En setiembre de 2009, la Unión Europea anuncia sanciones contra España por no aplicar la normativa comunitaria contra el blanqueo de dinero, cuyo plazo venció en mayo de 2007,   y como ya existe una sentencia previa del Tribunal de la Unión Europea,  España tendrá  las sanciones económicas correspondientes.
      A fecha de hoy, el Gobierno de España aún no ha presentado las reformas legislativas  para adaptarse a la normativa Europea sobre blanqueo de dinero  procedente del narcotráfico, las actividades fraudulentas y delictivas, el tráfico drogas y de armas, la trata de personas con fines de explotación sexual, y otras actividades ilegales.

      En mayo de 2007, el Tribunal de la UE sancionó a España no haber incluido en la legislación nacional la norma comunitaria que facilita la concesión de permisos de residencia y asilo a inmigrantes víctimas de la trata de seres humanos. 
      En enero de 2008 se dictó la segunda sentencia por no trasponer la directiva 2003/109/CE, sobre el estatuto de los nacionales de terceros países residentes de larga duración, que otorga un trato equitativo en todo el territorio europeo, independientemente del Estado de residencia.

      El 14 de mayo de 2009, el tribunal rechazó todas las alegaciones españolas e instó de nuevo al Gobierno a cumplir con la normativa europea.

      El mes de  julio de 2009, el Tribunal de Justicia de la UE condenó a España por no asumir, en los plazos fijados, la directiva que establece los requisitos para el reconocimiento y el estatuto de refugiados o personas que necesitan asilo.
      El estado español acató la decisión con la tramitación de la Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo, que aplica arbitrariamente, como, por ejemplo, el caso de la ciudadana nigeriana, y tantas otras, prostituida  por una red de traficantes de personas, embarazada de resultas de ello, que se pudo escapar de sus secuestradores, a los que denunció , y ha sido expulsada de nuestro país incumpliendo la normativa europea comunitaria que garantiza la seguridad y  la protección de las víctimas y testigos contra los criminales.

      El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha condenado a España, en plena presidencia de la UE,  por incumplir la Directiva 2005/71/CE sobre la admisión de investigadores de terceros países (nacidos fuera de la UE).

      El Estado debía haber adaptado sus disposiciones legales para ajustarse a esta Directiva y no lo ha hecho.

      En marzo de 2010,  Bruselas mandó un ultimátum a España por sus niveles de contaminación, por incumplir las normas de la UE sobre el nivel de partículas en suspensión peligrosas en el aire (PM10). Entre otras cosas,  ha exigido que se reduzcan los residuos industriales en el estuario de Huelva, 

etc-.

      Mientras el país se desmorona,  el Gobierno de España ha considerado prioritario y de máxima urgencia legislar para defender la propiedad intelectual de autores y compositores españoles, y otorgarles la consideración de especies protegidas, subvencionadas, y promocionadas, de modo que no tengan que competir y gestionar su producción como el resto de los trabajadores.

      Y de paso, como los españoles tenemos el cerebro como un colador, y no nos da la memoria para acordarnos de tanta mangancia y tanto bandarra,  me malicio que están maquinando  extender la jugada  Intelhorce   a las  empresas estatales...

 

      Para estos menesteres, tienen aprendiz los oficiales...

Gatopardo 

* ¿Quién se atreverá a ser miembro de la Sección Segunda? o el delito de prevaricación

* Los testigos protegidos en España
* La Audiencia Nacional y el Consejo Fiscal consideró "dudoso" que la protección de la propiedad intelectual debiese "ponerse a la misma altura que la del resto de los bienes jurídicos protegidos -algunos de ellos derechos fundamentales- por la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información."