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ANTONIO ESCOHOTADO: HISTORIA DE LAS DROGAS


4. La penetración de lo ilegal en la ley.

En los países producto­res hay una complicidad inextricable entre traficantes e institucio­nes. La versión de un inglés que estuvo preso durante algún tiempo en La Paz sería escandalosa si no fuese extremadamente veraz:
«Toda la farsa de la "guerra a la droga" nace de una deliberada mistificación de la realidad política. Cuando se subraya la amenaza a las instituciones que supondría la estructura de poder "paralela" de la delincuencia, la opinión común busca negar lo que ya es completamente obvio, esto es, que los intereses del contrabando han prevalecido ya, han logrado ya penetrar, corromper y subvertir el entero tejido del Estado [...] La situación real es que ningún gobierno puede permitirse renunciar al control sobre el tráfico de la droga, y que en casi todos los casos donde se ha dado amplia publicidad a un episodio de corrupción individual era para encontrar un chivo expiatorio o adquirir alguna ventaja moral sobre adversarios políticos» 56.
En Colombia, por ejemplo, la institución de los llamados «tribu­nales especiales militares» no sólo parece ligada a una arrogación del derecho a definir la legalidad en materia de tráfico, sino a la necesidad de sostener mecanismos de arbitraje para conflictos in­ternos entre las principales organizaciones. Más exactamente:
«La campaña antidroga ha servido solamente como cortina de humo para esconder un incesante y vasto proceso de monopolización del tráfico [...] gestado en el seno de las mismas organizaciones que se proponían combatir la "amenaza". La consecuencia es que el período de mercado libre en Colombia constituye un mero recuerdo, y en su lugar se desarrolla un nuevo tipo de cártel de la cocaína, bien engrasado y altamente eficaz» 57.
Tanto en Colombia como en los demás países comprometidos con la erradicación de la coca y sus derivados ha llegado a montarse lo que Arnao llama una «política de represión selectiva», orientada a liquidar el pequeño tráfico y la producción artesanal. Las ventajas del sistema son evidentes, ya que el periódico descubrimiento de alijos y laboratorios proporciona a las fuerzas policiales y militares una fachada de respetabilidad y observancia de los compromisos internacionales, mientras a la vez consolida precios monopolísticos para el gran tráfico. Por una triste aunque previsible ironía, los bene­ficios de la prohibición siguen sin rozar a los cultivadores indígenas, que deben soportar plagas químicas y condenas a perpetuidad cuan­do no venden la materia prima del negocio a precios irrisorios, para que el cártel oligárquico-militar de cada país perpetúe sus privile­gios. Por lo mismo, «el intento de ilegalizar un vicio individual se ha resuelto en la creación de una ilegalidad estructurada para el disfrute de ese vicio, y en la infiltración de la ilegalidad en las instituciones» 58. Puede servir de ejemplo, entre la infinidad de noticias aparecidas so­bre el particular, una de Venezuela, país marginal en la producción y distribución de cocaína. Cierto magistrado ha sido destituido por poner en libertad a siete traficantes que detentaban 106 kilos de co­caína, y habían exportado ya más de 40 a Estados Unidos, cuando estaban cumpliendo una larga condena.
«El ministro de Justicia, José Manzo, dijo al respecto que él elaboró un informe al presidente Jaime Lusinchi en el que denuncia más de 400 casos ocurridos últimamen­te, análogos al que acaba de protagonizar el magistrado Silva Garrido» 59.
Pero no hace falta ir a Latinoamérica para hallar casos semejan­tes. En España todavía está fresco el recuerdo de un juez de ins­trucción y un magistrado del Tribunal Supremo que fueron separa­dos de la carrera judicial —el primero sólo temporalmente— por poner en libertad al mafioso Bardellino. Más recientes aún son acu­saciones hechas por la policía y la magistratura sueca, que implican al gobernador civil de Sevilla y a miembros de la Brigada de Estupe­facientes de la Costa del Sol con un confidente suyo, de nacionali­dad alemana, acusado de introducir en Suecia 20 kilos de cocaína 60.
Una sentencia dictada en Estocolmo considera hechos probados que los servicios del confidente «se pagaban con partidas de cocaína decomisadas por la policía española, luego comercializadas en Suecia y en la RFA» 61. Algo después,  un subcomisario de policía es dete­nido con un kilo de esta sustancia, en un asunto que implica a un senador socialista y al delegado del Gobierno de Melilla 62. No sería difícil acumular docenas de casos análogos en otros países europeos. Por lo que respecta a Estados Unidos, es difícil encontrar un solo día sin alguno. Entre la apertura y la conclusión del sonado juicio contra D. Steinberg, por ejemplo, a quien se acusó de introdu­cir unas mil toneladas de marihuana en el país, el fiscal fue separado dos veces del cargo (la primera por barbitúricos y conducción en estado alcohólico, la segunda por consumo de cocaína) y el princi­pal policía responsable de su detención fue expulsado del cuerpo por sugerir a un colega el tráfico de cocaína, cuando en años an­teriores había «perdido» un kilo, y luego kilo y medio de dicha sustancia 63.
