Poco se habla del fraude  a la Seguridad Social,  si no es para referirse  a los trabajadores  que tratan de alargar las bajas  por enfermedad o accidentes de trabajo. Bendita prensa, benditos periodistas, y benditos miembros del Congreso,  y benditos Gobiernos, aquejados de una ceguera selectiva que les impide percibir el desfalco sistemático que cometen  las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales con lo que se evitan la tentación de tratar de pararlo.
Según el Real Decreto Legislativo 1/1994,  las Mutuas de Accidentes de Trabajo son asociaciones empresariales sin ánimo de lucro, y se financian a través de las cuotas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, que recauda  la Tesorería General de la Seguridad Social. Traducido al español fetén, esto quiere  decir, que es un nido de siluros poco amigos del trabajo, con intereses espurios, donde lucrarse a costa del Erario Público sin tasa, sin disimulo y sin pudor , con el beneplácito de sus compinches en el Gobierno.
En  sucesivos informes de fiscalización, desde 1995, el Tribunal de cuentas ha señalado  numerosas irregularidades en las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, como, por ejemplo:

• Los contratos de obra y suministro que realizan no se han ajustado a las normas legales de  concurrencia y publicidad
  
• En el personal y los directivos, así como en las empresas contratadas,  existen  múltiples  supuestos de incumplimiento del régimen de incompatibilidades El personal y los altos cargos han realizado actividades privadas prohibidas por el ordenamiento jurídico,  y han creado un entramado societario  para prestar sus servicios, prácticamente en exclusiva, para las Mutuas que éstos dirigen o para las que trabajan.
  
• Esta forma de actuar ha supuesto una utilización impropia de los recursos públicos y del patrimonio de la Seguridad Social mediante una gestión de la contratación en la que los intereses privados se han solapado con el interés público, generando un beneficio económico antijurídico a quienes eran responsables de su gestión. Ha llevado  a cabo operaciones distintas a aquellas a las que deben limitar su actividad.
• Ha distribuído beneficios económicos entre los asociados. 
• No ha imputado  a las empresas creadas por los directivos y contratadas, sino a las Mutuas,  los costes derivados de sus actividades.
• Los trabajos y contratos externos contratados por las mutuas no se corresponden con la facturación de los servicios cobrados a la Seguridad Social, incluso duplicando las facturas.
• Algunas de estas empresas  han cobrado con cargo a la Seguridad Social por trabajos y servicios que nadie ha podido demostrar que hayan sido realizados.
• Etcétera...

Quienes se encuentran en las juntas directivas de las Mutuas (veáse  ASEPEYO, UNIVERSAL MUGENAT, COSTAISA, S.A,  PREVISORA GENERAL, MUTUALIDAD DE PREVISIÓN SOCIAL A PRIMA FIJA, PREVISORA GENERAL DE INVERSIÓN S.L.U, AURA GLOBAL S.L, IURIS ASSESSORS I GESTORS, S.L, GESTION Y TRANSMISIÓN DE SOCIEDADES, S.L., GESTION Y TRANSMISIÓN DE SOCIEDADES EXPANSIÓN, S.L., TRANSMISION DE SOCIEDADES URGENTES S.L., SANTA ISCLA UNIÓN, S.A., AGRUPACION DE CENTROS Y SERVICIOS PARA MEDICINA Y SALUD, S.L, UNIDES PREVISIÓN, A.I.E., GRUPO PREMESER, A.I.E, RESTON CONFORTING, S.L., RIGOS STAR PROMOTOR, S.L, TELEMÁTICA INTERACTIVA SERVINET, S.L, etc) son los mismos viejos conocidos de siempre, por encima de los rigores de la Ley y la Justicia de este país, interrelacionados con la mafia política y financiera que se lucra de la corrupción generalizada y la promueve a lo largo de las décadas y los sucesivos gobiernos.
Por donde pasan se llevan hasta los alacetes.
¿Y la Fiscalía Anticorrupción, contra los delitos económicos?  Muy bien, gracias.

Gatopardo

Copio desde la página 28 hasta la página 63 del "Informe de Fiscalización sobre los procedimientos de contratación de las Mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social",   realizado por el Tribunal de Cuentas:

II.4. CONCLUSIONES

II.4.1. Conclusiones generales referentes al cumplimiento por las Mutuas del marco normativo aplicable

1. Las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social no han ajustado, en general, su gestión contractual a los principios de objetividad y transparencia a los que deben adecuar su gestión económico financiera todos los sujetos integrantes del Sector Público estatal, incluidas las Mutuas (artículo 69.1 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria).
En especial, las Mutuas no han promovido concurrencia ni publicidad alguna en su contratación, eludiendo así unas de las principales formas de garantizar no sólo la objetividad y la transparencia en su gestión, sino también los principios de eficiencia y economía en la contratación, tal y como ha venido advirtiendo este Tribunal de Cuentas en relación con la contratación de las Mutuas desde el ejercicio 1995, en diversos y sucesivos Informes de Fiscalización (Apartado III.1).

2. Las Mutuas quedaron sujetas directamente, por primera vez a partir del 1 de enero de 2007, a las prescripciones del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas relativas a la capacidad de las empresas, publicidad, procedimientos de licitación y formas de adjudicación para los contratos que superaran determinados umbrales cuantitativos -contratos de obras de cuantía igual o superior a 5.278.000 euros o 5.150.000 euros en la actualidad, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, y contratos de suministro, de consultoría y asistencia y de servicios de cuantía igual o superior a 211.000  euros o 206.000 euros en la actualidad, con exclusión, igualmente, del referido Impuesto-, en virtud de la ampliación del ámbito subjetivo de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, operada por la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2007.

Sin embargo, esta reforma acometida en el año 2007 se ha manifestado, en la práctica, inoperante para el sector de Mutuas, debido a los elevados umbrales cuantitativos fijados por la Ley.
Así, en las fechas comprendidas entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2007, sólo se habían iniciado dos expedientes de contratación que superaran los referidos umbrales cuantitativos en todo el sector de Mutuas (Epígrafe III.1.1.2).

3. La aprobación de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, ha supuesto la reforma en profundidad de los procedimientos de contratación de las Administraciones Públicas y de las entidades de ellas dependientes, en general, y de las Mutuas, en particular, y, a juicio de este Tribunal de Cuentas, ha de suponer un importante avance en la transparencia de las actividades contractuales de las Mutuas.
Esta Ley regula la adjudicación de los contratos de los entes, organismos y entidades concebidos como “poder adjudicador”, entre los que se encuentran las Mutuas, tanto para los contratos sujetos a regulación armonizada, como para los que no alcancen los umbrales cuantitativos exigidos a éstos (los ya señalados 5.150.000 euros para los contratos de obras y 206.000 euros para los contratos de suministros, de consultoría y asistencia y de servicios).
Para los contratos sujetos a regulación armonizada regirán, con carácter general, las normas de adjudicación de los contratos de las Administraciones Públicas. Para los contratos cuyas cuantías económicas no superen los umbrales cuantitativos fijados en los sujetos a regulación armonizada, la adjudicación estará sometida, en todo caso, a los principios de publicidad, concurrencia, transparencia, confidencialidad, igualdad y no discriminación; las entidades afectadas aprobarán unas instrucciones, de obligado cumplimiento en el ámbito interno de las mismas, en las que se regulen los procedimientos de contratación, que deben ponerse a disposición de todos los interesados en participar en los procedimientos de adjudicación de contratos regulados por ellas, o publicarse en el perfil de contratante de la entidad; y se entenderán cumplidas las exigencias derivadas del principio de publicidad con la inserción de la información relativa a la licitación de los contratos cuyo importe supere los 50.000 euros en el perfil del contratante de la entidad.
La mejora en los procedimientos de contratación de las Mutuas sólo será posible si se asegura el estricto cumplimiento de la Ley en los contratos que superen los referidos umbrales y si se garantiza, para todos los demás, la aplicación efectiva de los principios señalados en el párrafo anterior, a través de las instrucciones internas de contratación que han de elaborar las Mutuas, en cumplimiento del artículo 175 de la Ley de Contratos del Sector Público (Subapartado III.1.2).

4. Se ha detectado la existencia de múltiples supuestos de incumplimiento del régimen de incompatibilidades, previsto en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, que afecta también al personal de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social 7:

 El régimen de incompatibilidades del personal al servicio de las Mutuas es el contenido en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, y en su Reglamento de desarrollo, el Real Decreto 598/1985, de 30 de abril, sobre Incompatibilidades del Personal al Servicio del Estado, de la Seguridad Social y de los Entes, Organismos y Empresas Dependientes.
Este régimen de incompatibilidades hace referencia no sólo a aquellas personas que desempeñando una actividad laboral o puesto de trabajo en el Sector Público, pretendan ejercer una segunda actividad laboral, sea ésta pública o privada, sino a la prohibición de realizar actividades privadas que se relacionen con la entidad en donde estas personas estuvieran destinadas. En concreto se pueden destacar las siguientes prohibiciones: desempeñar actividades privadas que se relacionen con los asuntos en que estas personas estén interviniendo por razón de su puesto de trabajo en el Sector Público; pertenecer a Consejos de Administración u órganos rectores de sociedades cuya actividad esté relacionada con la de la entidad en donde presten sus servicios estas personas; ejercer cargos en sociedades concesionarias, contratistas de obras, servicios o suministros, o arrendatarias; o participar en más de un 10% en el capital de estas últimas sociedades (Subapartado III.3.1).

Este régimen de incompatibilidades se complementa, en el supuesto de los Directores Gerentes y Altos Cargos de las Mutuas, con unos supuestos de incompatibilidad adicionales establecidos en la Ley General de la Seguridad Social, derivados de la relación singular existente entre las Mutuas y sus empresas asociadas (no podrá ostentar el cargo de Director Gerente quien pertenezca al Consejo de Administración o ejerza cualquier actividad remunerada en cualquier empresa asociada, o quien posea una participación igual o superior al 25% de su capital social, o quien tramite por cuenta de la Mutua, convenios de asociación para la cobertura de las contingencias profesionales).
Este régimen singular que afecta a los Directores Gerentes y altos cargos de las Mutuas, tiene una naturaleza distinta al régimen general que resulta aplicable al resto de su personal, ya que no contempla auténticos supuestos de incompatibilidades, sino más bien de inhabilidad, inelegibilidad o prohibición de designación (Subapartado III.3.3).

Sin embargo, ni las propias Mutuas afectadas han iniciado los expedientes disciplinarios que hubieran resultado oportunos, ni por parte del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (actualmente denominado Ministerio de Trabajo e Inmigración) se ha instado su incoación.
La existencia de numerosos supuestos en los que las actividades desarrolladas bien por los Directores Gerentes o altos cargos de las Mutuas, bien por el resto de trabajadores de las Mutuas, han conculcado el régimen de incompatibilidades y han colisionado abiertamente, en muchos casos, con los intereses de las Mutuas, debería haber motivado la incoación de los correspondientes expedientes disciplinarios -el artículo 60.3 j) del Convenio Colectivo del sector de Mutuas tipifica como infracción muy grave “desarrollar una actividad, por cuenta propia o ajena, que esté en concurrencia desleal con la actividad de la empresa”-, y, en el supuesto de actuaciones de sus altos cargos, el establecimiento de la responsabilidad, en su caso, exigible en los Estatutos de cada Mutua.
Consecuencias disciplinarias y de derecho administrativo que, derivadas de la existencia de supuestos de incompatibilidades ligadas a la contratación en la que concurran intereses privados que colisionen con los intereses públicos, deben entenderse sin perjuicio de la posible existencia de otro tipo de responsabilidades, contables, civiles o penales, cuando concurran los requisitos constitutivos de unas u otras.
Así, como se verá a lo largo del presente Informe, algunos responsables de la gestión de las Mutuas, se habrían prevalido de sus cargos como responsables de la contratación de las Mutuas para, directamente o mediante influencia, asegurar la adjudicación sistemática de contratos en beneficio de empresas en las que a su vez tenían intereses directos o indirectos, todo ello a costa del presupuesto de la Seguridad Social (Apartado III.3).

5. En efecto, la falta de incoación de expedientes disciplinarios y de exigencia de responsabilidades, ha contribuido a que, con cierta frecuencia, el personal al servicio de las Mutuas haya realizado actividades privadas prohibidas por el ordenamiento jurídico, en ocasiones mediante la creación de sociedades vinculadas a altos cargos u otro personal de las Mutuas, sociedades que prestan sus servicios, prácticamente en exclusiva, para las propias Mutuas que éstos dirigen o para las que trabajan, tal y como se pone de manifiesto a lo largo del presente Informe (Subapartado III.4.2).
Esta situación ha supuesto una utilización impropia de los recursos públicos y del patrimonio de la Seguridad Social mediante una gestión de la contratación en la que los intereses privados se han solapado con el interés público, generando un beneficio económico antijurídico a quienes eran responsables de su gestión.
Además, con la entrada en vigor de la Ley 30/2007, de Contratos del Sector Público, el pasado mes de mayo de 2008, plenamente aplicable al sector de Mutuas, el incumplimiento del régimen de incompatibilidades del personal al servicio de las Mutuas constituirá uno de los supuestos de prohibición para contratar con las entidades del Sector Público.
Por consiguiente, tras la ya producida entrada en vigor de la Ley de Contratos del Sector Público, la infracción del régimen de incompatibilidades por parte del personal de las Mutuas no sólo llevará aparejada la sanción que corresponda al infractor, sino la nulidad de pleno derecho de los contratos que hayan podido ser celebrados por las Mutuas con las personas, físicas o jurídicas, en quien concurra esta causa de prohibición para contratar, circunstancia que debe ser vigilada no sólo por las Mutuas, sino también por los órganos de control y tutela sobre las Mutuas del Ministerio de Trabajo e Inmigración (Subapartado III.3.1).

6. Las Mutuas no realizan suficientes controles sobre los posibles incumplimientos de su personal facultativo del régimen de incompatibilidades del personal al servicio del Sector Público y no efectúan control alguno sobre las incompatibilidades que pudieran afectar al personal facultativo externo, que presta sus servicios a través de contratos de arrendamiento de servicios o a través de sociedades cuyo objeto social es la prestación de asistencia sanitaria.
En este sentido, este Tribunal de Cuentas ha podido constatar la existencia de, al menos, ochenta y dos  supuestos de incompatibilidades entre el personal facultativo que presta sus servicios en siete de las ocho Mutuas incluidas en la muestra (Subapartado III.3.2).
El incumplimiento del régimen de incompatibilidades del personal facultativo que presta servicios para las Mutuas, ya ha sido puesto de manifiesto por este Tribunal de Cuentas en diversos Informes de Fiscalización –véase, por ejemplo, el “Informe de Fiscalización de los Centros Mancomunados de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social. Ejercicio 1996”, aprobado por el Pleno del Tribunal de Cuentas el 28 de junio de 2000-.
Sin embargo, ante la situación de escasez de personal facultativo en el sector sanitario español, y a la vista de las líneas de actuación ya emprendidas desde diversos ámbitos sanitarios públicos, para dar solución a la insuficiente oferta de personal facultativo (véanse las medidas adoptadas por la Generalitat de Cataluña, por la Comunidad de Madrid, y, más recientemente, por la Comunidad Autónoma de La Rioja, que han declarado la compatibilidad para el desempeño de un segundo puesto de trabajo de carácter asistencial en el sector público sanitario por razones de interés público), este Tribunal de Cuentas considera necesario que, por parte del Ministerio de Trabajo e Inmigración, se promuevan, en coordinación con otros Departamentos Ministeriales, en su caso, las reformas legales o reglamentarias que permitan superar y resolver el actual conflicto existente entre dos intereses públicos legítimos –el estricto cumplimiento de la legalidad vigente aplicable al régimen de incompatibilidades, por un lado, y la efectiva prestación del servicio público, por otro, garantizando la cobertura de la asistencia sanitaria que las Mutuas tienen atribuida-.

