El saqueo de las arcas del Estado por parte  de coligados  sin honor y sin categoría del gobierno de turno en España,  la gestión de los asuntos públicos en manos de ineptos y bandarras, y la incapacidad o la complicidad de una prensa que se compra con publicidad institucional y calla cuanto conviene, y la extraña parálisis institucional de la Judicatura a la hora de perseguir a los mangantes de prosapia, ha conseguido lo que parecía imposible: según Transparencia Internacional, la corrupción en España va en camino de convertirnos en un Estado fallido, más próximo a Zimbabue que a los países de nuestro entorno.

      Copio literal el Informe del Tribunal de Cuentas sobre la Academia de España, y la Obra Pía española en Roma:

      "La fiscalización de los Órganos de la Administración del Estado en la Acción Exterior en Roma, ejercicio 2003, presentó como objetivos: la comprobación de la correcta aplicación a los Presupuestos del Estado de los gastos e ingresos de las Representaciones Diplomáticas Permanentes de España ante la República de Italia y ante la Santa Sede, el Consulado General de España en Roma y la Academia de España en Roma; la verificación del cumplimiento de la legalidad en la gestión de tales gastos e ingresos; y el análisis de los procedimientos de gestión asociados a los mismos implantados por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, así como en sus actuaciones en relación con la Obra Pía Española de Roma.
 

      La fiscalización de la tesorería de la Academia de España en Roma se vio afectada por limitaciones al alcance; en particular, por la imposibilidad de efectuar un arqueo de caja, así como por la falta de información en relación con los pagos no contabilizados que figuran como partidas de conciliación en los arqueos de caja del ejercicio 2003 y por la ausencia de procedimientos de control interno que garantizasen la fiabilidad de los registros contables. Estas limitaciones impidieron emitir una opinión sobre los saldos de caja.

      En el Informe se señala que los estados financieros y los balances de caja trimestrales de las Representaciones diplomáticas y consulares y de la Academia no representaban fielmente las operaciones de tesorería realizadas.

      Respecto al cumplimiento de la legalidad y del control interno, se observaron incumplimientos de la normativa en el área de personal y de tesorería. Así, se incumplió la normativa laboral italiana, al abonarse al personal una paga extraordinaria en lugar de las dos establecidas, lo que tuvo como consecuencia que los trabajadores presentaran numerosas demandas ante los Tribunales, y no abonarse en los plazos establecidos la indemnización por cese. También se incumplió la normativa española reguladora de las contrataciones temporales.

      En materia de tesorería se incumplieron en Memoria de Actuaciones del Tribunal de Cuentas en el año 2007 39 la Academia de España en Roma los límites establecidos para efectuar pagos en efectivo; y existían en los órganos fiscalizados cuentas bancarias que carecían de la preceptiva autorización de la Dirección General del Tesoro. Además, por lo que se refiere al control de los gastos e ingresos de las representaciones en el exterior, los órganos competentes del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación no efectuaron actuaciones de control de los órganos fiscalizados ni dictaron normas o instrucciones que regularan la gestión de la Academia de España en Roma.

      En la contratación de obras llevada a cabo por la Academia de España en Roma, para lo que se contó con una financiación superior a 1,7 millones de euros, se apreciaron numerosas deficiencias e incumplimientos legales. Así, las obras fueron ejecutadas sin una planificación previa y sin una valoración de su coste; los contratos se suscribieron por persona sin competencia para ello y sin la fijación de todos los aspectos esenciales; en la tramitación de los expedientes de contratación no se exigió a los adjudicatarios la constitución de la garantía definitiva, no se notificaron ni publicaron las adjudicaciones y no se realizaron las actas de comprobación de replanteo e inicio de la obra y de recepción; parte de las obras comenzaron a ejecutarse antes de la formalización del contrato; y se abonaron anticipos a cuenta del precio final no previstos en los contratos y sin la correspondiente garantía.

      Además, por lo que se refiere a los servicios contratados, la Academia no realizó ninguna de las actuaciones establecidas al efecto en la legislación de contratos.