Sin embargo, en América Central y Meridional la situación no puede equipararse a la europea o a la norteamericana, ni cualitativa ni cuantitativamente. No es lo mismo cerrar los ojos —por dinero, desde luego— al tráfico de un bien que se exporta y cerrar los ojos al de un bien importado, pues lo primero proporciona divisas y lo se­gundo las enajena. Tampoco es análogo prohibir algo espontánea­mente que prohibirlo en virtud de chantajes políticos. La peculiar relación que guardan América del Norte y América del Sur a partir del primer Roosevelt perpetúa un cuadro de rencores y desprecios, apoyado a nivel estadounidense por el esquema de comprar mate­rias primas baratas y devolverlas en forma de manufacturas caras, sosteniendo gobiernos de fuerza que impidan movimientos políti­cos de signo socialista o radical en su vecindad. El gigante económi­co y militar norteamericano ha promovido sistemáticamente la corrupción desde el Río Grande hacia abajo, y ahora recoge la cose­cha de esa siembra. Su cruzada imperial contra ciertas drogas ofrece a los débiles un imprevisto ojo por ojo, que entienden de igual ma­nera Bolivia y Nicaragua, Cuba y Costa Rica, Colombia y Panamá, México y Brasil. Latinoamérica es sencillamente ajena a la constela­ción wasp, ajena al apostolado de Brent y sus sucesores, lo cual sig­nifica que se aprovechará de ella tal como aprovechó Inglaterra la prohibición china.
Dada la extendida corrupción y el fuerte tráfico de marihuana, pasta base de coca y cocaína que caracteriza prácticamente a todo el hemisferio suramericano, un razonamiento elemental deduciría que las leyes son permisivas o siquiera poco severas con esta cues­tión. Pero una ecuación inexorable —y, a la postre, muy comprensi­ble— liga el gran comercio de drogas ilícitas con la severidad legis­lativa, pues cuando los traficantes están imbricados en la propia maquinaria estatal se protegen de competidores menos recomenda­dos con un derecho draconiano. Esto es manifiesto entre los princi­pales productores de opiáceos en Oriente —Siria, Turquía, Persia, Afganistán, Pakistán, Birmania, Tailandia, Indonesia y Malasia apli­can la pena de muerte—, y se observa igualmente en Latinoamérica con los productores y exportadores. Argentina, Bolivia, Brasil, Chi­le, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Perú y Venezuela no sólo castigan duramente la producción y el tráfico, sino la simple tenencia y el consumo 64. En Venezuela, por ejemplo, donde el pro­pio ministro de Justicia reconoce unos cuatrocientos casos de so­borno entre magistrados «últimamente», la posesión puede ser puni­ble con condenas de hasta diez años, y el cultivo o tráfico con veinte; en Argentina y Costa Rica las penas pueden llegar a los quince años, y en México, Bolivia o Colombia el traficante tiene muy altas proba­bilidades de morir antes incluso de llegar a prisión, si no posee los debidos salvoconductos, expedidos por la autoridad en funciones. En realidad, esto último puede extenderse a todos los países del hemisferio, donde quizá sólo la posesión de un pasaporte norteame­ricano protege en cierta medida.
Aunque Estados Unidos siga esgrimiendo como tesis básica la «invasión» padecida a manos de extranjeros, es curioso que sea el país con más nacionales encarcelados en Latinoamérica por tráfico de drogas ilícitas. Ya antes de comenzar los años ochenta unos 2.000 norteamericanos se encontraban en dicha situación, y la DEA ex­presaba un ferviente aunque equívoco deseo de «rescatarlos» 65. Un nivel máximo de corrupción y una severidad máxima de las leyes florece con nitidez en los propios Estados Unidos; Arizona y Flori­da, los dos Estados que reciben más importaciones de drogas ile­gales, son los únicos que tienen en vigor pena de muerte para el tráfico. En el caso de Florida al menos, la eficacia de esa medida para grupos distintos de las verdaderas mafias no acaba de ser per­ceptible para nadie: sus ciudades se encuentran sencillamente ati­borradas de cocaína.
Por otra parte, para los países situados al sur del Río Grande, suspender la exportación al vecino septentrional representaría una catástrofe, aunque la mayoría de esos beneficios acabe en bancos europeos, cuando no reinvertido en Norteamérica. El informe de la Operation Cashflow, hecho en colaboración por la DEA, la CIA y el NSC (National Security Council) en 1985, sugiere que México y Co­lombia obtienen «el 75 por 100 de sus ingresos totales por exporta­ción de la marihuana y la cocaína» 66. Panamá —principal banquero inmediato de las divisas resultantes— recibe cada año miles de mi­llones de dólares en depósitos. La cocaína parece haber unido a an­ticastristas y casuistas, sandinistas y Contra, guerrillas y oligarquías. Se diría que para América Latina la tragedia es no acabar de enri­quecerse tampoco con este colosal negocio, cuya parte principal se distribuye dentro de un círculo que en vez de colaborar con el pro­greso de cada país conspira contra él.