II.4.2. Conclusiones que afectan a la tutela administrativa ejercida por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales

1. La Ley General de la Seguridad Social establece, en su artículo 5, que corresponde al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales “la dirección y tutela de las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social, así como de las entidades que colaboren en la gestión de la misma”.
La facultad de dirección y tutela de las Mutuas se hace efectiva a través de, entre otras competencias, la exigencia de autorizaciones administrativas previas a la realización de una serie de operaciones de contenido económico por parte de estas Entidades Colaboradoras, todas ellas detalladas a lo largo del Reglamento sobre colaboración en la gestión, aprobado por Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre.
Este régimen de autorizaciones administrativas previas adolece, a juicio de este Tribunal de Cuentas, de las siguientes deficiencias:

* Las autorizaciones previas exigidas por la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, en su artículo 12, o, desde el mes de mayo de 2008, por la Ley de Contratos del Sector Público, en su artículo 292, para la celebración de los contratos por las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social –autorización del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, actualmente Ministerio de Trabajo e Inmigración, en aquellos contratos que superen los 902 miles de euros y del Consejo de Ministros cuando su importe sea igual o superior a los 12.020 miles de euros-, no guardan una correspondencia en sus cuantías con los supuestos de autorización exigidos a las Mutuas en el Reglamento sobre colaboración en la gestión.
Así por ejemplo, mientras en determinados supuestos el Reglamento sobre colaboración en la gestión no fija ningún tipo de límite cuantitativo mínimo para la solicitud de autorización, exigiéndola en todos los casos (conciertos de asistencia sanitaria), en otros establece un umbral cuantitativo muy reducido y sólo para determinados tipos de gasto (150 miles de euros en cualquier tipo de inversión real), y en otros no exige ningún tipo de autorización previa por muy elevado que sea el importe a contratar (como es el caso de los contratos de servicios, que comportan relevantes partidas de gasto), lo que carece de sentido si se compara con las autorizaciones exigidas por la normativa de contratación a las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social.

*De la información facilitada por las Mutuas incluidas en la muestra, sobre los contratos formalizados que han estado en vigor durante el período de tiempo objeto de la presente Fiscalización, se desprende que en torno a un 38% de los contratos y a un 33% del importe ejecutado han sido objeto de autorización previa. Sin embargo, este volumen de autorizaciones administrativas no se ha correspondido, a juicio de este Tribunal de Cuentas, con aquellos contratos que, en consideración a sus aspectos cuantitativos y/o cualitativos, tienen una mayor relevancia en la gestión de las Mutuas –contratos de renting o contratos de externalización de servicios esenciales para la colaboración en la gestión-.

En consecuencia, el Ministerio de Trabajo e Inmigración debería analizar la conveniencia de promover la reforma del Reglamento sobre colaboración en la gestión para, por un lado, hacer coincidir los umbrales cuantitativos para los que resulta necesaria la autorización administrativa previa en los contratos a celebrar por las Mutuas, con independencia de cual sea su objeto, con los exigidos por la Ley de Contratos del Sector Público a las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social y, por otro, revisar el resto de contratos, tipos y cuantías, que han de ser objeto de autorización administración previa (Subapartado III.2.1).

2. El control y seguimiento de la situación de baja médica que da origen al reconocimiento del derecho a la prestación económica de Incapacidad Temporal derivada de Contingencias Comunes (en adelante ITCC) está encomendado por Ley a las Mutuas. La externalización de esta gestión por parte de las Mutuas, es decir su encomienda a terceros, que supone la privatización indirecta del ejercicio de potestades públicas atribuidas por Ley exclusivamente a ellas, necesita una habilitación normativa expresa que, sin embargo, no existe.
Estas actuaciones externalizadas consisten, entre otras, en la localización de trabajadores en situación de baja por incapacidad temporal derivada de enfermedad común o accidente no laboral, en la realización de visitas médicas, o en la práctica de pruebas diagnósticas o la investigación –mediante el recurso a detectives privados- de la actividad profesional de estos trabajadores.
La inexistencia de la señalada habilitación, que no se encuentra ni en la Ley General de la Seguridad Social, ni en el Reglamento sobre colaboración en la gestión, ha impedido, además, la inclusión de este tipo de contratos entre los sujetos a autorización ministerial previa y, por consiguiente, ha reducido las posibilidades de control sobre la existencia y contenido de estos contratos por parte del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
Esta situación se ve agravada por el hecho de que la externalización del control y seguimiento de la prestación económica de Incapacidad Temporal derivada de Contingencias Comunes conlleva, en determinados supuestos, una ausencia total de control por parte de las Mutuas contratantes, sobre la actividad llevada a cabo por los terceros adjudicatarios de estos contratos, lo que supone, dado el carácter público de las prestaciones y de los fondos que las Mutuas gestionan, una importante debilidad en el procedimiento de control interno de su gestión económico financiera. La dificultad de verificar la efectiva realización de actividades de control y seguimiento, y de evaluar su eficacia (ya que la competencia sobre el alta médica radica en los Servicios Públicos de Salud), así como las graves irregularidades puestas de manifiesto a lo largo del presente Informe en cuanto al control de la facturación de estos servicios por parte de sociedades vinculadas a las propias Mutuas, con el consiguiente riesgo de aparición de perjuicios económicos para el patrimonio de la Seguridad Social, plantea interrogantes sobre la conveniencia de mantener este sistema en sus términos actuales (Epígrafe III.5.3.2).
A la vista de esta situación, procede que el Ministerio de Trabajo e Inmigración estudie si existen, o no, razones objetivas que justifiquen esta externalización, procediendo, en caso afirmativo, a promover la correspondiente modificación normativa, y en caso negativo a adoptar las medidas de control necesarias para que esta situación no continúe.
En el supuesto contrario, el Ministerio debería promover la reforma del Reglamento sobre colaboración en la gestión de las Mutuas para regular, con la precisión necesaria, la competencia de las Mutuas para concertar con terceros este tipo de actividad y establecer, en su caso, el sometimiento de la celebración de los correspondientes contratos a su autorización previa, autorización que debería concederse con carácter restrictivo, en la medida en la que entraña el ejercicio de potestades públicas, y siempre con las debidas garantías de control tanto por parte de las Mutuas, como de los órganos de control y tutela del propio Ministerio (Epígrafe III.2.1.1).

3. Por último, el Ministerio de Trabajo e Inmigración debe continuar potenciando el control ejercido sobre la contratación en general de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, dada la relevancia cualitativa y cuantitativa de las incidencias e irregularidades puestas de manifiesto a lo largo del presente Informe.
La entrada en vigor de la Ley de Contratos del Sector Público y su aplicación a las Mutuas va a suponer una mayor exigencia de que los procedimientos de las Mutuas se ajusten a dicha Ley, lo que que debe dar lugar a un reforzamiento de los controles que el Ministerio de Trabajo e Inmigración ejerce sobre estas Entidades, a través de sus Centros Directivos con competencia en la materia: la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, la Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y la Intervención General de la Seguridad Social (Subapartado III.1.2).

II.4.3. Conclusión que afecta a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social

El artículo 78.2 b) de la Ley General de la Seguridad Social atribuye a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social “la inspección de la gestión, funcionamiento y cumplimiento de la legislación que les sea de aplicación a las entidades colaboradoras en la gestión” de la Seguridad Social.
La Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, dedica íntegramente, dentro de su capítulo III. Infracciones en materia de Seguridad Social, una sección, la número III, a las acciones u omisiones de las Mutuas, susceptibles de constituir infracciones en materia de Seguridad Social, en cuanto Entidades Colaboradoras, y con independencia de las que pudieran cometer como organizaciones empresariales.
La Inspección de Trabajo y Seguridad Social ha levantado cuatro actas de infracción, durante el marco temporal de la presente Fiscalización, que guardan relación con algunas de las acciones u omisiones que pueden cometer las Mutuas, susceptibles de constituir infracciones en materia de Seguridad Social. Dos de ellas hacen referencia a supuestos de cesión ilegal de mano de obra, utilizada como instrumento de captación de empresas por las Mutuas, otra ha sido practicada por llevar a cabo la contratación de servicios sanitarios con terceros sin existir conciertos previos autorizados por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, y, por último, la cuarta de las actas de infracción señaladas, ha sido practicada por no haber declarado la incompatibilidad del desempeño del puesto de Gerente de una Mutua con la elección para el cargo no retribuido de Vicepresidente y Consejero de una empresa asociada a la Mutua.
Los tres tipos de actuaciones detalladas en las actas de infracción señaladas, han sido prácticas habituales en el sector de Mutuas en los últimos ejercicios, según las verificaciones que ha podido realizar este Tribunal de Cuentas.
Asimismo, este Tribunal de Cuentas ha observado otras prácticas, distintas a las ya enumeradas, que también podrían ser susceptibles de constituir infracciones en materia de Seguridad Social, entre las que se pueden destacar: dar publicidad o difundir públicamente informaciones y datos referentes a su actuación, sin la previa autorización; no solicitar las autorizaciones preceptivas en materia de inversiones o contratación con terceros; llevar a cabo operaciones distintas a aquellas a las que deben limitar su actividad; distribuir beneficios económicos entre los asociados; y no diferenciar las actividades desarrolladas como servicios de prevención, o no imputar a las mismas los costes derivados de tales actividades.
Por todo ello, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social debe incluir en los futuros programas generales de objetivos que elabore, de acuerdo con las previsiones del artículo 29 de su Reglamento de Organización y Funcionamiento (Real Decreto 138/2000, de 4 de febrero), la potenciación de la inspección que ejerce sobre las actuaciones de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, que puedan ser susceptibles de constituir infracciones en materia de Seguridad Social, en cuanto a su consideración de Entidades Colaboradoras de la Seguridad Social: concertación de servicios sanitarios con terceros o ejecución de inversiones sin las preceptivas autorizaciones, realización de actuaciones distintas a las que deben limitar su actividad, distribución de beneficios económicos entre sus empresarios asociados, etc. (Subapartado III.2.2) 8.

II.4.4. Conclusiones que afectan a la Intervención General de la Seguridad Social

1. La Intervención General de la Seguridad Social tiene atribuida la competencia de la realización con carácter anual, de una auditoría de cuentas sobre cada una de las Mutuas, de acuerdo con las previsiones del artículo 71.2 de la Ley General de la Seguridad Social y del artículo 168 de la Ley General Presupuestaria, así como el ejercicio del control financiero sobre la situación y funcionamiento de su gestión en el aspecto económico financiero, de conformidad con lo previsto en el artículo 39 del Real Decreto 706/1997.
Los informes que realiza la Intervención General de la Seguridad Social ponen de manifiesto de forma reiterada la existencia de numerosas limitaciones al alcance, la proliferación de ajustes, tanto de índole contable y/o presupuestaria, como de los que afectan al patrimonio de la Seguridad Social –que se ha visto perjudicado por actuaciones improcedentes de las Mutuas-, y la abundante inclusión de salvedades en la opinión de los informes.
Por todo ello, la Intervención General de la Seguridad Social debería analizar la conveniencia de introducir cambios en la forma en que ejerce el control sobre las Mutuas, con el objetivo de alcanzar una mayor eficacia en la consecución de resultados, por cuanto el modelo de control interno utilizado en la actualidad no ha evitado la proliferación de deficiencias en la gestión de las Mutuas, como se pone de manifiesto en el presente Informe 9.
Asimismo, el procedimiento contradictorio establecido para dirimir las discrepancias entre las conclusiones y recomendaciones de los informes de la Intervención General de la Seguridad Social y los criterios mantenidos al respecto por las Mutuas, se muestra ineficaz por las elevadas demoras que se producen en su tramitación y resolución. Demoras que dificultan, cuando no impiden, la consecución de los objetivos perseguidos con las conclusiones y recomendaciones de los informes emitidos.
Por ello, la Intervención General de la Seguridad Social, conjuntamente con la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, cada una en el ámbito de sus respectivas competencias, deberían impulsar los cambios que resulten oportunos para agilizar el actual procedimiento contradictorio de resolución de discrepancias (Subapartado III.2.3) 10.

2. La información cuantitativa sobre la contratación, en general, incluida en la Memoria que integra las Cuentas Anuales de las Mutuas es prácticamente irrelevante y ofrece unas cifras muy inferiores a las incluidas en los contratos efectivamente formalizados.
De acuerdo con lo previsto en la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública a las Mutuas, se incluirán en el apartado 5. Contratación, de la Memoria, sólo determinados tipos de contratos y de éstos, aquellos que superen el umbral cuantitativo de 150.253 euros.
Así, el número total de contratos celebrados por las Mutuas y que reunieron las características señaladas, se elevó, en el ejercicio 2006, a 160 contratos, por un importe conjunto de 112 millones de euros y en el ejercicio 2005, a 128 contratos, por un importe de 87 millones de euros.
Dada la escasa representatividad que alcanza el volumen de contratación incluido en la Memoria que integra las Cuentas Anuales de las Mutuas, en relación con los gastos e inversiones susceptibles de considerarse como operaciones contractuales –el 11,41% en el ejercicio 2005 y el 11,28% en el ejercicio 2006–, la Intervención General de la Seguridad Social debería promover, en el ejercicio de las competencias que le atribuye el artículo 125.3 b) de la Ley General Presupuestaria, la modificación de la regulación del contenido de la Memoria de las Mutuas, en cuanto a la información a facilitar en relación con la contratación. Ésta debería ofrecer información sobre todos los tipos de contratos previstos en la Ley de Contratos del Sector Público, con detalle de las formas de adjudicación y con indicación expresa de los adjudicatarios que hayan superado el 5% del importe total de contratación efectuada en el año y de los terceros a los que se les hayan adjudicado contratos por cualquiera de los procedimientos restrictivos de la concurrencia que permite la normativa reguladora de la materia.
Con ello se igualaría, facilitando la agregación de la información, la regulación del contenido de la Memoria de estas Entidades Colaboradoras, en este apartado, a la regulación existente para las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social (Apartado III.4) 11, 12.

II.4.5. Conclusiones que afectan a las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social

II.4.5.1. SOBRE LA CONTRATACIÓN, EN GENERAL

1. Las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social carecieron en su gestión contractual, con carácter general, de unos procedimientos reglados y aprobados por normas internas, reguladoras de cauces formales de obligado cumplimiento para la celebración de contratos de obras, suministros, asistencia y consultoría, o servicios, así como para los de carácter patrimonial o para aquellos necesarios para la concertación de la asistencia sanitaria que prestan con medios ajenos, con excepción de algunas instrucciones internas aprobadas por ciertas Mutuas, que regularon sólo aspectos parciales de la contratación.
Así, gran parte de los contratos celebrados por las Mutuas se tramitaron sin sujeción a un procedimiento preestablecido en garantía del buen fin contractual y de la defensa del interés  público, lo que supuso, en primer lugar, una gran heterogeneidad en los procedimientos de contratación, no sólo entre Mutuas, sino incluso en el ámbito de contratos de la misma tipología de una misma Mutua, y, en segundo lugar, una elevada falta de transparencia y objetividad en las contrataciones que han afectado a diversos aspectos de su gestión contractual.
La ausencia de un procedimiento regulador de los aspectos esenciales de la contratación constituye un obstáculo significativo para el cumplimiento de los principios de eficacia, eficiencia y economía que deben presidir la gestión de los fondos públicos, dado que genera numerosas debilidades de control interno, provoca falta de transparencia en la gestión, no favorece una adecuada promoción de la publicidad y la concurrencia y no garantiza un correcto seguimiento de la ejecución de los contratos (Subapartado III.4.1).

2. Las Mutuas no dispusieron de registros o de bases de datos que les permitieran tanto a ellas, como a este Tribunal de Cuentas, un conocimiento exacto de los contratos celebrados y vigentes en cada ejercicio económico. A este respecto, las bases de datos de contratos elaboradas por las Mutuas a petición de este Tribunal de Cuentas contienen numerosas deficiencias y omisiones y no constituyen una relación exhaustiva de los contratos celebrados en los ejercicios de referencia, lo que supone una importante debilidad de control interno, incompatible con una eficiente gestión contractual (Subapartado III.4.1).

