevillana de Electricidad. Siendo consejero del Banco Bilbao Vizcaya fue llamado a declarar por el juez instructor del caso Filesa (empresa fantasma de la red de financiación ilegal del PSOE) por haber comprado a Filesa supuestos informes para el Banco de Vizcaya por 196 millones de pesetas. José Aureliano Recio declaró que la orden de compra de estos informes provino del presidente del Banco, Pedro Toledo, fallecido tiempo atrás, y, finalmente, no resultó imputado. Es hermano de Pablo Recio, quien, siendo Consejero de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía,  impuso a Sevillana de Electricidad una sanción de 12 millones de pesetas tras concluir su investigación sobre las 29 irregularidades denunciadas por los diputados Juan Carmona Infantes y Jesús Lechuga Gallego, valoradas por éstos en 20.000 millones de pesetas (si desea más información sobre este asunto, pulse aquí).

Para calcular el perjuicio ocasionado por el Gobierno a los clientes de las compañías eléctricas,  al dar por buenos los precios medios de mercado falsos remitidos por los fabricantes a la DG de la Energía,  basta con aplicar a los precios de lista,  remitidos en octubre de 1984 por los fabricantes a la DG de la Energía,  el descuento medio real aplicado por éstos a las citadas compañías.

Según demuestran numerosos documentos,  obrantes en las diligencias previas 280/2000 del Juzgado Central de Instrucción 4 (Audiencia Nacional), entre ellos, la factura adjunta al escrito de 09.10.2000 de Schlumberger a la Comisión Nacional de Energía, el descuento medio real varía entre el 59.4 y el 64.2%.

Tomando como datos de cálculo el precio de lista del contador monofásico de simple tarifa (que es el utilizado en la práctica totalidad de las viviendas y supone el 86,1% del parque nacional en alquiler),  y un descuento medio de sólo el 60%, el perjuicio económico ocasionado a cada abonado que tuviera el contador en alquiler durante el período de vigencia de la Orden de 20.12.1984 fue el siguiente:

Precio de lista= 7.660 pesetas
Descuento medio= 60%
Precio máximo de alquiler= 1.25% x 7.660 x (1 - 0.60)= 38.3 pesetas/mes

Dado que el precio de alquiler,  que figura en la segunda columna del Anexo de la Orden de 20.12.1984 del Ministerio de Industria,  es 77 pesetas/mes, la cantidad estafada (2) por las compañías eléctricas a los abonados que tuvieron el contador en alquiler durante el tiempo de vigencia de dicha Orden fue
77 - 38.3= 38.7 pesetas/mes

(2) Los fabricantes de contadores, las compañías eléctricas y el Gobierno cometieron (y continúan cometiendo, como le demostraré en las dos próximas entregas) el delito de estafa (art. 248.1 del Código Penal) ya que, con ánimo de lucro, utilizaron engaño bastante (publicaron en el Boletín Oficial del Estado unos precios de alquiler muy superiores a los máximos legalmente autorizados) para producir error en otro (el abonado que tenía alquilado el contador), induciéndolo a realizar un acto de disposición (el pago del precio de alquiler publicado en el BOE) en perjuicio propio.

Es decir, considerando un descuento medio del 60% (el descuento medio real varía entre el 59.4 y el 64.2%), la cantidad estafada mensualmente a cada abonado (38.7 pesetas) durante el tiempo de vigencia de la Orden de 20.12.1984 fue más del 50% del precio de alquiler indicado en el Anexo de dicha Orden (77 pesetas), lo cual confirma la validez de lo afirmado por Gustavo Eisenberg en el documento confidencial adjunto a su escrito de 27.11.95 a Siemens:

"En 1.984 se dictó una disposición por el MINER [Ministerio de Industria y Energía] autorizando el cobro mensual al consumidor del 1.25% del precio del contador.
Este factor se aplica sobre los precios de lista, cuando debería hacerse sobre los reales, los cuales son inferiores en un 50% o más.
Si este asunto saliera a la luz pública, podría producirse un escándalo de imprevisibles consecuencias para todos.
El Sr. Rivero  [Pedro Rivero Torre, actual presidente de UNESA, patronal de las grandes compañías eléctricas] conoce bien este problema".

Como sucede con el documento analizado en el punto 10.2.1 ("Informe de 18.12.1984 de la DG de la Energía sobre propuesta de orden ministerial por la que se revisan los alquileres de los equipos de medida de energía eléctrica" ), la Orden de 20.12.1984 del Ministerio de Industria es un documento excepcional, pues,  además de demostrar de forma fehaciente e irrebatible que el Gobierno cumplió la segunda función que tenía asignada en la estafa planificada a finales de 1983 por las compañías eléctricas y el PSOE, confirma que la única y exclusiva finalidad de la revisión de precios de alquiler aprobada por dicha Orden (que supuso un incremento de entre el 2.181,10 y el 3.123,30% de los precios vigentes anteriormente) fue

"cubrir la función económica de permitir a las empresas alquiladoras la adecuada renovación y actualización de sus parques de contadores con objeto de evitar los perjuicios que de la falta de dicha adecuada renovación y actualización se derivan para la calidad y fiabilidad de la medida"   (párrafo primero de la Orden de 20.12.1984).