      Los procedimientos de gestión empleados en la adquisición de los suministros y en la prestación de servicios de comida generaron notables incertidumbres respecto a la legalidad, la eficacia y la eficiencia.

      La fiscalización se extendió también al análisis de las actuaciones de tutela que realiza el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación respecto a la Obra Pía española en Roma, entidad privada sin ánimo de lucro. A este respecto se constató que no se habían establecido procedimientos para regular la forma en que la Obra Pía saca al mercado de alquiler su importante patrimonio inmobiliario, cuya renta es prácticamente su única fuente de ingresos, observándose que las decisiones en esta materia no se adoptaron de forma objetiva y transparente.

      A la vista de las circunstancias anteriores, el Informe recomienda al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación que fortalezca el control de los gastos e ingresos de las representaciones en el exterior implantando un nuevo sistema informático del que se obtengan unos estados financieros que representen fielmente las operaciones que realizan y permita verificar en tiempo real sus registros contables; que, sin perjuicio de su dependencia de la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional, el control de los fondos librados a la Academia de España en Roma se realice en el marco del procedimiento establecido para las Representaciones diplomáticas y consulares por la Dirección General de Servicio Exterior; el impulso de las medidas necesarias para garantizar que la gestión de los alquileres de la Obra Pía Española de Roma se realiza de acuerdo con los principios de objetividad y transparencia; y el establecimiento de los adecuados mecanismos de coordinación con las Consejerías Laborales para garantizar el cumplimiento estricto de la normativa laboral de cada país."

Más información:
ABC: Carlos Abella: La obra Pía de Roma se gestiona con pleno conocimiento del Mº  Exteriores:

    (...)"Una entidad seis veces centenaria es difícil de modernizar, pero la Obra Pía ha comenzado a someterse a auditorías anuales, realizadas por el Gabinete Stefano Pasquali, que también se envían al Ministerio de Asuntos Exteriores junto con los balances anuales. Las ganancias ascendieron a 452.188 euros en 1997, a 558.042 en 1998, a 315.292 en 1999 y a 97.625 en el año 2000. A partir de ahí comienzan las pérdidas de 345.182 euros en 2001 y de 614.324 euros en el 2002."

El País: El Cervantes y la Obra Pía

(...) la Obra Pía-Establecimientos Españoles en Italia, anacrónica institución benéfica cuyos ingresos se destinan, entre otros píos fines, a mantener la Iglesia Nacional de España en Roma (dos millones de euros en 2008) y a pagar obras de caridad del Papa a través del Óbolo de San Pedro (20.000 euros el año pasado).

     La tricentenaria Obra Pía ha sido siempre fuente de roces e intercambio de favores entre el Estado y la Iglesia de los países a los que toca, España, Italia y Vaticano. Dueña de un ingente patrimonio inmobiliario en la zona más cara de Roma (cerca de 180 pisos y 80 locales comerciales), su falta de personalidad jurídica ha generado también arbitrariedades de todo tipo. (...)

    Hace siglo y medio, en la época de Garibaldi, la Iglesia española pidió al Estado que salvara el patrimonio de la Obra Pía, y la gestión pasó a la Administración. Hoy, el Gobierno español ha convertido la Obra en un instrumento más de la nueva política de acercamiento hacia el Vaticano y la Conferencia Episcopal. Sus ingresos (seis millones de euros en 2008) complementan con jugosas donaciones la subida del 34% en la recaudación fiscal obtenida a través del IRPF, gracias al aumento de la cuota para fines de la Iglesia Católica concedida por el Ejecutivo de Zapatero."

Ni Obra ni Pía

    (...) La historia, casi secreta, de la Obra Pía Establecimientos Españoles en Roma, una institución que por voluntad de sus píos fundadores tendría que estar dedicada a dotar a doncellas en apuros, a socorrer a peregrinos y al cuidado espiritual de almas difuntas, está trufada de episodios oscuros como éste y de arbitrariedades en el uso de un ingente patrimonio integrado por unos 40 inmuebles con cerca de 400 unidades inmobiliarias, entre pisos y locales desplegados sobre los terrenos más caros de la capital. Un patrimonio que, para comenzar, no ha sido tasado nunca.