3. Ninguna de las Mutuas analizadas efectuó publicidad de sus contratos por ningún medio a su disposición, entendida ésta como la comunicación de la necesidad de contratar a los posibles interesados, por ejemplo mediante la publicación de un anuncio en diarios de difusión nacional o simplemente a través de la página web de la que todas ellas disponen.
Tampoco promovieron concurrencia en sentido estricto, en cuanto ésta se entiende como el hecho de facilitar la participación en el acceso a la contratación, de todas las personas y empresas que puedan estar interesadas en la presentación de sus respectivas ofertas. En los supuestos en que hubo solicitud de una pluralidad de ofertas ésta se efectuó mediante una invitación directa de la Mutua, generalmente a sus proveedores habituales y a sus empresas asociadas. En el resto de los supuestos analizados, la adjudicación del contrato se realizó directamente a la empresa elegida, sin evaluación de otras ofertas, condiciones ni precios.
Los citados principios de publicidad y concurrencia, son instrumentales de los de transparencia y objetividad y de los de eficacia, eficiencia y economía, cuya aplicación por el órgano de contratación implica que la selección del contratista se verifique mediante un procedimiento que garantice la imparcialidad y la objetividad en la elección, en el sentido de que la adjudicación se realice a favor del candidato que reúna las mejores condiciones para ejecutarlo, y no en virtud de criterios impropios o ajenos a los que deben regir la gestión de los fondos públicos (Subapartado III.4.1).

4. En relación con lo anterior, hay que señalar la alta prevalencia de las contrataciones de obras, adquisiciones de bienes o ejecución de servicios, así como de la concertación de la asistencia sanitaria, con empresas asociadas, tanto en lo que se refiere al número de contratos adjudicados como al importe de los mismos.
Este Tribunal de Cuentas ha podido constatar que un 34% del número de contratos y un 59% del importe contratado, fueron formalizados por las Mutuas con sus empresas asociadas. Al menos, 255 contratos, por importe de 19,8 millones de euros, se formalizaron en fechas próximas a las de la suscripción del documento de asociación con la Mutua correspondiente.
Asimismo, el importe de la facturación realizada por las Mutuas con sus empresas asociadas durante el periodo fiscalizado ascendió al 47% de los gastos totales realizados. Es decir, prácticamente la mitad de los gastos de las Mutuas susceptibles de ser ejecutados por terceros, se facturaron por sus empresas asociadas.
Este alto nivel de contratación con empresas asociadas evidencia la existencia de criterios de adjudicación impropios de un marco objetivo y transparente de actuación en la utilización de recursos públicos (artículo 69.1 de la Ley General Presupuestaria), y constituye, por sí mismo, un serio riesgo para el efectivo cumplimiento de los principios de eficiencia y economía que deben presidir la ejecución de los fondos públicos gestionados por las Mutuas, consagrados en el artículo 31.2 de la Constitución Española.
A este respecto, resulta especialmente demostrativo que la Mutua “FRATERNIDAD MUPRESPA”, en el pliego de condiciones generales que facilitaba a las empresas interesadas en la presentación de ofertas, hubiera establecido expresamente como circunstancia favorable para la adjudicación del contrato, el hecho de que la empresa estuviera asociada o existiera un compromiso de asociación a la propia Mutua.
Este Tribunal de Cuentas considera que la adjudicación de contratos, financiados por fondos públicos, no puede ser utilizada por las Mutuas como un incentivo para la captación y fidelización de empresas. Este hecho implica una discriminación injustificada de las empresas que están asociadas a otras Mutuas, condiciona la libertad de decisión sobre la entidad de la Seguridad Social con la que cubrir las contingencias protegidas, y en cualquier caso, no constituye un criterio válido en sí mismo ni para la valoración de las ofertas, ni para la selección de las empresas adjudicatarias, con el consiguiente riesgo de aparición de perjuicios económicos para el patrimonio de la Seguridad Social al apartarse las adjudicaciones de las condiciones del mercado (Subapartado III.4.1).
Pero además, esta falta de transparencia en la contratación ha facilitado la aparición de empresas creadas para satisfacer, en exclusiva, necesidades de las Mutuas, cuya constitución ha sido impulsada, en muchos casos, por personas vinculadas a esas mismas Mutuas, bien de forma directa por pertenecer a su plantilla o a su Junta Directiva, o bien de forma indirecta, por estar relacionadas con las personas anteriores. Estas personas ocupan en muchos casos cargos de relevancia en la toma de decisiones sobre qué se contrata, por cuánto y con quién. De esta forma, se han creado entramados societarios que han resultado beneficiarios exclusivos de las adjudicaciones de los contratos de las Mutuas, beneficios de los que eran partícipes los propios gestores de las Mutuas a través de su participación, directa o indirecta, en esas mismas sociedades, a costa todo ello del presupuesto de la Seguridad Social (Apartado III.3 en relación con los subapartados III.4.1 y III.4.2).5. Los criterios de adjudicación utilizados en la contratación para la valoración de las ofertas en los casos en que las Mutuas las solicitaron, no se determinaron con carácter previo en los correspondientes pliegos, con algunas excepciones. En estos casos, no fue una práctica habitual seguida por las Mutuas la de dejar constancia en un acta de las invitaciones cursadas, las ofertas recibidas ni las razones de su aceptación o rechazo.
Estas omisiones conllevan el riesgo de que no se respeten los principios de objetividad, igualdad y no discriminación y pueden resultar contrarias a los principios de eficiencia y economía (Subapartado III.4.1).

6. En la fase de preparación de los contratos, las Mutuas no han procedido a la formación de un expediente donde se hiciera constar la necesidad de la contratación y su justificación por parte de los órganos o unidades competentes de la Mutua. Con carácter general tampoco se elaboraron modelos tipo o pliegos de condiciones generales para contratos de objeto análogo; o de condiciones particulares aplicables a cada concreto contrato; ni los pliegos de prescripciones técnicas precisando las características de los bienes, servicios o prestaciones objeto del contrato.
Estas omisiones llevan aparejado el riesgo de incumplimiento de los principios de eficiencia, eficacia y economía, al no acreditarse la necesidad de la realización del gasto ni prefijarse con exactitud las contraprestaciones a realizar por los adjudicatarios de los contratos (Subapartado III.4.1).

7. En numerosos supuestos, las Mutuas no habían solicitado ninguna documentación relativa a las empresas contratadas que permitiera comprobar su solvencia económica y financiera y su capacidad técnica o profesional para ejecutar los contratos adjudicados, sino que consideraron que bastaba el conocimiento previo que la Mutua tenía del proveedor. Tampoco establecieron determinadas cautelas o garantías exigibles al contratista o en otros supuestos en los que sí se previeron en el contrato correspondiente, no las hicieron efectivas.
En ningún caso solicitaron las Mutuas la acreditación de que las empresas que contrataban estaban al corriente de sus obligaciones tributarias y para con la Seguridad Social, aspecto este último relevante en el caso de empresas no asociadas, respecto de las que las Mutuas no disponen de esta información, dado que podrían estar reconociendo obligaciones a favor de empresas deudoras de la Seguridad Social (Subapartado III.4.1).

8. Se han detectado numerosos supuestos en los que las Mutuas ni siquiera habían formalizado en un documento contractual la ejecución de las obras, las adquisiciones de bienes y los trabajos de consultoría o de prestaciones de servicios con empresas externas, algunos de ellos de relevante cuantía.
En algunos casos, fue la oferta de la empresa estableciendo sucintamente el precio y el objeto del contrato, aceptada mediante firma por el representante de la Mutua, el único documento regulador de los derechos y obligaciones de las partes y de las condiciones de ejecución.
Los contratos formalizados y vigentes durante el periodo fiscalizado, que las Mutuas incluyeron en las bases de datos facilitadas a este Tribunal de Cuentas, supusieron un porcentaje sobre la totalidad de los gastos susceptibles de ser catalogados como contractuales que se sitúa en el 27% en el año 2006 y en el 28% en el ejercicio anterior. Aún descontando el efecto que en el cálculo de estos porcentajes puede suponer el gasto procedente de contrataciones menores, el bajo valor del coeficiente apuntado evidencia una escasa e insuficiente tasa de formalización de los contratos por parte del conjunto del sector de Mutuas.
Esta circunstancia puede tener consecuencias relevantes en la gestión de los fondos de la Seguridad Social que compete a las Mutuas, dado que la formalización por escrito de las cláusulas del contrato estableciendo los elementos esenciales del mismo (la identificación de las partes contratantes, la competencia y capacidad de éstas para celebrar el contrato, la determinación del objeto, la fijación de un precio cierto y un presupuesto máximo, las condiciones y el plazo de ejecución y la definición de los derechos y obligaciones que asumen cada una de las partes), resulta imprescindible para garantizar la seguridad jurídica y la salvaguarda de los intereses públicos que deben presidir las relaciones con terceros de cualquier entidad responsable de la gestión de fondos de esta naturaleza (Apartado III.4).

9. Especial relevancia adquiere la ausencia de formalización documental de los conciertos de asistencia sanitaria, que alcanza unos niveles muy similares a los del resto de la gestión contractual de las Mutuas. Así, en el conjunto de las tres Mutuas objeto de la muestra principal, el porcentaje de formalización de los conciertos de asistencia sanitaria alcanzó sólo el 30% del gasto ejecutado.
En el supuesto de la asistencia sanitaria prestada con medios ajenos, la falta de formalización de los conciertos adquiere una mayor trascendencia cualitativa debido a que la concertación de la prestación de la asistencia sanitaria con personas jurídicas exige autorización ministerial, como establece el artículo 12 del Reglamento sobre colaboración en la gestión, y ésta, a su vez, sólo se concederá cuando exista un informe positivo por parte de la autoridad sanitaria competente relativo a las instalaciones y servicios del tercero. El hecho de concertar la prestación de la asistencia sanitaria sin la correspondiente cobertura contractual y por ende, sin la preceptiva autorización del, entonces, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, no supone únicamente un incumplimiento de índole formal que dificulta la garantía de la seguridad jurídica y la salvaguarda de los intereses públicos, sino que cobra, en este supuesto, especial relevancia al afectar a la garantía de la salud de las personas (Epígrafe III.5.2.2).
Por todo ello, este Tribunal de Cuentas considera necesario que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social incremente sus actividades de control sobre la concertación de la asistencia sanitaria y recuperadora prestada con medios ajenos por las Mutuas, dado que “concertar, utilizar o establecer servicios sanitarios, de prevención de accidentes, de recuperación o de rehabilitación propios o de terceros, sin la debida autorización del organismo competente” constituye una de las infracciones muy graves en las que pueden incurrir las Mutuas, de las tipificadas en el artículo 29 de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social (Subapartado III.2.2).
Sin perjuicio de lo anterior, este Tribunal de Cuentas pondrá en conocimiento de la Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social toda la información correspondiente a los hechos descritos en el presente Informe, a fin de que, en el ejercicio de sus competencias pueda realizar, en su caso, las actuaciones necesarias para determinar si las acciones u omisiones descritas constituyen infracciones administrativas en el orden social.

10. Las tres Mutuas incluidas en la muestra principal dispusieron, en algunos casos de “contratos-tipo” elaborados por sus servicios jurídicos si bien, salvo excepciones, no se correspondieron con los contratos suscritos en la práctica, que se redactaron para cada caso concreto.
En estos supuestos se detectaron deficiencias en la redacción del clausulado de los contratos formalizados, como la indefinición del objeto y de las obligaciones que asumen las partes, del plazo de ejecución de los trabajos y de las consecuencias en caso de incumplimiento e incluso del plazo de duración.
Es especialmente relevante la falta de establecimiento de cautelas y controles dirigidos a asegurar la adecuada ejecución y cumplimiento de los términos del contrato; práctica agravada por la ausencia de pliegos de cláusulas de condiciones, que se incorporan al contrato y definen con mayor precisión las condiciones generales y particulares de la contratación (Subapartado III.4.1).

11. Algunos contratos contenían cláusulas abusivas, debilitadoras de la posición contractual de la Mutua contratante y susceptibles, en determinadas circunstancias, de causar perjuicios a los intereses económicos de la Mutua y por tanto de la Seguridad Social (Subapartado III.4.1).
Esta incidencia afectó especialmente a los contratos de arrendamiento de inmuebles, celebrados por las Mutuas objeto de esta fiscalización:

*Por un lado, los contratos establecían cláusulas de renuncia a favor del arrendatario de derechos recogidos en la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos (LAU). Por ejemplo, la renuncia a los derechos de adquisición preferente, de cesión o subarriendo, así como cláusulas de carácter abusivo a favor del arrendador, como la asunción a cargo de las Mutuas, como arrendatarias, del coste de las reparaciones necesarias para la conservación del local, por ejemplo.
En todos estos casos, la renuncia a derechos que corresponden por Ley a las Mutuas como arrendatarias y la presencia de cláusulas abusivas en las condiciones contractuales, son contrarias a las normas de buena gestión y presentan el riesgo de perjudicar los intereses públicos, en cuanto rompen el equilibrio contractual que deben mantener las obligaciones que asumen las partes, máxime teniendo en cuenta la finalidad pública de la actividad de las Mutuas como Entidades Colaboradoras en la gestión de la Seguridad Social.

*Por otra parte, los contratos de arrendamiento, en los que las Mutuas actuaban como arrendatarias, preveían, con carácter general, la constitución a favor del arrendador, de una fianza equivalente a dos mensualidades de renta. A este respecto debe recordarse que el artículo 36.6 de la vigente Ley 29/1994, de 24 noviembre, de Arrendamientos Urbanos, establece que “quedan exceptuadas de la obligación de prestar fianza las Administraciones Públicas (...), así como los organismos autónomos, entidades de derecho público y demás entes públicos dependientes de ellas, cuando la renta haya de ser satisfecha con cargo a sus respectivos presupuestos”.

Este Tribunal de Cuentas considera que el Ministerio de Trabajo e Inmigración debe promover las modificaciones normativas que correspondan, para incluir de forma expresa e indubitada a las Mutuas dentro del ámbito del referido artículo 36.6 de la Ley de Arrendamientos Urbanos. En este sentido, hay que precisar que alguna Mutua ya ha aplicado esta excepción de prestar fianza en sus arrendamientos, invocando el referido artículo 36.6 de la Ley de Arrendamientos Urbanos. Sobre este particular, este Tribunal de Cuentas ya expresó su opinión favorable en el “Informe de Fiscalización de la contratación suscrita por el sector Público Estatal durante los ejercicios 1999, 2000 y 2001”, aprobado por el Pleno en su sesión de 25 de marzo de 2004.

*Por último, hay que señalar que algunos contratos de arrendamiento así como de adquisición de inmuebles, se realizaron directamente con personas o entidades próximas a las Mutuas -con empresas asociadas, que a veces eran, asimismo, sus proveedoras habituales de otros bienes y servicios, o, incluso, con entidades vinculadas-. En estos supuestos no se ha acreditado la promoción de la concurrencia que constituye una garantía básica del cumplimiento de los criterios de eficacia, eficiencia y economía, así como de objetividad y transparencia administrativa que deben presidir la gestión de los fondos públicos que tienen encomendada las Mutuas, tanto por mandato constitucional como de la Ley General Presupuestaria. Sería conveniente, por tanto, a juicio de este Tribunal de Cuentas, que el Ministerio de Trabajo e Inmigración, en el ejercicio de sus competencias en materia de dirección y tutela de las Mutuas y como garantía adicional del cumplimiento formal de los trámites establecidos por la normativa aplicable a este tipo de operaciones, solicitara directamente una tasación independiente complementaria que permitiera una valoración contradictoria de los precios de mercado (Subapartado III.4.3).

12. Hay que señalar también la práctica observada en las tres Mutuas incluidas en la muestra principal analizada, de prorrogar durante largos periodos de tiempo los contratos de servicios y los conciertos de asistencia sanitaria suscritos con algunas empresas, entre las que se cuentan un número relevante de empresas asociadas. También se ha detectado, en algún supuesto concreto, incluso la concertación de asistencia sanitaria con carácter indefinido.
El recurso continuado a las prórrogas de los contratos, así como a su duración indefinida, supone una limitación a la concurrencia. La perpetuación de la misma empresa en la prestación de un servicio supone además la pérdida de la oportunidad para las Mutuas, de realizar prospecciones de mercado con la posibilidad de obtener mejores ofertas tanto desde el punto de vista económico como de las condiciones de prestación del servicio (Subapartado III.4.1).