a. Un apunte sobre las riendas del asunto.

Allí donde ha sido posible descubrir redes de grandes traficantes —como la de A. Sicilia-Fal­cón y la de A. Rivera— han aparecido embarazosas conexiones no sólo de esos gangs con los más altos peldaños políticos de sus respec­tivos Estados, sino con servicios secretos que llegan en sus ramifi­caciones hasta la Casa Blanca. Estas conexiones podrían deberse a un ánimo inmediato de lucro, pero quizá son explicables también como la conducta de quien se limita a aceptar algo considerado inevitable, a fin de poder orientarlo hacia una meta defendida hace mucho tiempo, como sostener grupos antirrevolucionarios haciendo fluido el intercambio de drogas por armas e influencia.


Esto es lo que acontece con la heroína en Afganistán, Pakistán, el Triángulo Dorado y Tailandia. Todo indica que acontece igual­mente en América Latina con la cocaína. Sicilia-Falcón, por ejem­plo, fue originalmente un anticastrista que luego renovaba su pasa­porte en Cuba, invertía en bancos suizos y rusos, estaba infiltrado por la CIA y se movía con perfecta impunidad en México con un carnet de agente especial de Gobernación, el superministerio del que suelen ser titulares todos cuantos luego accedieron a la Pre­sidencia. Quien montó las primeras operaciones escabrosas en rela­ción con cocaína y financiación del anticastrismo fue T. Shackley 67, director de la división de operaciones secretas de la CIA y segundo de W. Colby en este organismo. Ambos habían intervenido en ope­raciones semejantes cuando estuvieron destinados en Saigón, y am­bos colaboraron en echar tierra sobre el asunto de la World Finance Corporation en Florida. El siguiente director general fue G. Bush, cuyo asesor particular para asuntos de seguridad nacional ha sido acusado de actuar como contacto entre Washington y el cártel de Medellín, en un intercambio de financiación a la Contra nicaragüen­se por salvoconductos para introducir cargamentos de cocaína desde Colombia a Estados Unidos 68. Una extraña empresa llamada Arms Supermarket —donde participaban, entre otros, el Mossad israelí, el general Noriega y el teniente coronel O. North, agente del selec­tísimo Consejo de Seguridad Nacional americano— fue el primer proveedor de la guerrilla antisandinista, antes de montarse la famo­sa conexión Irán-Contra. Se conserva, por ejemplo, una nota autó­ grafa de North —el 12 de julio de 1985— con las palabras: «cuando Supermarket termina mal, $ 14 M[illones] para financiar de droga» 69. Pero Bush era y es un miembro del Consejo de Seguridad Nacional también, y cuando Estados Unidos trató de expulsar a Noriega de Panamá parecía inminente su caída hasta que un día el general pa­nameño convocó a la prensa para decir escuetamente: «Tengo a Bush cogido por las pelotas» 70.
Poco después, la arrogancia —o el peligro de tener a Noriega en libertad— provoca la sangrienta invasión del país, que destruye ba­rrios enteros de la capital y termina con la captura del dictador. Quien se instala como nuevo hombre fuerte de Panamá —el voluminoso Guillermo Endara— será pronto acusado por la DEA de conexio­nes con el narcotráfico, y el país sigue siendo un líder mundial en el blanqueo de ese dinero.