    Limitando la atención a la edad contemporánea de esta crónica, basada en informaciones de personas que durante las últimas tres décadas han tenido responsabilidades sobre el tema, hay datos suficientes para asegurar que, en el ambiente laico de los años treinta del siglo pasado, este capital inmobiliario —que no es propiedad del Estado español, aunque el embajador lo administre—, financió el Instituto de España; que, durante los años 1936 y 1937, costeó la flamante Embajada de Franco ante Mussolini con un crédito que nunca fue reembolsado; que, en los años cuarenta, dos de sus pisos situados en la elegante Vía Frattina sirvieron de sede a las oficinas romanas de la Falange Española; que algunas de sus mejores propiedades albergan todavía hoy, a precios que hasta hace apenas una década fueron de verdadero saldo, el consulado y la agregaduría de la Guardia Civil, entre otras dependencias diplomáticas españolas, y a funcionarios de esas mismas delegaciones.

    Por no hablar de la agencia estatal de noticias, Efe, que ocupa la primera planta de un magnífico palacio de Piazza Navona. Hasta primeros de la pasada década tuvo por vecino a un Pacelli que, al calor de su parentesco con Pío XII, instaló allí su oficina. No es el único apellido italiano célebre entre los inquilinos del embajador de España. El fallecido periodista Indro Montanelli, premio Príncipe de Asturias en 1996, tuvo 190 metros cuadrados sobre la misma plaza, aunque no como inquilino, sino por un usufructo vitalicio que logró al donar a la Obra una propiedad situada en la cercana Vía Giulia.

    Claudio Martelli, en tiempos brazo derecho del primer ministro socialista Bettino Craxi, es el más célebre de los políticos italianos contemporáneos que, gracias al embajador español, consiguieron un pied-à-terre elegante y barato en Roma. Jerarcas del fascismo obtuvieron en su día pisos en la Vía del Monserrato y otras calles romanas, por la misma benevolencia que franqueó el acceso a un apartamento de la Obra Pía a alguna amiga de Amintore Fanfani. El prócer democristiano, bajito y con fama de mujeriego, era objeto preferente de las atenciones de Alfredo Sánchez Bella, quien, como embajador de España en Roma, se ocupó de las relaciones con la Democracia Cristiana durante los años 60. En este gotha mundano, las Hermanas de la Cruz destacan como el único instituto religioso que se beneficia de un piso, modesto en su caso, de la Obra.

    No hay, pues, ninguna novedad histórica en la noticia de estos días de que Alberto Michelini, diputado de Forza Italia, y Stefania Pretigiacomo, ministra de Silvio Berlusconi, se pelean porque el actual embajador ante la Santa Sede, Carlos Abella Ramallo, les alquile el piso que fue de Montanelli. Lo único nuevo es que Abella ha sido incapaz de evitar el escándalo sobre un tipo de gestión que, en el pasado, si acaso, sólo suscitó rumores. Los enfrentamientos del embajador con personal de su delegación, en especial con su número dos, José Julio López-Jacoiste —quien fue cesado tras cuestionar la decisión de su superior de contentar a Michelini con un precio de favor—, han facilitado que el incidente salte a la prensa.

     Todo en él se da de bruces con el secreto que rodea a una institución cuyas propias reglas de funcionamiento, recogidas en sucesivas órdenes aprobadas por Ramón Serrano Suñer en 1940, por José María Castiella en 1956 y por Josep Piqué en 2001, son secretas. Sólo las de Castiella fueron publicadas como orden. Las demás, son meras normas de régimen interno del Ministerio de Asuntos Exteriores y su valor jurídico frente a terceros es, por la misma razón, escaso.

     Se sabe que la Obra se rige por una junta de siete personas, de las que cuatro son designadas directamente por Exteriores: el embajador ante la Santa Sede, que es el gobernador; su ministro consejero, que es vicepresidente; el primer secretario de embajada, que actúa de secretario, y el rector de Monserrat, la iglesia nacional española en Roma. Hoy el Gobierno consulta su candidato para ese cargo eclesiástico con el Vaticano, pero hasta hace un lustro simplemente comunicaba el nombramiento. El sueldo del rector de Monserrat lo paga, además, la Obra Pía.