13. En ningún supuesto, las Mutuas analizadas han verificado la existencia de crédito adecuado y suficiente con anterioridad a la formalización de los contratos, ni han suscrito la oportuna toma de razón en contabilidad en aquellos supuestos en los que el compromiso de gasto pudiera extenderse a ejercicios futuros (Epígrafe III.5.2.3)13.

14. Este Tribunal de Cuentas ha detectado deficiencias significativas en la justificación de la ejecución de los contratos, que ponen de manifiesto la existencia de debilidades en los procedimientos de control interno de las Mutuas y generan el riesgo de que se estén imputando al presupuesto de la Seguridad Social costes no suficientemente justificados.
Así, en muchos de los contratos analizados no existe acreditación formal por el responsable de la unidad correspondiente de la recepción o realización de conformidad de los trabajos objeto de los contratos. A este respecto, se han detectado supuestos en los que no se formalizaron las actas de recepción de las obras que determinan el final de la ejecución y el comienzo del plazo de garantía de las obras, ni tampoco las de la recepción de bienes o de conformidad con los servicios prestados. En este punto las Mutuas consideraron suficiente la conformidad dada por el responsable de la Mutua a la factura correspondiente. Tampoco exigieron en muchos supuestos otros documentos soporte de las facturas presentadas, como por ejemplo partes de horas en el caso de contrataciones de personal de apoyo externo o calendarios parciales de ejecución en el caso de desarrollo de proyectos (Subapartado III.4.1).

15. En el área de la asistencia sanitaria y del control y seguimiento de la Incapacidad Temporal derivada de Contingencias Comunes, se han detectado, asimismo, debilidades en los procedimientos de control interno de la facturación, en las tres Mutuas incluidas en la muestra principal, que suponen un riesgo para el patrimonio de la Seguridad Social:

*Así, en un porcentaje significativo de las facturas giradas por las empresas adjudicatarias a las Mutuas analizadas, no constaba la naturaleza de la contingencia protegida (común o profesional), o la identificación de los trabajadores atendidos, o el contenido del servicio o asistencia prestados, o la empresa asociada a la que pertenecían los trabajadores.

*En el ámbito del control y seguimiento de la ITCC se han detectado: actuaciones realizadas por las empresas adjudicatarias en situaciones de no baja médica, o con anterioridad al plazo a partir del cual, en virtud de lo previsto en el artículo 131 de la Ley General de la Seguridad Social, el coste de la prestación económica es asumido por la Mutua, o incluso con posterioridad al alta médica.

En todos estos supuestos, los deficientes procedimientos de control interno sobre la facturación utilizados por las tres Mutuas, incrementan de forma significativa el riesgo de que se imputen costes no suficientemente justificados al patrimonio de la Seguridad Social.

* Asimismo, se ha facturado dentro del concepto de control y seguimiento de ITCC, los servicios que corresponden a la realización de reconocimientos médicos al personal de determinadas empresas asociadas, cuyo coste debería sufragarse por su Servicio de Prevención Propio o Ajeno y no por la Mutua, con cargo al patrimonio de la Seguridad Social (Epígrafe III.5.5.4)

* Por último, este Tribunal de Cuentas ha podido constatar en muchos casos, el incumplimiento de los requisitos que establece el artículo 82 del Reglamento sobre colaboración en la gestión (que exige consentimiento informado del trabajador o conformidad de la autoridad sanitaria del Servicio de Salud correspondiente) en la facturación de asistencia sanitaria derivada de contingencias comunes, girada a las Mutuas.

Todas las incidencias apuntadas corroboran que los procedimientos de control interno utilizados por las tres Mutuas analizadas, sobre la facturación de los servicios prestados por empresas externas referidos a la asistencia sanitaria o al control y seguimiento de la situación de baja médica que da derecho a la prestación económica de Incapacidad Temporal derivada de Contingencias Comunes, son insuficientes lo que provoca un riesgo significativo de que, con cargo al patrimonio de la Seguridad Social, se estén canalizando gastos no asumibles por la Seguridad Social, por no quedar suficientemente acreditada su realización, por no corresponder a trabajadores protegidos o a empresas asociadas, por tratarse de actuaciones no permitidas o fuera de los plazos previstos por el ordenamiento jurídico, por referirse a prevención de riesgos laborales o por no reunir las autorizaciones administrativas necesarias (Subapartado III.5.4).

16. El conjunto de deficiencias señaladas en los 15 puntos anteriores revela la existencia de importantes debilidades en los procedimientos de control interno de las Mutuas, que evidencian una gestión contractual alejada de los principios que deben regir la gestión de fondos públicos, en especial de los de eficiencia y economía, cuyo cumplimiento viene exigido por el artículo 31.2 de la Constitución Española.

El origen de las deficiencias detectadas, a juicio de este Tribunal de Cuentas, se encuentra:

*En primer lugar, en la no inclusión de las Mutuas en el ámbito subjetivo de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (al menos hasta el 1 de enero de 2007, fecha en la que sí empiezan a estar comprendidas, aunque esta inclusión no haya resultado eficaz debido a los elevados umbrales establecidos para la sujeción a los procedimientos de contratación).

* En segundo término, en los insuficientes controles establecidos por las propias Mutuas en cuanto al cumplimiento de:

o Los principios generales que informan la gestión de los fondos públicos, de la cual la contratación es un instrumento esencial.

o El régimen de incompatibilidades que afecta a su personal.

* Por último, en la debilidad de los procedimientos administrativos de control sobre las Mutuas.

En conclusión, las Mutuas han actuado, en general, en su actividad contractual –actividad que afecta a relevantes aspectos de su gestión y a importantes partidas de gasto procedentes de los presupuestos públicos- al margen de los principios de transparencia y objetividad que eran de obligado cumplimiento en su gestión económico financiera en tanto en cuanto sujetos integrantes del Sector Público estatal, sin promover concurrencia y publicidad alguna en la contratación, comprometiendo los principios de eficiencia y economía que informan la ejecución del gasto público (Apartados III.1 a III.5, ambos inclusive).

II.4.5.2. SOBRE LAS PERSONAS Y ENTIDADES VINCULADAS A LAS MUTUAS

1. EXISTENCIA DE PERSONAS Y ENTIDADES VINCULADAS 14

Un caso de singular relevancia cualitativa, dentro de la contratación de las Mutuas, lo constituye la realizada con personas o entidades vinculadas a la propia Mutua a través de los miembros de su Junta Directiva, de su personal directivo o de otro personal de su plantilla (por ejemplo, mediante Fundaciones, Mutualidades, Compañías de Seguros o Sociedades de distinto objeto social).
En estos casos, además de los incumplimientos de los principios que deben inspirar una correcta aplicación de los fondos públicos y de las debilidades en el control de la gestión económica del patrimonio de la Seguridad Social por parte de las Mutuas, ya señalados en las conclusiones del epígrafe anterior y que se reproducen en todas y cada una de las Mutuas analizadas, se suman, en relación a las entidades vinculadas, otros incumplimientos de la normativa sobre incompatibilidades y de la normativa sobre Seguridad Social, que unidos a una instrumentalización antijurídica de los contratos en beneficio de intereses particulares, podrían dar lugar a responsabilidades administrativas, contables o, incluso, penales de las personas responsables de tales incumplimientos.
En muchos casos, estas entidades vinculadas a las Mutuas, reunieron las siguientes características:

− Se trataba de entidades creadas o dirigidas por personal perteneciente o vinculado a una determinada Mutua.

− Su actividad se ejercía en exclusiva o mayoritariamente para la Mutua a la que estaban vinculadas.

 − Además, en determinados supuestos, las entidades vinculadas disponían de un número escaso de personal, a veces inexistente, para prestar los servicios que facturaban. Esta circunstancia plantea dos consideraciones:

•  O bien los servicios o actividades que estas empresas facturaban, en realidad se dejaban en manos de terceros ajenos a las mismas mediante su subcontratación, lo que estaría produciendo un sobrecoste innecesario para el patrimonio de la Seguridad Social –la utilización de intermediarios para la contratación de obras, suministros, servicios y/o actividades-.

• O bien el escaso personal del que disponían y el reducido valor añadido que aportaban – como, por ejemplo, en los contratos de servicios que tienen por objeto determinadas actividades como el control y seguimiento de la ITCC-, llevarían a plantearse si las propias Mutuas no podrían haber realizado de forma directa con su propio personal el servicio o actividad externalizado, lo que, a su vez, habría producido un ahorro de costes para el patrimonio de la Seguridad Social.

En ambos casos, la mera existencia de un margen comercial no justificado a favor de los adjudicatarios estaría provocando un sobrecoste innecesario, en perjuicio del patrimonio de la Seguridad Social, y la transformación de la figura del contratista en mero intermediario, beneficiario de la operación (Subapartado III.4.2).

2. NÚMERO DE ENTIDADES VINCULADAS Y VOLUMEN DE FACTURACIÓN

En siete de las ocho Mutuas incluidas en la muestra realizada, se ha detectado la existencia de personas y entidades que, vinculadas a miembros de la Junta Directiva, al personal directivo o a otro personal de la plantilla de una determinada Mutua, han mantenido relaciones comerciales de distinta naturaleza con esa misma Mutua.
A continuación se muestra el cuadro correspondiente al epígrafe III.4.2.1 en el que se indican el número de personas y entidades vinculadas a cada una de las Mutuas incluidas en la muestra de la presente Fiscalización, así como el importe total de las relaciones comerciales mantenidas con las mismas.

CUADRO Nº 3 ENTIDADES VINCULADAS A LAS MUTUAS
(En euros)

En el subapartado III.4.2 del presente Informe se incluye información individual de todas las entidades o personas físicas vinculadas a las Mutuas que se presentan agregadas en esta Conclusión. La información incluye, para cada una de las empresas o personas físicas vinculadas, el volumen de facturación girado a la correspondiente Mutua durante los ejercicios 2005 y 2006, el porcentaje de dependencia económica respecto de la Mutua en ambos ejercicios, y el epígrafe del presente Informe en donde se analizan individualmente cada una de ellas.

3. ANÁLISIS DE LAS INCIDENCIAS OBSERVADAS

A continuación se detallan algunos de los supuestos más relevantes de las relaciones establecidas por las Mutuas objeto de esta Fiscalización con sus entidades vinculadas. A estos efectos, se han considerado, por su trascendencia cuantitativa y cualitativa, como más relevantes los correspondientes a las Mutuas números 151.- “ASEPEYO”, 10.- “UNIVERSAL MUGENAT” y 274.- “IBERMUTUAMUR”. No obstante, en 4 de las 5 restantes Mutuas objeto de análisis, también se han detectado supuestos de entidades vinculadas, en el número cuantificado en el Cuadro número 3 anterior, de los que pudieran derivarse responsabilidades de tipo administrativo, contable o penal, y que se analizan exhaustivamente en los respectivos epígrafes del subapartado III.4.2 del presente Informe.

3.1. Mutua número 151.- “ASEPEYO”

La relación comercial más destacable con empresas vinculadas a la Mutua número 151.- “ASEPEYO”, de las que figuran en el Cuadro número 3 anterior, es la existente con la sociedad COSTAISA, S.A. (más de 17 millones de euros de facturación anual), sociedad cuya dependencia económica de la Mutua es prácticamente absoluta (Epígrafe III.4.2.2).
Las vinculaciones de la sociedad COSTAISA, S.A., con la Mutua lo son a través de la “Fundación Antoni Serra Santamans”, que posee el 70% de su capital social, y en cuyo patronato figuran varios miembros que son personal de la Mutua, entre los que figura el propio Director Gerente.
Toda la facturación emitida por COSTAISA, S.A., a la Mutua en el período fiscalizado proviene de la ejecución del contrato formalizado con fecha 1 de enero de 1984, para la prestación de diferentes servicios de carácter informático. En relación con este contrato se deben destacar las siguientes incidencias:

− No se ha acreditado que en su adjudicación inicial, ni en sus sucesivas prórrogas, existiera algún tipo de publicidad, ni que se justificara la necesidad, conveniencia o insuficiencia de medios, ni la realización de estudios de mercado que soportaran la elección realizada, ni su adecuación a los precios de mercado.

− A pesar de las numerosas prórrogas formalizadas, en la ejecución del contrato se han producido modificaciones tan elevadas en su precio que sólo podrían estar justificadas por la existencia de alteraciones sustanciales en su objeto o en sus condiciones contractuales, que conjuntamente habrían exigido su denuncia o resolución. Así, el precio inicial del contrato ascendió a 840.780 euros (2.227.456 euros, valor actual a 31 de diciembre de 2006), mientras que la facturación en el ejercicio 2006 se elevó a 15.153.371 euros (IVA excluido)

− Entre sus estipulaciones figuran diversas cláusulas abusivas a favor del adjudicatario: comunicación con una antelación mínima de tres años de la no intención de prórroga del contrato o existencia de indemnizaciones excesivas en los supuestos de denuncia del contrato por parte de la Mutua, por ejemplo (Subepígrafe III.4.3.4.1).

Las consideraciones anteriores apuntan la existencia de una autocontratación encubierta reforzada por:

− El Director Gerente de la Mutua y Presidente de la Fundación (Fundación que posee casi el 70% del capital social de COSTAISA, S.A.), afecta con su actuación contractual a más de un patrimonio –el de la Mutua, el de la Fundación y el de la empresa-, creando, en el marco de sus facultades de decisión, relaciones jurídicas entre ellos.

− Además, desde 1 de enero de 1984 (fecha en la que se suscribe el contrato) hasta el 19 de julio de 2001, el Director Gerente de la Mutua ha desempeñado diversos cargos de responsabilidad en la sociedad COSTAISA, S.A., entre los que hay que destacar el de Administrador Único.

Estos hechos evidencian la existencia de la figura del autocontrato, que únicamente podría ser admitida cuando no existiera colisión de intereses que pusiera en riesgo la imparcialidad o la neutralidad de la operación, lo que no es el caso.

Por tanto, el contrato celebrado por la Mutua con COSTAISA, S.A., –autocontrato- podría estar viciado de nulidad, pues resulta evidente la existencia de una múltiple colisión de intereses: los de la empresa que presta el servicio, los de la Fundación que participa en la empresa y los de la Mutua que recibe servicios de la empresa y de la Fundación.

Además, la referida autocontratación, realizada al margen de las condiciones del mercado, por un importe de más de 34,5 millones de euros en el periodo fiscalizado, es contraria al efectivo cumplimiento del principio de economía exigible en la gestión de los fondos públicos por el artículo 31.2 de la Constitución Española.

Las relaciones mantenidas por la Mutua “ASEPEYO” con la sociedad COSTAISA, S.A., instrumentadas a través de la figura del autocontrato y al margen de las condiciones del mercado, han supuesto un beneficio económico para dicha sociedad, en la que han tenido intereses directos o indirectos el Director Gerente de la Mutua y otro personal directivo, sustentadas sobre la base de un autocontrato antijurídico y a costa del patrimonio de la Seguridad Social.

Además, de las relaciones económicas mantenidas por la Mutua número 151.- “ASEPEYO”, tanto con la sociedad COSTAISA, S.A., como con el resto de las cinco entidades vinculadas, cuantificadas en el Cuadro número 3 anterior y detalladas en el epígrafe III.4.2.2 del presente Informe, se podrían derivar diversas responsabilidades disciplinarias para el personal de la Mutua relacionado con estas entidades (por vulneración del régimen de incompatibilidades que afecta al personal de las Mutuas), que deberían ser exigidas por la propia Mutua y, en su defecto, por el Ministerio de Trabajo e Inmigración.