Sea como fuere, el subcomité de Relaciones Exteriores del Con­greso americano, presidido por el Senador J. Kerry, ha dicho que tiene varios testimonios «comprobados» sobre el detalle de las ope­raciones hechas antes y después del Irangate. Según Kerry, «está muy claro que en el abastecimiento a la Contra hubo dólares del narco­ tráfico»71. Los pilotos identificados hasta ahora introducían en Es­tados Unidos —usando itinerarios y pistas facilitados por la CIA— avionetas cargadas con quinientos kilos de cocaína en cada viaje. Desde 1982, Bush dirige el plan llamado Estrategia Federal Contra las Drogas.
Es posible que en este terreno el tiempo depare revelaciones to­davía más sorprendentes, y lo hasta hoy conocido acabe siendo una menudencia. Dicen que en 1986 se descubrió un enor­me complejo agrícola mexi­cano, con más de siete mil campesinos siervos y casi diez millones de kilos de marihuana almacenados 72. Una cantidad semejante —ocho veces superior a la producción anual del país, a juicio de la DEA hasta en­tonces—, no parece posible sin artillería antiaérea, ejércitos informales y mucho apoyo político en todas las esferas. Por otra parte, en México la Procuraduría General de la República acaba de declarar que «nuestro país dedica casi una tercera parte de sus fuerzas arma­das y más de medio millón de dólares diarios para poner freno al tráfico de drogas, que está reconocido aquí como la principal ame­naza contra la seguridad nacional»73. Debe añadirse, quizá, que se­gún los mexicanos el negocio de la marihuana está controlado por el ejército precisamente, y el gobierno por la CIA.
Militares o no, empresarios de este calibre ascienden pagando impuestos a corporaciones (como Jardine los pagaba a Bulwer Lytton y Palmerston), y caen a consecuencia de impuestos que las corpora­ciones se pagan unas a otras, de tanto en tanto. En Colombia, donde los grandes traficantes son enemigos de la DEA pero amigos de la CIA, sus grupos paramilitares asesinaron en 1988 a unas 3.300 per­sonas por asuntos de droga, según American Watch, una filial de Amnistía Internacional 74.
(Texto citado:  páginas 206-214 del Tomo 3)

Autor: Antonio Escohotado
Título: Historia de las drogas. (3 tomos) (1ª edición: 1989)
Alianza Editorial. El libro de bolsillo
Edición online e.book:  
Historia-General-de-Las-Drogas-Antonio-Escohotado-eBook

NOTAS

56 Antonil, 1978, pág. 95.

57  Ibíd, pág. 79

58 Arnao, 1980, pág. 75.

59
I.. Vinogradov, Caracas, «Juez venezolano pone en libertad a siete narcotraficantes», El País, 21-9-1987, pág. 26.

60
Cfr. E. Roig, «Un general investiga las acusaciones sobre la relación de guardias civiles con el tráfico de drogas», El País, 3-7-1987, pág. 14.

61
R. Romero, Estocolmo, «La red introducía droga en Suecia y la RFA», El País, 3-7-1987, Pág 15.

62 Cfr. A. Torres, «Petición de cuatro años de cárcel para un policía por tráfico de cocaína», El País, 28-5-1988.

63 Cfr. Mills, 1987, págs. 442 y 1093-1099.

64 Cfr. García Méndez, 1987, págs. 143-146.

65  Cfr. «The role of DEA overseas», Drug Enforcement, 4, 3, 1977.

66 Cfr. Mills, 1987, pág. 1134.

67 Cfr. Kwitny, 1987, pág. 97

68. Cfr. R. Parry y R. Nordland, 1988, pág. 24.

69 Cfr. R. Parry y R. Nordland, 1988, pág. 25. 

70 Ibíd.

71 Efe, Washington, «Un protegido de la CIA llevaba armas a la "contra" y volvía con cocaína», El País, 9-4-1988, pág. 2.

 

Dibujo de portada: Power O’Malley
Foto: Noriega, presidente de Panamá, es fichado en una comisaría de Miami acusado de narcotráfico

13/05/2009 18:09. Editado por Gatopardo enlace permanente. RECOMENDAMOS

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