Por tanto, si la única y exclusiva finalidad de los precios de alquiler aplicados,  a partir de la entrada en vigor de la Orden de 20.12.1984 del Ministerio de Industria,  es "cubrir la función económica de permitir a las compañías eléctricas la adecuada renovación y actualización de sus parques de contadores" y dicha "adecuada renovación y actualización"  no ha tenido lugar,  porque el Gobierno aún no ha publicado la normativa que defina en qué consiste tal servicio a pesar de haber transcurrido 24 años desde la citada entrada en vigor, el cobro del precio de alquiler es ilegal, ya que es un cobro por un servicio no prestado por causas que no son en absoluto imputables a quienes tienen que recibirlo (apartado V.21 de la Disposición adicional primera de la Ley 26/1984, de 19 de julio, general para la defensa de los consumidores y usuarios, y artículo 17.bis de la Ley 44/2006, de 29 de diciembre, de mejora de la protección de los consumidores y usuarios).

La cantidad que las compañías eléctricas llevan cobrada ilegalmente por el alquiler de los contadores supera los 7.500 millones de euros y se incrementa en 600.000 euros cada día que pasa sin que el Gobierno publique la normativa oficial que defina en qué consiste "la adecuada renovación y actualización"  de un parque de contadores.


De dicha cantidad, al menos la mitad,  ha sido estafada a través del BOE, como ya he explicado en las cuatro últimas entregas y continuaré explicándole en las dos próximas. Evidentemente, la estafa no podría haberse materializado si el PSOE no hubiera puesto a su servicio  la Administración Pública y, sobre todo, el BOE, debido a lo cual, desde el 30.12.1984, fecha de entrada en vigor de la Orden de 20.12.1984 del Ministerio de Industria, las siglas BOE significan tanto Boletín Oficial del Estado como Boletín Oficial de los Estafadores.

Como una de las funciones de esta página web es identificar a aquellas personas cuya avaricia, ineficacia, servilismo,  o corrupción,  provocaron que la estafa se iniciara y/o  provocan que esta estafa continúe,  a pesar de haber sido reconocida por el propio Gobierno en escrito de 09.03.2007 al Congreso.  y ser tan burda que ha sido detectada en 45 minutos por alumnos de primero de Bachillerato,  con tan sólo dos de los cientos de documentos obrantes en la Audiencia Nacional, a partir de la primera entrega del apartado IMPLICADOS,  incluiré una lista en la que iré detallando los nombres de estos responsables.

Le adelanto que en la citada lista estarán incluidos los nombres de los tres responsables directos de que la Orden de 20.12.1984 del Ministerio iniciara la estafa, al publicar en su Anexo unos precios de alquiler calculados a partir de los datos falsos remitidos en octubre de 1984 a la DG de la Energía por Landis & Gyr, Siemens, AEG, Compañía de Contadores, Metrega y Riesa:

Fernando Díaz Caneja, subdirector general de Energía Eléctrica, firmante del "Informe de 18.12.1984 sobre propuesta de Orden ministerial por la que se revisan los alquileres de los equipos de medida de energía eléctrica".

Carmen Mestre Vergara, directora general de la Energía, firmante del "Informe de 18.12.1984 sobre propuesta de Orden ministerial por la que se revisan los alquileres de los equipos de medida de energía eléctrica".

Carlos Solchaga Catalán, ministro de Industria, firmante de la Orden de 20.12.1984.

Por supuesto, si algún juez o fiscal leyera lo expuesto en esta página web y considerara que de los documentos incluidos en ella se desprenden indicios de la comisión de uno o varios delitos, quedo a su completa disposición para facilitarle la información suplementaria que necesite para cumplir su obligación de "controlar la legalidad de la actuación administrativa, así como el sometimiento de ésta a los fines que la justifican"  (art. 106.1 de la Constitución) y "promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley"  (art.124.1 de la Constitución).

PRÓXIMA ENTREGA
En la próxima entrega, que tengo previsto publicar el 13.10.2008, le explicaré cómo el Gobierno y las compañías eléctricas hicieron innecesario que los fabricantes remitieran periódicamente datos falsos al Ministerio de Industria y qué artimaña utilizó el Gobierno para, a pesar de no recibir ya  estos datos, seguir cometiendo la estafa a través del BOE.

Antonio Moreno Alfaro, publicado el 6 de octubre 2008, en www.estafaluz.com

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08/10/2008 18:52. Editado por Gatopardo enlace permanente. ANTONIO MORENO ALFARO

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