Todo ello sin perjuicio de la posible existencia de responsabilidades contables o, incluso, penales, en las que podrían haber incurrido los responsables de la contratación con estas seis entidades vinculadas a la Mutua (Epígrafe III.4.2.2)

3.2.- Mutua número 10.- “UNIVERSAL MUGENAT”

A) EXISTENCIA DE UN GRUPO DE ENTIDADES ESPECIALMENTE VINCULADO AL PERSONAL DE LA MUTUA

Este Tribunal de Cuentas ha detectado la existencia de, al menos, 55 entidades vinculadas a la Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social número 10.- “UNIVERSAL MUGENAT” (Epígrafe III.4.2.3)

Entre ellas adquiere singular relevancia la existencia de un grupo de 41 entidades relacionadas con personal de la Mutua, especialmente con su personal directivo (Subepígrafe III.4.2.3.1 y Anexo VI del presente Informe), que constituye un entramado societario que podría estar persiguiendo la obtención de beneficios económicos para sus socios, actuando de forma coordinada, en detrimento del patrimonio de la Seguridad Social.

Este grupo de sociedades comprende varias entidades que, además de reunir las características generales ya definidas para el conjunto de las entidades vinculadas, presentan complementariamente una serie de rasgos específicos:

− Se trata de entidades en las que figuran directivos, trabajadores y ex trabajadores de la Mutua “UNIVERSAL MUGENAT”. Así, un total de 53 trabajadores en activo y 14 ex trabajadores ocuparon los puestos de administración y dirección de estas 41 entidades, que fueron desempeñando de forma sucesiva o simultánea (Anexo VI).

En este aspecto debe destacarse la sociedad PREVISORA GENERAL, MUTUALIDAD DE PREVISIÓN SOCIAL A PRIMA FIJA, compañía aseguradora, creada en 1989, especializada en la cobertura de accidentes, enfermedad y asistencia sanitaria y vida, por cuanto en ella ocupan o han ocupado a lo largo del tiempo, cargos de responsabilidad, 23 trabajadores de la Mutua en activo y 7 ex trabajadores. Como prueba del lugar destacado que ocupa en el grupo de sociedades vinculadas, hay que señalar que esta Mutualidad es la propietaria del inmueble situado en la calle Aragón, número 385, de Barcelona, que ha constituido la sede social de 7 de estas 41 entidades vinculadas. Este inmueble fue adquirido el 14 de diciembre de 2005, a través de PREVISORA GENERAL DE INVERSIÓN, S.L.U., sociedad cuyo capital pertenece íntegramente a la compañía aseguradora.

Por lo que se refiere a la composición del accionariado de estas 41 sociedades, este Tribunal de Cuentas únicamente ha podido tener conocimiento exacto de la correspondiente a la sociedad AURA GLOBAL, S.L. –a través de la información pública existente en el Registro Mercantil-, que estuvo integrada en 2006 por 55 socios, de los cuales 43 eran trabajadores en activo de la Mutua “UNIVERSAL MUGENAT” (uno de ellos el entonces Director Gerente), 8 habían sido miembros de la plantilla de la Mutua en el pasado, y otros 2 estaban indirectamente relacionados con personal de la Mutua en ésta y en otras sociedades vinculadas.

Del resto de sociedades, este Tribunal de Cuentas no ha podido conocer la composición de su capital debido a la imposibilidad de acceder a la correspondiente información fiscal, por los motivos señalados en el apartado II.3. “Limitaciones” del presente Informe.

− Para la creación de un buen número de estas entidades vinculadas, se recurrió a sociedades intermediarias (despachos de abogados, etc.), cuyo objeto social era precisamente la constitución y administración de otras sociedades.

Es el caso de IURIS ASSESSORS I GESTORS, S.L., que constituyó 5 de las sociedades del grupo de vinculadas, de GESTION Y TRANSMISIÓN DE SOCIEDADES, S.L., que constituyó otras 5 sociedades de las vinculadas o de GESTION Y TRANSMISIÓN DE SOCIEDADES EXPANSIÓN, S.L., y TRANSMISION DE SOCIEDADES URGENTES, S.L., que constituyeron una sociedad del grupo cada una.

La práctica seguida en estos casos consistió en domiciliar en un primer momento la sociedad creada en el mismo domicilio social de la constituyente, establecer como objeto social generalmente el negocio inmobiliario y nombrar administradores a personas pertenecientes a la sociedad constituyente. En el transcurso de un breve espacio de tiempo se procedía a modificar las escrituras para recoger su actividad real y su nuevo domicilio social, y los cargos de administración pasaban a ser ocupados por personas vinculadas a la Mutua. Este procedimiento ha permitido que permanecieran ocultos quienes eran los verdaderos socios fundadores de la sociedad que se creaba, cumpliendo, sin embargo, formalmente la exigencia establecida por el Reglamento del Registro Mercantil -artículos 114 y 175 Real Decreto1784/1996, de 19 de julio-, respecto a que en la inscripción primera de las sociedades tanto  anónimas como limitadas, debe necesariamente constar la identidad del socio o socios fundadores.

− Muchas de las entidades vinculadas domiciliaron su sede social en direcciones comunes:

•  Así, en la sede social ya referida, sita en la calle Aragón, número 385, de Barcelona y durante el año 2006, tuvieron su domicilio siete de estas entidades.
• En la calle Tuset, número 28, de la misma ciudad, estuvieron domiciliadas a lo largo del tiempo nueve de ellas.
• En la calle Balmes, número 49, otras tres, y en el número 28 de la misma calle, igualmente otras tres sociedades.
•  En la Avenida Diagonal, número 478, de Barcelona, tuvieron su sede cinco sociedades.
•  En la misma dirección del municipio de Alcalá de Guadaira se domiciliaron otras dos sociedades de las vinculadas.Y otras dos sociedades compartieron su sede en la calle Castelló, número 24, de Madrid.

 − En el entorno de este grupo de sociedades vinculadas al personal directivo de “UNIVERSAL MUGENAT”, hay que señalar la existencia de entidades, como SANTA ISCLA UNIÓN, S.A., AGRUPACION DE CENTROS Y SERVICIOS PARA MEDICINA Y SALUD, S.L., y la anteriormente mencionada AURA GLOBAL, S.L., que si bien no mantuvieron relaciones comerciales con la Mutua, presentaron como rasgos comunes, de acuerdo con los datos contenidos en sus Cuentas Anuales depositadas en el Registro Mercantil correspondiente, que no efectuaron por sí mismas ninguna actividad comercial relacionada con su objeto social, ya que su cifra de negocios fue igual a cero y que sus activos principales consistieron en inversiones financieras en el capital de entidades vinculadas a la Mutua, las cuales en su mayoría sí facturaron servicios a ésta.

El hecho de que los ingresos de estas sociedades no procedieran de una actividad empresarial desarrollada directamente por ellas, sino de su participación en las empresas relacionadas, les ha permitido atribuir a sus socios los beneficios empresariales obtenidos por las participadas sin evidenciar la existencia de ninguna relación económica directa con la Mutua “UNIVERSAL MUGENAT”.

− Por último hay que mencionar, como otro de los rasgos comunes del grupo, la creación de algunas Agrupaciones de Interés Económico por parte de las empresas vinculadas a la Mutua “UNIVERSAL MUGENAT”. Así, se ha podido constatar la creación en el año 2000, de dos agrupaciones de esta naturaleza, UNIDES PREVISIÓN, A.I.E. (disuelta en 2004) y GRUPO PREMESER, A.I.E. Su objeto era facilitar el desarrollo de la actividad de sus socios, sin ánimo de lucro, a través de la realización de actividades y prestación de servicios auxiliares, tales como servicios administrativos, informáticos, de compras e inmobiliarios. Ninguna de ellas establece en sus Estatutos cantidad alguna en concepto de capital social.

En particular, los ingresos de PREMESER, A.I.E., provienen de las participaciones que para sufragar sus gastos, aportan sus socios. Esta participación se fija en función de los volúmenes de ventas de cada uno de ellos. Estos socios, durante los dos ejercicios fiscalizados, fueron 12 de las sociedades vinculadas, de las que 11 mantuvieron relaciones comerciales con la Mutua.

La creación de estas agrupaciones podría haberse utilizado como una herramienta de captación de empresas a favor de la Mutua, ofreciendo a éstas la prestación de servicios de carácter administrativo, informático, etc., de forma gratuita o a bajo coste. El coste real de los servicios prestados se financiaría por los socios de la agrupación –todos ellos sociedades vinculadas a la Mutua-, recuperándose a través de la facturación a ésta de sus servicios habituales, por lo que finalmente estarían siendo financiados con fondos públicos y provocando un perjuicio económico para el patrimonio de la Seguridad Social (Subepígrafe III.4.2.3.1).

B) RELACIONES COMERCIALES DE LA MUTUA “UNIVERSAL MUGENAT” CON EL GRUPO DE ENTIDADES VINCULADAS A SU PERSONAL

Para la exposición de las incidencias observadas en el análisis de las relaciones entre Mutua “UNIVERSAL MUGENAT” y sus sociedades vinculadas, distinguiremos entre tres subgrupos de entidades según la naturaleza de sus relaciones comerciales:

a) Empresas vinculadas que ejecutaron obras.

b) Empresas vinculadas que prestaron diversos servicios.

c) Y, por último, como subgrupo más representativo cuantitativamente, las empresas vinculadas dedicadas a la prestación de asistencia sanitaria y al control y seguimiento de la prestación económica de Incapacidad Temporal derivada de Contingencias Comunes.

A continuación se detallan los aspectos más relevantes de cada uno de estos subgrupos de empresas vinculadas a la Mutua “UNIVERSAL MUGENAT”:

a) Empresas vinculadas que ejecutaron obras.

Desde el 1 de enero de 2004 hasta el 31 de diciembre de 2006, un 87% de los contratos de obras celebrados por la Mutua “UNIVERSAL MUGENAT” se repartieron entre dos de las empresas vinculadas al personal directivo de la Mutua: RESTON CONFORTING, S.L., y ASGENTA, S.L., que presentaron durante los ejercicios 2004 y 2005 una dependencia económica de la Mutua absoluta, ya que la práctica totalidad de su facturación se hizo a la Mutua “UNIVERSAL MUGENAT”.
Ambas sociedades fueron constituidas por sociedades interpuestas, ubicaron su sede social en domicilios comunes a otras empresas del grupo de sociedades vinculadas, y en sus órganos de dirección y administración figuraron varias de las personas relacionadas con la Mutua y con todo el grupo de entidades vinculadas.
Las principales incidencias que se han podido constatar en el análisis de las relaciones comerciales mantenidas por la Mutua “UNIVERSAL MUGENAT” con estas sociedades, son las siguientes:

• Como en todos los supuestos relativos a las sociedades a ella vinculadas, la Mutua no promovió publicidad ni concurrencia alguna entre empresas, en el momento de proceder a la adjudicación de los contratos de obras a estas sociedades.La independencia de las personas de la Mutua responsables de garantizar la correcta ejecución de las obras, respecto de las empresas adjudicatarias, es cuestionable:

o Así, este Tribunal de Cuentas ha detectado la existencia de intereses económicos comunes de la persona de la Mutua responsable de la recepción o no de conformidad de las obras, su Director de Compras, Inversiones y Servicios Generales, con el apoderado de RESTON CONFORTING, S.L., que era además ex trabajador de la Mutua. Ambas personas son socios y administradores mancomunados de una sociedad dedicada al negocio inmobiliario.

o Además, en ninguno de los supuestos analizados se designó un Director Facultativo de las obras independiente, dado que la dirección se encomendó y abonó a la propia empresa encargada de su ejecución, como una partida más del presupuesto, en contra de los principios de buena gestión que deben presidir el proceso de ejecución del gasto público, que aconsejan que los contratos de consultoría y asistencia que tengan por objeto la vigilancia, supervisión, control y dirección de la ejecución de las obras, no puedan adjudicarse a las mismas empresas adjudicatarias de los correspondientes contratos de obras, ni a empresas vinculadas a éstas.

• Como en buena parte de las sociedades vinculadas al personal directivo de la Mutua “UNIVERSAL MUGENAT”, las dos sociedades analizadas dispusieron de escaso personal para la ejecución de los trabajos encomendados por la Mutua (cinco empleados, en total, encuadrados en trabajos de oficina en RESTON CONFORTING, S.L., y dos empleados encuadrados en trabajos de oficina y uno en construcción en ASGENTA, S.L.). En ninguno de los contratos analizados, la Mutua solicitó la acreditación de su solvencia técnica, económica o financiera de las empresas contratistas.

Consecuencia de lo anterior, los contratos de obras que les encomendó a ambas sociedades la Mutua número 10.- “UNIVERSAL MUGENAT”, necesariamente hubieron de ejecutarse mediante la subcontratación de los trabajos con otras empresas, por lo que la actuación de estas sociedades pudo consistir en una mera y prescindible interposición entre la Mutua y los auténticos contratistas de las obras, con el consiguiente encarecimiento del coste de las obras con cargo al patrimonio de la Seguridad Social.

•  En este punto, es necesario señalar que algunas de las empresas subcontratistas de las dos sociedades analizadas, realizaban el mismo tipo de trabajos directamente para “UNIVERSAL MUGENAT”, con importes de facturación relevantes, lo que hace aún más evidente la innecesaria intermediación de RESTON CONFORTING, S.L., o de ASGENTA, S.L. En ninguno de estos supuestos, los trabajos efectuados para la Mutua dieron lugar a la formalización de los correspondientes contratos, formalización que por la cuantía y entidad de las obras encomendadas hubiera resultado aconsejable. 

Sin perjuicio de lo anterior y a través del análisis comparativo de una muestra de facturas directamente giradas a la Mutua por las empresas subcontratistas, por obras e instalaciones efectuadas en inmuebles de la Mutua, y las partidas incluidas en las certificaciones de obras emitidas por RESTON CONFORTING, S.L., y ASGENTA, S.L., este Tribunal de Cuentas detectó la existencia de, al menos, cinco casos, por un importe global de 57.208 euros, en los que se produjo la coincidencia de los conceptos incluidos en ambos documentos, lo que podría suponer la existencia de partidas de obra facturadas dos veces a la Mutua.

Por ello, la cuantía de las cinco partidas de obras señaladas, por un importe global de 57.208 euros, se ha incluido en la Conclusión II.4.5.11 y en el Anexo I del presente Informe, relativos a todos aquellos presuntos pagos indebidos que podrían haber originado un perjuicio económico para el patrimonio de la Seguridad Social.

Todo lo anterior pone de manifiesto, además, la debilidad del control ejercido por la Mutua y, por tanto, el elevado riesgo de que haya existido un perjuicio para el patrimonio de la Seguridad Social como consecuencia de la interposición de estas entidades, al margen de la duplicidad de facturas antes señalada. Interposición que habría permitido la obtención de beneficios, directa o indirectamente, por parte del personal de la Mutua con intereses en las referidas empresas, sin ninguna otra finalidad aparente que la de obtener ganancias al margen del tráfico mercantil real (Subepígrafe III.4.3.1.1).

b) Empresas vinculadas que prestaron diversos servicios, mantenimiento en general y servicio informáticos.

Entre los contratos de servicios suscritos por la Mutua, hay que destacar los formalizados con sus empresas vinculadas RIGOS STAR PROMOTOR, S.L., y TELEMÁTICA INTERACTIVA SERVINET, S.L.

Estas sociedades reúnen varias de las características comunes a las empresas vinculadas al personal directivo de la Mutua “UNIVERSAL MUGENAT”: RIGOS STAR PROMOTOR, S.L., fue constituida por una sociedad intermediaria, ambas sociedades utilizan domicilios comunes a otras empresas del grupo de sociedades vinculadas, y en su órganos de dirección y administración figuran varias de las personas relacionadas con la Mutua y con todo el grupo de empresas vinculadas.

Asimismo, presentan las mismas deficiencias generales ya citadas sobre contratación con entidades vinculadas, respecto a los procedimientos y formas de adjudicación y en cuanto a los procedimientos de control interno utilizados en la ejecución y seguimiento de los contratos.

•  Por lo que se refiere a RIGOS STAR PROMOTOR, S.L., cuyo objeto social era el negocio inmobiliario, sus ingresos, durante el periodo fiscalizado, procedieron íntegramente de su actividad de prestación de servicios a la Mutua (por un importe situado en torno al millón de euros en el año 2005), con la que celebró diversos contratos cuyo objeto fueron servicios relacionados con el mantenimiento preventivo y correctivo de locales, y de gestión y mantenimiento de comunicaciones.