     Se comprende que en esa junta, completada por el rector de San Pietro in Montorio, por un canónigo español del Vaticano y por otro de Santa María la Mayor, el embajador es soberano. Hace y deshace con el poder absoluto que le otorgó la norma de Castiella. El embajador de España ante la Santa Sede es, por ello, uno de los diplomáticos más cortejados socialmente en Roma, donde nunca falta cardenal, princesa o senador que busque un piso céntrico, noble y posiblemente barato, para sí, para un amigo o para una sobrina que se casa.
La nueva norma de 2001 ha establecido, sin embargo, que el vicepresidente de la junta debe firmar los contratos de alquiler. López-Jacoíste amenazó con no rubricar el de Michelini, y por ahí saltó su conflicto con Abella. Por lo demás, los controles externos de la Obra Pía se limitan a la obligación de presentar al subsecretario de Exteriores un presupuesto y unos resultados anuales. Desde 2001, entrega también una auditoría anual independiente, pero, como la fundación no es propiedad del Estado, el interventor de Hacienda no controla ninguna de estas cuentas.

     En el último ejercicio cerrado, la Obra Pía contabilizó unos ingresos cercanos a los 3.600.000 euros y dedicó aproximadamente 1.900.000 euros a conservar y restaurar su propio patrimonio. El coste de mantenimiento de la Iglesia de Monserrat fue del orden 39.000 euros, más otros 18.000 de gastos generales. Unos 91.000 euros más fueron dedicados al llamado Centro de Estudios Eclesiásticos, ligado a la misma iglesia, que da becas a sacerdotes españoles para estudiar en Roma.

     A las misas por los difuntos fundadores de la Obra se asignaron unos 50.000 euros; otros 63.000, a obras de caridad diversas y 3.000 al mantenimiento del Panteón Español, última morada de los españoles indigentes que mueren en la capital italiana.

     Hay que rebuscar entre estos datos para dictaminar si la Obra Pía española en Roma es fiel al canon 1.300, que, bajo el título "De las pías voluntades y de las fundaciones pías", establece: "Debe cumplirse con suma diligencia, una vez aceptadas, las voluntades de los fieles que donan o dejan sus bienes para causas pías por actos inter vivos o mortis causa, aun en cuanto al modo de administrar e invertir los bienes". El Código Canónico mira, por tanto, también, a quién disfruta de las propiedades de la Obra.

     Mantener la presencia de la Iglesia española en Roma y rezar por los difuntos, entre otras caridades menos definidas, han terminado por ser los dos objetivos básicos de la Obra Pía en un mundo en el que resulta improbable encontrar doncella a la que dotar y en el que los peregrinos viajan por agencia, con billete de ida y vuelta. La vocación actual de esta institución es, por fuerza de los tiempos, menos romántica que la que inspiró a las decenas de padres fundadores que, con su entrega económica, crearon la Obra Pía de Aragón y Cataluña, en el siglo XIV, y la de Castilla y León, en el siglo XV."

      No hay que extrañarse, pues —viendo los gastos fijos que necesitan estos Ministerios de puro relumbrón para colocar y dar sinecuras a los amigos—, si el Gobierno tiene que mirar con lupa y escatimar gastos con la incapacidad laboral permanente de un autónomo, con quien  padezca una enfermedad gravemente incapacitante, con las bajas laborales, las pensiones de invalidez, y las jubilaciones, muy por debajo del salario mínimo interprofesional, o esos famosos 400 euros de ayuda para los que hayan agotado las prestaciones por desempleo: el latrocinio sistemático y la malversación de los fondos públicos por parte de sus administradores  significa una cantidad casi astronómica y siempre en aumento.

      Este país llamado España, tiene los mayores  mangantes en la administración de los Presupuestos Generales del Estado. Y tirando con pólvora del rey...

Gatopardo