Con personal insuficiente (tres trabajadores encuadrados como empleados de oficina) para la realización de los servicios solicitados por la Mutua (tenía suscritos doce contratos en vigor en el período fiscalizado y se prestaron numerosos servicios complementarios sin cobertura contractual), la empresa tuvo que recurrir, necesariamente, a la subcontratación de determinadas actividades de mantenimiento, por lo que, una vez más, la actuación de la Mutua recurriendo a esta sociedad, vinculada a su personal directivo, se debe considerar como improcedente ya que el recurso a un mero y prescindible intermediario entre la Mutua y los auténticos contratistas de los contratos de mantenimiento, provoca, innecesariamente, un incremento de costes para el patrimonio de la Seguridad Social y supone un beneficio económico, directo o indirecto, a favor del personal de la Mutua con intereses en dicha empresa interpuesta, sin fundamento en el tráfico mercantil real (Subepígrafe III.4.3.1.3).

• Por lo que se refiere a la sociedad TELEMÁTICA INTERACTIVA SERVINET, S.L., hay que hacer constar que, desde 1995, entraron a formar parte de la misma diversos cargos directivos de la Mutua “UNIVERSAL MUGENAT”, a través de las participaciones suscritas por una de las empresas administradas por éstos, SANTA ISCLA UNIÓN, S.A. En sucesivas ampliaciones y redistribuciones de capital, fueron integrándose en el accionariado de la empresa, otras sociedades vinculadas al personal directivo de la Mutua TELEMÁTICA INTERACTIVA SERVINET, S.L., prestó a la Mutua “UNIVERSAL MUGENAT”, durante todo el período de fiscalización, diversos servicios relacionados con los sistemas de información y las telecomunicaciones (por un importe de 850.000 euros en el año 2006, por ejemplo), a través de contratos adjudicados directamente sin publicidad ni solicitud de ofertas a terceros, consistentes, entre otros, en servicios de consultoría informática en diversos entornos a través de su personal técnico, desarrollo de aplicaciones de gestión de la Mutua e implantación de una red informática privada alojada en la propia empresa (housing), cuyo uso ofrecía a los asociados, proveedores, colaboradores y empresas asociadas que fueran autorizados por la Mutua.

La fuerte vinculación al personal de la Mutua, junto con la naturaleza de los servicios que TELEMÁTICA INTERACTIVA SERVINET, S.L., ofrecía al mercado y que prestaba a la propia Mutua, generaban una situación que posibilitaba el intercambio y el solapamiento de intereses entre la Mutua y su empresa vinculada, especialmente en lo relativo a una posible utilización indebida, con fines comerciales, de la información que la Mutua disponía respecto de sus asociados y de su colectivo de trabajadores protegido. Adicionalmente, situaba a la empresa en una posición privilegiada para prestar sus servicios a clientes del entorno de la Mutua (sus proveedores, colaboradores y asociados) y ésta a su vez, se veía favorecida por la posibilidad de ofrecer un catálogo de “servicios adicionales” (como la prestación de servicios informáticos y de asesoramiento) a sus empresas asociadas, dando lugar a una red de intereses comerciales cuyos rendimientos serían recogidos en última instancia por esta sociedad mercantil.

Todos estos “servicios adicionales” quedan al margen de las actividades reservadas a las Mutuas por el artículo 68.2 de la Ley General de la Seguridad Social, lo que podría constituir una de las conductas calificadas como de infracciones muy graves de las tipificadas en el artículo 29.1 de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social (Subepígrafe III.4.3.1.3).

c) Empresas vinculadas dedicadas a la prestación de asistencia sanitaria y de servicios de control y seguimiento de la prestación económica de Incapacidad Temporal derivada de Contingencias Comunes.

Debe señalarse que la mayor parte de las entidades vinculadas al personal de la Mutua número 10.- “UNIVERSAL MUGENAT” tienen por objeto la prestación de asistencia sanitaria o de servicios de control y seguimiento de la prestación económica de Incapacidad Temporal derivada de Contingencias Comunes (CENTROS CANARIOS DE MEDICINA Y SALUD, S.L., CENTRES CATALANS DE MEDICINA I SALUT, S.L., PROYECTOS SOUND, S.L., PAUTA SYSTEM, S.L., PERPLEX GESTIÓN Y DESARROLLO, S.L., CENTROS SANITARIOS GENERAL, S.A., o MEDIGEST SALUD, S.L., entre otras).

En el análisis efectuado sobre las empresas adjudicatarias de las prestaciones de asistencia sanitaria y control y seguimiento de la Incapacidad Temporal derivada de Contingencias Comunes se han detectado las mismas deficiencias que ya se han señalado para el resto de entidades vinculadas en cuanto a la adjudicación y ejecución de los contratos formalizados.

No obstante, hay que destacar la inexistencia de procedimientos de control interno adecuados para garantizar la corrección de las prestaciones realizadas y la realidad de las actividades facturadas (facturas donde no consta relación de trabajadores atendidos, o empresas a las que pertenecen o la asistencia o gestión practicadas).

En el área de gestión del control y seguimiento de la Incapacidad Temporal, en particular, cobra especial relevancia la inexistencia de informes acreditativos de la necesidad de la contratación, dadas las dificultades existentes para evaluar la eficacia (localización de trabajadores, llamadas telefónicas, citaciones, etc.) o la eficiencia (alta médica competencia de los Servicios Públicos de Salud correspondientes y no del personal facultativo de la Mutua) de la contratación con terceros de este servicio.
En este sentido se ha constatado:

• Por una parte, que en algunas sociedades con un elevado importe de facturación girado a la Mutua, el número de trabajadores era reducido y el número de servicios prestados fue escaso, resultando un coste elevado respecto a la prestación recibida.
• Y por otra, que se realizaron actuaciones de control fuera de los períodos de tiempo en que la Seguridad Social debería asumir este coste (actuaciones realizadas después de la reincorporación del trabajador a su puesto de trabajo tras el alta médica o en el periodo en que la prestación económica es por cuenta del empresario y no de la Mutua)

Las incidencias descritas ponen de manifiesto el riesgo de que el patrimonio de la Seguridad Social haya podido verse perjudicado, pues, por una parte, la realización de la prestación no siempre ha quedado acreditada, y por otra, el coste de las actuaciones facturadas resulta muy elevado, de forma que si la Mutua hubiera optado por utilizar medios propios en la prestación de los servicios, su gestión de los fondos públicos habría resultado más eficiente y económica. Y una vez más, se habría producido un beneficio económico, directo o indirecto, para el personal de la Mutua con intereses en dichas empresas (Subepígrafes III.5.4.1.1 y III.5.4.4.1).

C) CONCLUSIÓN SOBRE ENTIDADES VINCULADAS A “UNIVERSAL MUGENAT”

Los hechos puestos de manifiesto en el presente apartado, relativo a las 41 sociedades vinculadas al personal directivo de la Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad número 10.- “UNIVERSAL MUGENAT”, evidencian la existencia de un entramado societario, a través del cual, algunos directivos de la Mutua habrían obtenido beneficios económicos, directos o indirectos, al haberse prevalido de sus cargos como responsables de la contratación de la Mutua para, directamente o mediante influencia, asegurar la adjudicación sistemática de contratos, a costa del presupuesto de la Seguridad Social, a empresas en las que a su vez tenían intereses directos o indirectos.
Otro de los posibles objetivos del entramado societario podría ser la prestación de servicios de carácter administrativo, informático, etc., de forma gratuita o a bajo coste a empresas asociadas a la Mutua, constituyéndose esta prestación como una herramienta de captación de empresas, desviando su coste a la Seguridad Social mediante su facturación encubierta a la Mutua, provocando un perjuicio económico en la gestión de los fondos públicos.
En ambos supuestos existe un elevado riesgo de que estas sociedades hubieran estado facturando a precios superiores a los de mercado o, incluso, hubieran podido facturar actuaciones o servicios no prestados a la Mutua.

Por parte del Ministerio de Trabajo e Inmigración se debe, en todos los supuestos enumerados a lo largo del presente Informe y agrupados en el epígrafe III.4.2.3, así como en el Anexo VI, instar a la Mutua a que instruya los expedientes necesarios para la exigencia de las posibles responsabilidades disciplinarias a que hubiere lugar, dadas las numerosas vulneraciones del régimen de incompatibilidades detectadas, ligadas a la contratación en la que concurran intereses privados que colisionen con los intereses públicos, así como instar a la Mutua a que proceda a la rescisión de los contratos que pudiera seguir manteniendo con todas estas sociedades.

Y todo ello, sin perjuicio de la apreciación, por los órganos jurisdiccionales correspondientes, de otras posibles responsabilidades contables, civiles, e, incluso, penales –dado que algunos de los hechos que se ponen de manifiesto en el Informe, podrían ser constitutivos de algunos de los delitos tipificados en el Código Penal como de estafa (artículos 248 y ss.), apropiación indebida (artículos 252 y ss.), delito societario (artículos. 290 y ss.), falsedad documental (artículos 390 y ss.), tráfico de influencias (artículos 428 y ss.), malversación de caudales públicos (artículos 432 y ss.), o fraude (artículos 436 y ss.)-, en las que hubieran podido incurrir los responsables de la Mutua relacionados con sus empresas vinculadas (Epígrafe III.4.2.3)15,  16.

3.3.- Mutua número 274. “IBERMUTUAMUR”

En el caso de la Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social número 274.- “IBERMUTUAMUR” resultan destacables, de entre las 22 sociedades incluidas en el Cuadro número 3 anterior, los siguientes grupos de sociedades a ella vinculados:

a) La empresaria individual “M.D.B.” y la sociedad BURGALIMAR PROMOTORES PARA EL DESARROLLO, S.L., resultaron ser las principales adjudicatarias de las obras de la Mutua en el conjunto de los tres ejercicios analizados -más del 85% del importe de los contratos de obras formalizados desde el 1 de enero de 2004 al 31 de diciembre de 2006-.

No ha podido determinarse por este Tribunal de Cuentas el porcentaje que, sobre la cifra de negocios de estas empresas, representó su facturación a la Mutua, por cuanto los correspondientes estados contables no obraban en el Registro Mercantil, en el primer caso por tratarse de un empresario individual y en el segundo por encontrarse las cuentas de la sociedad calificadas con defectos.

Ambas empresas estaban, en el período objeto de fiscalización, vinculadas entre sí (la titular de la empresa individual era a su vez uno de los socios de la sociedad limitada y el domicilio empresarial de la primera, la calle Industria número 22 de la localidad de Baños de la Encina, provincia de Jaén, era también el domicilio personal de los socios de la segunda).

A su vez, ambas empresas estaban vinculadas a “IBERMUTUAMUR” a través de la relación de sus propietarios con el Jefe del Departamento de Obras de la Mutua, con quien compartían intereses económicos en una tercera sociedad, denominada MAJOEMFE PROMOTORES, S.L., asimismo dedicada a la promoción y construcción inmobiliaria y domiciliada en la misma localidad (Baños de la Encina, provincia de Jaén). Esta empresa no facturó a “IBERMUTUAMUR” en ninguno de los ejercicios fiscalizados.

Hay que señalar que el Jefe del Departamento de Obras de la Mutua era, además, el responsable de realizar la propuesta de adjudicación de la mayoría de las obras adjudicadas y de efectuar el seguimiento de la ejecución de todas ellas, dando conformidad a las certificaciones de obra expedidas por estas empresas.

Además, estas empresas carecieron de personal suficiente para ejecutar las obras adjudicadas, por lo que previsiblemente tuvieron que acudir a la subcontratación para su realización. Sin embargo, “IBERMUTUAMUR” manifestó desconocer la existencia o no de subcontratistas y no proporcionó a este Tribunal de Cuentas información alguna sobre este extremo, lo que pondría de manifiesto que no existe supervisión alguna de las obras por parte de la Mutua. Tampoco acreditó el haber recabado la información acreditativa de que estas empresas dispusieran de los recursos humanos y técnicos necesarios para la ejecución de las obras adjudicadas.

En este supuesto el recurso sistemático a la subcontratación por parte de las empresas adjudicatarias, podría haber convertido a éstas en meras intermediarias “de facto” entre la Mutua y los subcontratistas de las obras, con el consiguiente riesgo de un incremento de costes para el patrimonio de la Seguridad Social (Subepígrafe III.4.3.2.1).

b) Las sociedades SANIDAD Y VENTAS, S.L., y PRAXIS 2000, S.L., mantuvieron durante el periodo fiscalizado, una dependencia económica prácticamente absoluta de la Mutua, así como un vínculo personal con el Jefe del Departamento de Suministros (a través de su cónyuge en el primer caso, y por sí mismo en la segunda de las sociedades citadas), lo que supuso por parte de éste una grave vulneración del régimen de incompatibilidades y un conflicto de intereses que constituye por sí mismo un riesgo de que los suministros realizados por estas dos sociedades, no se hayan ajustado a los precios y condiciones de mercado, lo que podría haber provocado un perjuicio económico para el patrimonio de la Seguridad Social.

Los hechos puestos de manifiesto evidencian, una vez más, la creación de sociedades para la realización de suministros o prestación de servicios, en exclusiva, para las Mutuas, por su propio personal para la obtención de beneficios, directos o indirectos, a través de su participación en las empresas adjudicatarias, a costa del presupuesto de la Seguridad Social. Por tanto, en este supuesto podrían, asimismo, existir responsabilidades contables o, incluso, penales imputables a los responsables de contratación de la Mutua.

Sin embargo, detectada la vinculación de la sociedad PRAXIS 2000, S.L., con el Jefe del Departamento de Suministros de la Mutua (dado que la sociedad es de su propiedad), por la Intervención General de la Seguridad Social, la Mutua únicamente se limitó, con fecha de 11 de octubre de 2005, a proceder a la rescisión de su contrato laboral basada en el artículo 54 d) del Estatuto de los Trabajadores (incumplimiento grave y culpable del contrato, por “la trasgresión de la buena fe contractual, así como el abuso de confianza en el desempeño del trabajo”). La calificación inicial del despido por parte de la Mutua fue la de “despido disciplinario”, lo que haría considerar el despido como “procedente” y, por tanto, que el trabajador careciera del derecho a percibir indemnización alguna. Sin embargo, posteriormente la Mutua cambió unilateralmente la calificación del despido, sin haber agotado la vía jurisdiccional, pasando a calificarlo como “improcedente”, lo que implicó el pago de una indemnización por despido a favor del trabajador de 163.382 euros.

Por ello, este pago podría ser calificado como indebido y haber supuesto un perjuicio económico para el patrimonio de la Seguridad Social, por lo que se ha incluido en la Conclusión II.4.5.11 y en el Anexo III del presente Informe, relativos a aquellos presuntos pagos indebidos que podrían haber originado un perjuicio económico para el patrimonio de la Seguridad Social (Subepígrafe III.4.3.2.2 y subapartado III.7.5).

c) Las sociedades PYCH ASOCIADOS, S.L., ENVITRANS 5 SERVICIO DE TRANSPORTE URGENTE, S.L., INSTITUTO DE FORMACION E INVESTIGACION EN CONDICIONES DE TRABAJO, S.L., EUROPEA DE COMUNICACIÓN Y MARKETING, S.A., BORCHE LOGISTICA, S.L., ARTEANIMA, S.L., y CASPE EDITORIAL, S.L., resultaron ser adjudicatarias, básicamente, de diversas actividades formativas relacionadas con la prevención de riesgos laborales y de variadas actividades de edición, diseño y producción de publicaciones.

El importe global facturado por este grupo de empresas a la Mutua número 274.- “IBERMUTUAMUR” en los ejercicios 2005 y 2006, se elevó a más de 3,5 millones de euros en cada uno de ellos. Este Tribunal de Cuentas ha constatado que la facturación a la Mutua constituye la única fuente de ingresos de todas y cada una de las sociedades analizadas, por lo que su dependencia económica de los fondos públicos de la Seguridad Social gestionados por la Mutua es absoluta.

En todas estas sociedades resulta especialmente significativo el escaso número de trabajadores –incluso inexistente en algún caso- que formaron parte de su plantilla, lo que, dado su importante volumen de facturación, pone de manifiesto que su actividad podría haberse subcontratando con terceros. Esta intermediación innecesaria produciría un sobrecoste en detrimento del patrimonio de la Seguridad Social.

La existencia de este grupo de sociedades evidencia, una vez más, la proliferación de empresas creadas por personal próximo o relacionado con las Mutuas para prestar servicios, en exclusiva, a esas mismas Mutuas, al margen de las condiciones de mercado, y en flagrante conflicto de intereses, en perjuicio de la Seguridad Social.

La vinculación de este grupo de sociedades con la Mutua lo fue a través de cuatro Técnicos de prevención que figuraban en la plantilla de “IBERMUTUAMUR” y, simultáneamente, prestaban sus servicios profesionales en una de estas sociedades, vulnerando el régimen de incompatibilidades del personal de las Mutuas. Además, se constató otra vinculación a través de una quinta persona que desarrollaba su actividad profesional en una de estas sociedades, unida por vínculo de parentesco con el Director Gerente de la Mutua.

Entre este grupo de sociedades, hay que destacar las relaciones mantenidas por la Mutua con el INSTITUTO DE FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN EN CONDICIONES DE TRABAJO, S.L. (INFICOT), que ha facturado, al menos, el importe de 501.912 euros en los años 2005 y 2006 por la realización de cursos de formación al personal de la Mutua, cuya efectiva realización no ha sido suficientemente acreditada a este Tribunal de Cuentas.

Estos pagos podrían ser calificados como indebidos y haber supuesto un perjuicio económico para el patrimonio de la Seguridad Social, por lo que se han incluido en la Conclusión II.4.5.11 y en el Anexo III del presente Informe, relativos a aquellos presuntos pagos indebidos que podrían haber originado un perjuicio económico para el patrimonio de la Seguridad Social (Subepígrafe III.4.3.2.3 y epígrafe III.7.4.2).

d) Por último, hay que resaltar la vinculación con el principal suministrador de productos farmacéuticos de la Mutua “IBERMUTUAMUR”, que es la farmacia “Licenciado B.S.B.”, y cuyo titular desempeña simultáneamente el puesto de trabajo de “Responsable” del depósito farmacéutico del Hospital “IBERMUTUAMUR” de Murcia. Además, esta persona está unida por vínculo de parentesco con el Consejero General de la Mutua, lo que supone una doble vulneración del régimen de incompatibilidades que afecta al personal de las Mutuas. La Mutua con su actuación ha favorecido los intereses personales de uno de sus trabajadores, relacionado con uno de sus directivos (Subepígrafe III.4.3.2.2).

4. CONCLUSIÓN GENERAL SOBRE PERSONAS Y ENTIDADES VINCULADAS

Las vinculaciones descritas han afectado en distinto grado a los principios generales que debieran haber presidido la gestión económico financiera de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, esto es, legalidad, eficacia, eficiencia y economía.

La proliferación de este tipo de empresas vinculadas a las Mutuas introduce elevados riesgos de que el patrimonio de la Seguridad Social se esté viendo perjudicado por las relaciones comerciales mantenidas con estas sociedades, dado que no pueden obviarse las consecuencias que esta práctica irregular conlleva (apartándose de las reglas del mercado y asegurando la contratación de las actividades que constituyen su objeto social a determinadas empresas, vinculadas al personal de las propias Mutuas adjudicadoras). Ambas circunstancias podrían estar produciendo una distorsión de las condiciones generales de la contratación y de los precios de mercado, obviamente a favor de las empresas vinculadas y, por tanto, de sus socios o partícipes –personas relacionadas con las Mutuas por formar parte de su Junta Directiva o pertenecer a su personal directivo o a su plantilla- y en contra de los intereses económicos de la Seguridad Social, produciendo un beneficio económico para dicho personal a costa del presupuesto de la Seguridad Social, sobre la base de una relación antijurídica (Subapartado III.4.2).

No obstante, para una delimitación más precisa de las posibles responsabilidades de todo tipo – disciplinarias, del orden social, contables o, incluso, penales- en las que hubieran podido incurrir las personas que han llevado a cabo las actuaciones irregulares que se ponen de manifiesto a lo largo del presente Informe de Fiscalización, habría resultado necesario la práctica de pruebas y/o verificaciones en las sociedades o empresas vinculadas a las Mutuas que este Tribunal de Cuentas no ha podido realizar.

En este sentido, en el ejercicio de la función fiscalizadora prevista en el artículo 136 de la Constitución Española y que le atribuye el artículo 2 de la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas, no ha podido realizar ningún tipo de prueba y/o verificación en estas sociedades o empresas vinculadas, dado que el deber de colaboración para con el Tribunal de Cuentas exigido por el artículo 7 de la referida Ley Orgánica, queda circunscrito a las entidades que integran el Sector Público, señaladas extensivamente en el propio artículo 4 de la referida Ley Orgánica.

Asimismo, para poder determinar con mayor precisión la posible existencia de responsabilidades que a título indiciario han sido advertidas en el curso de la presente Fiscalización, habría resultado necesario el acceso a determinada información de tipo fiscal relativa a la composición accionarial o a la titularidad de las participaciones de algunas de las sociedades vinculadas, así como a la cuantía y destino de sus resultados, información a la que no ha podido tener acceso este Tribunal de Cuentas. De haberse dispuesto de la referida información este Tribunal de Cuentas podría haber delimitado con mayor precisión la naturaleza de las distintas responsabilidades cuyos indicios se ponen de manifiesto en el presente Informe.

La relevancia cuantitativa y cualitativa de las incidencias detectadas por este Tribunal de Cuentas que afectan a siete de las ocho Mutuas fiscalizadas, en relación con la proliferación de empresas vinculadas a las Mutuas, evidencian la necesidad de seguir profundizando en la potenciación de los controles que, por parte del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales –actualmente Ministerio de Trabajo e Inmigración-, se vienen realizando sobre los procedimientos de contratación y el cumplimiento del régimen de incompatibilidades del personal de las Mutuas, ejercidos a través de sus Centros Directivos con competencias en la materia: Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social e Intervención General de la Seguridad Social.

Por todo ello, el Ministerio de Trabajo e Inmigración, en su condición de órgano de dirección y tutela, debe proceder, en el plazo más breve posible, a la revisión de las relaciones comerciales mantenidas por las Mutuas enumeradas con las sociedades que, cuantificadas en el Cuadro número 3 anterior, se detallan en los epígrafes III.4.2.1 a III.4.2.8, ambos inclusive, y que se analizan individualmente en los respectivos apartados del presente Informe, al objeto de determinar:

− Si estas relaciones han supuesto un perjuicio económico para el patrimonio de la Seguridad Social.

− Si ha existido un incumplimiento del régimen de incompatibilidades del personal al servicio del Sector Público.

− Si es preciso, en su caso, poner en conocimiento de los órganos competentes los hechos que pudieran provocar la exigencia de responsabilidades de tipo disciplinario, del orden social, contable o penal.

No debe olvidarse, en este sentido, la posible responsabilidad que incumbe a los asociados que desempeñen funciones directivas, establecida en los Estatutos de cada Mutua, quienes responderán “frente a la Seguridad Social, la Mutua y los empresarios asociados, por el daño que causen por actos contrarios a la normativa aplicable o a los Estatutos, así como por los realizados sin la diligencia con la que deben desempeñar el cargo”, de acuerdo con las previsiones contenidas en el artículo 70.4 de la Ley General de la Seguridad Social.

Por último, los hechos puestos de manifiesto a lo largo del presente Informe sobre la proliferación de personas o entidades vinculadas a las Mutuas analizadas, evidencian un elevado riesgo de que este tipo de prácticas irregulares se puedan estar produciendo en otras Mutuas, por lo que el Ministerio de Trabajo e Inmigración debe adoptar las medidas necesarias para determinar el alcance de esta situación, a fin de adoptar, en su caso, las medidas necesarias para su corrección (Subapartado III.4.2).

NOTAS

7 Las Mutuas “ASEPEYO” e “IBERMUTUAMUR” han formulado a este respecto unas alegaciones idénticas y meramente argumentativas en las que tratan de sostener, de modo contrapuesto a lo que dispone la legislación vigente, que la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas no les resulta de aplicación.
En términos parecidos se ha manifestado la Mutua “UNIMAT” en su escrito de alegaciones.
A este respecto baste ahora recordar como se señala en el apartado III.3 del presente Informe, que la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades, delimita en su artículo 2 su ámbito subjetivo de aplicación, es decir, señala a qué personal resulta de aplicación y afirma, en su apartado 1, que “la presente Ley será de aplicación a: ...f) el personal al servicio de la Seguridad Social, de sus Entidades Gestoras y de cualquier otra Entidad u Organismo de la misma”, así como a “g) el personal al servicio de entidades, corporaciones de derecho público, fundaciones y consorcios cuyos presupuestos se doten ordinariamente en más de un 50 por 100 con subvenciones u otros ingresos procedentes de las Administraciones Públicas”.
En sus alegaciones, las Mutuas “ASEPEYO”, “UNIMAT” e “IBERMUTUAMUR” admiten que la delimitación subjetiva del ámbito de aplicación de la Ley de Incompatibilidades “es la incluida en el artículo 2, donde se determinan las tipologías de personal concretas a las que les es de aplicación la ley”.
No admiten, sin embargo, que las Mutuas puedan considerarse integradas en el concepto “cualquier otra entidad” de la Seguridad Social a que se refiere la letra f) del artículo 2 de la Ley recién transcrito.
La simple lectura en su integridad del artículo 2 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades, evidencia que el ámbito subjetivo de aplicación de esta Ley está diseñado de manera no organicista, y de forma extensa, exhaustiva y omnicomprensiva, abarcando todo el personal del sector público, desde el personal civil y militar de las Administraciones Públicas, hasta el personal de cualesquiera entidades financiadas en más del 50 por 100 con fondos públicos con independencia de su naturaleza jurídica, pasando por el personal que desempeñe funciones públicas y perciba sus retribuciones mediante arancel, e incluyendo “todo el personal, cualquiera que sea la naturaleza jurídica de la relación de empleo”
Es en este contexto en el que la Ley de Incompatibilidades se refiere en el citado artículo 2, apartado 1, letra f), a todo el “personal al servicio de la Seguridad Social”, sea éste “de sus Entidades Gestoras” o de “cualquier otra Entidad u Organismo de la misma”. Como es obvio, el personal al servicio de las Mutuas es personal no dependiente orgánicamente de las Entidades Gestoras de la Seguridad Social, pero desde luego, sí es personal al servicio de la Seguridad Social en relación con la gestión de contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales o con la gestión de la prestación económica de Incapacidad Temporal derivada de Contingencias Comunes, de acuerdo con el artículo 68 del TRLGSS y con el Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre colaboración en la gestión de las Mutuas, y, en cualquier caso, es personal retribuido con cargo al Presupuesto de la Seguridad Social. A este respecto, las Mutuas “ASEPEYO” e “IBERMUTUAMUR” parecen soslayar en sus alegaciones el hecho de que ambas son Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social.
En cualquier caso, las únicas “otras Entidades” de la Seguridad Social, a las que se refiere la Ley de Incompatibilidades, distintas de sus Entidades Gestoras u Organismos Autónomos o asimilados (como lo es la Tesorería General de la Seguridad Social en virtud de la disposición adicional sexta de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado), sólo pueden ser las Mutuas ya que no existen “otras Entidades” distintas de éstas, a las que pueda referirse la Ley.
Por otra parte, las Mutuas “ASEPEYO” e “IBERMUTUAMUR” consideran, en relación con el hecho de que las retribuciones del personal de las Mutuas sean abonadas con cargo a fondos públicos, que “el Tribunal de Cuentas intenta confundir una argumentación teórica con una regulación inexistente”.
A este respecto, estas Mutuas parecen no tener presente que el artículo 2.1.g) de la Ley de Incompatibilidades dispone que “La presente Ley será de aplicación a: (...) g) el personal al servicio de entidades, (...) cuyos presupuestos se doten ordinariamente en más de un 50 por 100 con (...) ingresos procedentes de las Administraciones Públicas”. La mera lectura de este precepto evita la realización de cualquier otra puntualización, habida cuenta que los Presupuestos de las Mutuas se dotan ordinariamente al 100 por 100 con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, a través de los ingresos procedentes de las cotizaciones de la Seguridad Social.
A mayor abundamiento, la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades establece expresamente en su artículo 1 que “A los solos efectos de esta Ley se considerará actividad en el sector público la desarrollada por... los altos cargos y restante personal... de todas las Administraciones Públicas (...) entendiéndose comprendidas las Entidades colaboradoras y las concertadas de la Seguridad Social en la prestación sanitaria”.
Las Mutuas “ASEPEYO” e “IBERMUTUAMUR” sostienen, sin embargo:

- En primer lugar, que este artículo 1 de la Ley afectaría únicamente a los empleados públicos que pretendieran ocupar un segundo puesto de trabajo en una Mutua, pero no a los trabajadores de las Mutuas.
Esta interpretación, meramente argumentativa, trata de soslayar el hecho previo de que el personal de las Mutuas, por lo expuesto anteriormente, está incluido en el ámbito subjetivo de aplicación de la Ley y no puede evitar, ni anular, el hecho incontrovertible de que entre las actividades que expresamente se consideran por la Ley como actividades del sector público, estén expresamente consignadas las desarrolladas por el personal de las Entidades Colaboradoras de la Seguridad Social (las Mutuas). Donde la Ley no distingue –ya que no hace excepciones en relación con el alcance de las actividades desempeñadas en el ámbito del sector público a los efectos de la aplicación del régimen de incompatibilidades (entre las que están incluidas las del personal de las Mutuas)-, las Mutuas “ASEPEYO” e “IBERMUTUAMUR” pretenden aplicarse una excepción excluyente no contemplada en la norma (ubi lex non distinguit nec nos distinguere debemus)

- En segundo lugar, las propias Mutuas “ASEPEYO” e “IBERMUTUAMUR” reconocen, en abierta contradicción con su argumentación anterior, que “las Mutuas, en principio estarían incluidas dentro del concepto funcional de sector  público que a estos efectos establece la Ley de Incompatibilidades”. Pero apelan a su naturaleza de entidades asociativas de naturaleza jurídico privada (citando jurisprudencia constitucional), para concluir que “el personal que conforma las plantillas de las Mutuas se somete, pues, al Estatuto de los Trabajadores y, en consecuencia y al menos en principio, debería quedar completamente al margen de la Ley de Incompatibilidades de 1984”.
A este respecto cabe simplemente insistir en que en ningún momento el presente Informe ha puesto en duda la naturaleza asociativa de las Mutuas. Es la propia Ley de Incompatibilidades, y no el Tribunal de Cuentas, la que, “a los solos efectos de esta Ley”, califica la actividad del personal de las Mutuas como “actividad del sector público”, de igual manera que esta Ley engloba en dicho concepto, además, la actividad de todo el personal de todos los entes, organismos y empresas del Sector Público, por mucho que se trate de entes de Derecho privado, y cualquiera que sea su naturaleza jurídica (artículo 1), así como la de la relación de empleo de su personal. Precisamente, la propia Ley tiene presente esta circunstancia expresamente en su artículo 2, apartado 2, cuando incluye en su ámbito de aplicación a “todo el personal, cualquiera que sea la naturaleza jurídica de la relación de empleo”, lo que incluye, obviamente, no sólo al personal sujeto al régimen estatutario de la función pública, sino también al personal sujeto al régimen laboral común del Estatuto de los Trabajadores.

En definitiva, es la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades, y no el Tribunal de Cuentas, la que sujeta a su disciplina reguladora al personal al servicio de cualquier Entidad, sea cual sea su naturaleza jurídica, financiada en más de un 50 por 100 con fondos públicos, incluido, todo el personal de la Seguridad Social sea éste “de sus Entidades Gestoras” o de “cualquier otra Entidad u Organismo de la misma”; y es también la Ley, y no el Tribunal de Cuentas, la que, “a los solos efectos de esta Ley”, califica expresamente la actividad del personal de las Mutuas como “actividad del sector público”.

8 En trámite de alegaciones, la Dirección General de la Inspección de Trabajo y de Seguridad Social ha informado de que, a partir del cuarto trimestre del año 2007 acometió la tarea de reactivar la realización de actuaciones inspectoras sobre el cumplimiento de las obligaciones de colaboración de las Mutuas, planificando la actividad inspectora en base a la información solicitada al efecto a la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social.
Fruto de esta reactivación, en el año 2008 se han realizado actuaciones de comprobación sobre 21 Mutuas, respecto a la autorización previa del Ministerio de Trabajo e Inmigración de los conciertos de asistencia sanitaria suscritos con el sector privado, habiendo sido confirmadas en vía administrativa las actas extendidas a diez de dichas Mutuas por infracción muy grave por incumplimiento de dicha obligación.
Asimismo, y por lo que respecta a la verificación de la separación real y efectiva de las actividades desarrolladas por las Mutuas en materia de prevención de riesgos laborales, la referida Dirección General ha informado de que, durante 2008, está llevando actuaciones inspectoras sobre cuatro Mutuas, que se harán extensivas, en el año 2009, a otras cinco Mutuas, y que, en el plazo de cinco años, se generalizarán a todas las entidades del sector.
Por último, la Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social ha indicado de que se está analizando, conjuntamente con la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, la posibilidad de actuación en otros seis capítulos relacionados con las Mutuas.

9 En trámite de alegaciones, la Intervención General de la Seguridad Social ha manifestado que no le corresponde determinar cual debe ser el modelo de control interno aplicable a las Mutuas, ni tampoco su posible modificación o potenciación, ya que estas cuestiones se encuentran reguladas en la Ley General Presupuestaria (artículo 168, por lo que respecta a la auditoría de cuentas, y artículo 167.4, en cuanto a la cobertura legal del informe adicional al de auditoría de cuentas, que anualmente viene realizando sobre cada una de las Mutuas).
Este Tribunal de Cuentas no puede aceptar la alegación formulada, dado que la recomendación está referida a la introducción de “cambios en la forma en que se ejerce el control”, cambios que podrían alcanzarse intensificando los controles que se ejercen actualmente (incrementando los recursos materiales y/o humanos, diversificando el objeto de los controles, realizando auditorías de tipo horizontal sobre determinados aspectos clave de la gestión económico financiera de las Mutuas...). Y todo ello en base a las previsiones del artículo 147.1 de la Ley General Presupuestaria, cuando dispone que “el Gobierno a propuesta de la Intervención General de la Administración del Estado, y a iniciativa de la Intervención General de la Seguridad Social, aprobará las normas para el ejercicio por esta última del control en las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social”, y del artículo 165, cuando atribuye a la Intervención General de la Administración del Estado la competencia para elaborar el Plan anual de auditorías, en el que se incluirán las actuaciones a realizar durante el correspondiente ejercicio... por la Intervención General de la Seguridad Social”.

10 La Intervención General de la Seguridad Social ha informado, en trámite de alegaciones, de que “está estudiando la posibilidad de modificar el procedimiento de discrepancia con la finalidad de acortar su duración y de esta forma hacerlo más eficaz”.

11 La Intervención General de la Seguridad Social ha comunicado, en trámite de alegaciones, que está desarrollando una modificación de la Adaptación del Plan General de Contabilidad a las Mutuas, en la cual “está previsto entre otros aspectos, actualizar la información relativa a la contratación que suministran las MATEPSS en sus cuentas anuales, de forma que recoja con mayor detalle las operaciones contractuales que efectúen estas entidades adaptadas a las formas de adjudicación y tipos de contratos contemplados en la normativa vigente”.
Efectivamente, mediante Resolución de 20 de enero de 2009 (B.O.E. número 29 de 3 de febrero), de la Intervención General de la Administración del Estado, se ha modificado la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública a las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social. Su Apartado Segundo introduce una serie de modificaciones en el contenido de la memoria, aplicables ya en la elaboración de las Cuentas anuales del ejercicio 2008, entre las que destaca la información a incluir en su apartado 5.- “Contratación”, ya plenamente homologable con la exigida para las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social y coincidente con la tipología de contratos establecida por la Ley de Contratos del Sector Público.

12 Las Mutuas “ASEPEYO” e “IBERMUTUAMUR”, en trámite de alegaciones, han realizado una revisión del marco normativo de control al que están sometidas, llegando a afirmar que “aunque las Mutuas son entidades privadas en cuanto a su formación, las funciones que realizan son entendidas por la Administración Pública como públicas por lo que el régimen jurídico de las Mutuas está totalmente determinado por las normas, no dejando margen a la autonomía de creación y funcionamiento de las mismas”.
Ambas Mutuas hacen un repaso del ordenamiento jurídico recopilando aquellas obligaciones, relacionadas con su gestión económico financiera, que les resultan exigibles a las Mutuas: sujeción al Plan de Contabilidad Pública; rendición de cuentas al Tribunal de Cuentas; integración de sus presupuestos en el Presupuesto de la Seguridad Social; gestión recaudatoria de sus recursos por la Tesorería General de la Seguridad Social; límite de sus gastos de administración; u operaciones patrimoniales sujetas al Reglamento sobre el patrimonio de la Seguridad Social y/o a la autorización ministerial.
Tras este estudio las Mutuas “ASEPEYO” e “IBERMUTUAMUR” concluyen que “sorprende, una vez más, que el Anteproyecto de Informe pretenda ignorar o, en todo caso, omitir la existencia de estos controles...”. De esta conclusión parece desprenderse que las Mutuas alegantes –o más concretamente la persona que ha ejercido su representación en el trámite de alegaciones- no han analizado con detalle el Anteproyecto remitido, dado que en el mismo se dedica un apartado específico a señalar el marco jurídico aplicable al sector de Mutuas y a la materia objeto de fiscalización; otro apartado concreto a especificar el régimen de tutela –y, por tanto, de control- del Ministerio de Trabajo e Inmigración, a través de cada uno de sus Centros Directivos con competencias en la materia –Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, Inspección de Trabajo y Seguridad Social e Intervención General de la Seguridad Social-; y, por último, en cada uno de los restantes apartados del Informe se realiza un análisis exhaustivo del marco jurídico que regula el funcionamiento de cada una de las materias analizadas.
Asimismo, el análisis de la normativa de control al que están sometidas las Mutuas conduce a los alegantes (“ASEPEYO” e “IBERMUTUAMUR”), a afirmar que “todas sus cuentas, hasta las del ejercicio 2006, inclusive, han sido auditadas por la Intervención General de la Seguridad Social, se ha sometido a las inspecciones pertinentes de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social y... facilitado toda la información que le ha requerido el Tribunal de Cuentas... al que consta que la(s) Mutua(s) compareciente(s) ha(n) conformado sus cuentas con arreglo a la normativa vigente y que su actuación no ha merecido ninguna observación de irregularidad que no fuere menor o subsanada”, lo que pone de manifiesto un desconocimiento de los procedimientos mediante los que se ejerce la función fiscalizadora del Tribunal de Cuentas, identificando erróneamente los objetivos y alcance del examen y comprobación de la Cuenta General del Estado de cada ejercicio, con los de las Fiscalizaciones de carácter singular que, en el ejercicio de las competencias atribuidas por el artículo 3.a) de la Ley 7/1988, de 5 de abril, aprueba anualmente el Pleno del Tribunal de Cuentas.

13 La Intervención General de la Seguridad Social ha manifestado, en trámite de alegaciones, que ”la incorporación de estas entidades al Sistema de Información Contable de la Seguridad Social –a partir del ejercicio 2007-, supone un importante avance en la gestión económico financiera de las Mutuas, por cuanto permite aplicar con mayor rigor y uniformidad la normativa contable y presupuestaria”.

14 A los efectos exclusivos de la presente Fiscalización se han considerado personas o entidades vinculadas:

- Aquellas personas físicas o jurídicas que, en el ejercicio de su actividad profesional o en el ejercicio de la actividad que se derive de su objeto social, han mantenido relaciones de tipo comercial, soportadas en contratos o sin cobertura contractual, con una determinada Mutua y que, además, se encuentran relacionadas con la Mutua:

• En el supuesto de personas físicas, directamente por pertenecer o haber pertenecido a su Junta Directiva, a su personal directivo o a su plantilla; o indirectamente, por estar vinculadas por razón de parentesco con alguno de sus integrantes.

• En el supuesto de empresas u otras personas jurídicas, por contar o haber contado en sus órganos de dirección o administración o en su plantilla con personas que o bien directamente pertenezcan simultáneamente a la Junta Directiva, al personal directivo o a la plantilla de la Mutua; o indirectamente estén vinculadas, por relación de parentesco, o por compartir intereses económicos a través de otras sociedades, con alguno de sus integrantes.

- Aquellas sociedades que posean o hayan poseído participaciones en el capital de las anteriores, de las que ha tenido conocimiento este Tribunal de Cuentas a través de la información pública existente en los correspondientes Registros Mercantiles.

- Aquellas personas o entidades integrantes de la Junta Directiva que hayan percibido retribuciones en concepto de administración complementaria de la directa, a pesar de la prohibición explícita que efectúa el artículo 75.2 de la Ley General de la Seguridad Social, que considera esta percepción como una de las causas de inelegibilidad para integrar los órganos de dirección de las Mutuas.

15 El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales informó a este Tribunal de Cuentas, con fecha 9 de octubre de 2007, de la existencia de dos informes especiales emitidos por la Intervención General de la Seguridad Social, en el ejercicio de sus competencias en materia de control interno de la gestión económico financiera de las Mutuas, reguladas en el Real Decreto 706/1997, de 16 de mayo.
El primero de los informes especiales fue remitido por la Intervención General de la Seguridad Social a la Intervención General de la Administración del Estado y a la Fiscalía General del Estado, con fecha 22 de junio de 2007, y en él se ponían de manifiesto “graves irregularidades de gestión, consistentes en la existencia de múltiples vinculaciones e interrelaciones entre una serie de empresas mercantiles y la propia Mutua”.
El segundo informe especial fue remitido por la Intervención General de la Seguridad Social a la Presidencia de la Sección de Enjuiciamiento de este Tribunal de Cuentas, con fecha 19 de julio de 2007, y en él se hacían constar “irregularidades detectadas en el ámbito de colaboración en la gestión de la prestación económica de incapacidad temporal derivada de contingencias comunes, que afectan a los gastos relativos al control y seguimiento de esta prestación” y de los que podría deducirse que “la Mutua habría incurrido en un supuesto de responsabilidad contable tipificado en el artículo 49.1 de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, al concurrir todas y cada una de las condiciones determinantes de esta tipificación”.
Asimismo, con fecha 16 de septiembre de 2008, la Intervención General de la Seguridad Social comunicó la emisión, con fecha 7 de mayo de 2008, de un “Informe Complementario sobre las vinculaciones a la gestión de la Mutua y sobre posible responsabilidad contable por alcance”. Este informe, complementario a los dos informes especiales señalados, fue remitido, de acuerdo con lo manifestado al efecto por el mencionado Centro Directivo, a idénticos destinatarios que los correspondientes informes especiales.

16 En trámite de alegaciones, la Mutua “UNIVERSAL MUGENAT” ha manifestado que “algunas de estas presuntas deficiencias e irregularidades” están siendo objeto de “investigación en el procedimiento penal de Diligencias Previas 3532/07-J, seguido en el Juzgado de Instrucción nº 21 de Barcelona”. Asimismo, comunica que por Resolución de 1 de octubre de 2007, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, se inició un “procedimiento administrativo para la adopción de medidas cautelares respecto de la Mutua para la subsanación de supuestas irregularidades” -medidas cautelares que podrían adoptarse en base a las previsiones del artículo 74 de la Ley General de la Seguridad Social por el Ministerio de Trabajo e Inmigración-. Con fecha 14 de mayo de 2008, según ha informado la Mutua, la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social aprobó un Plan de Subsanación presentado por la entidad con fecha 16 de enero de 2008.
Sobre el cumplimiento de las medidas previstas en el Plan de Subsanación la Mutua ha informado que “en el punto segundo del Plan se indica entre las medidas a realizar: la desvinculación total y absoluta de las empresas afectadas por las irregularidades puestas de manifiesto en sus informes por la Intervención General de la Seguridad Social. Al respecto, hay que indicar que en el momento de redactar este informe –escrito de alegaciones-, se ha completado la desvinculación total y absoluta que culmina, con la aprobación expresa del Ministerio y del Juzgado que instruye el caso, para la adquisición de diez de los centros asistenciales propiedad de algunas de estas empresas y con la asunción del personal que prestaba servicio en ellas”.

15 El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales informó a este Tribunal de Cuentas, con fecha 9 de octubre de 2007, de la existencia de dos informes especiales emitidos por la Intervención General de la Seguridad Social, en el ejercicio de sus competencias en materia de control interno de la gestión económico financiera de las Mutuas, reguladas en el Real Decreto 706/1997, de 16 de mayo.
El primero de los informes especiales fue remitido por la Intervención General de la Seguridad Social a la Intervención General de la Administración del Estado y a la Fiscalía General del Estado, con fecha 22 de junio de 2007, y en él se ponían de manifiesto “graves irregularidades de gestión, consistentes en la existencia de múltiples vinculaciones e interrelaciones entre una serie de empresas mercantiles y la propia Mutua”.
El segundo informe especial fue remitido por la Intervención General de la Seguridad Social a la Presidencia de la Sección de Enjuiciamiento de este Tribunal de Cuentas, con fecha 19 de julio de 2007, y en él se hacían constar “irregularidades detectadas en el ámbito de colaboración en la gestión de la prestación económica de incapacidad temporal derivada de contingencias comunes, que afectan a los gastos relativos al control y seguimiento de esta prestación” y de los que podría deducirse que “la Mutua habría incurrido en un supuesto de responsabilidad contable tipificado en el artículo 49.1 de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, al concurrir todas y cada una de las condiciones determinantes de esta tipificación”.
Asimismo, con fecha 16 de septiembre de 2008, la Intervención General de la Seguridad Social comunicó la emisión, con fecha 7 de mayo de 2008, de un “Informe Complementario sobre las vinculaciones a la gestión de la Mutua y sobre posible responsabilidad contable por alcance”. Este informe, complementario a los dos informes especiales señalados, fue remitido, de acuerdo con lo manifestado al efecto por el mencionado Centro Directivo, a idénticos destinatarios que los correspondientes informes especiales.

16 En trámite de alegaciones, la Mutua “UNIVERSAL MUGENAT” ha manifestado que “algunas de estas presuntas deficiencias e irregularidades” están siendo objeto de “investigación en el procedimiento penal de Diligencias Previas 3532/07-J, seguido en el Juzgado de Instrucción nº 21 de Barcelona”.
Asimismo, comunica que por Resolución de 1 de octubre de 2007, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, se inició un “procedimiento administrativo para la adopción de medidas cautelares respecto de la Mutua para la subsanación de supuestas irregularidades” -medidas cautelares que podrían adoptarse en base a las previsiones del artículo 74 de la Ley General de la Seguridad Social por el Ministerio de Trabajo e Inmigración-. Con fecha 14 de mayo de 2008, según ha informado la Mutua, la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social aprobó un Plan de Subsanación presentado por la entidad con fecha 16 de enero de 2008.
Sobre el cumplimiento de las medidas previstas en el Plan de Subsanación la Mutua ha informado que “en el punto segundo del Plan se indica entre las medidas a realizar: la desvinculación total y absoluta de las empresas afectadas por las irregularidades puestas de manifiesto en sus informes por la Intervención General de la Seguridad Social. Al respecto, hay que indicar que en el momento de redactar este informe –escrito de alegaciones-, se ha completado la desvinculación total y absoluta que culmina, con la aprobación expresa del Ministerio y del Juzgado que instruye el caso, para la adquisición de diez de los centros asistenciales propiedad de algunas de estas empresas y con la asunción del personal que prestaba servicio en ellas”.

Para leer el resto:

qué morro tienen

tate_tate_folloncicos

Dibujo de Gwynedd M. Hudson